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Senado de Texas
 
Senador Paul Bettencourt: Distrito 7
 
Comunicado de prensa
DE DIFUSIÓN INMEDIATA
19 de enero de 2022
Contacto: Kate Lilly
(512) 463-0107
kate.lilly@senate.texas.gov
El senador Bettencourt junto a otros trece senadores presentan un amicus brief en el que solicitan una nueva audiencia a la Corte de Apelaciones en lo Penal que dictó sentencia en Stephens c. Estado y Ex Parte Stephens.

Houston, TX – Los senadores Paul Bettencourt (R-Houston), Birdwell (R-Waco), Buckingham (R-Lakeway), Campbell (R-New Braunfels), Creighton (R-Conroe), Hall (R-Edgewood), Hughes (R-Mineola), Kolkhorst (R-Brenham), Nelson (R- Flower Mound), Paxton (R-McKinney), Perry (R-Lubbock), Schwertner (R-Georgetown), Springer (R-Muenster) y Taylor (R-Friendswood) presentaron un amicus brief a la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas en el que argumentan que se debería realizar una nueva audiencia en la causa Stephens c. Estado y Ex Parte Stephens. Luego de la última sentencia de la Corte, la Oficina del Procurador General ya no tiene la autoridad para llevar adelante causas penales de manera independiente en tribunales de primera instancia. El procurador general Paxton presentó una moción para que la Corte de Apelaciones en lo Penal realice una nueva audiencia de la causa.

“La Corte de Apelaciones en lo Penal debe considerar hacer una nueva audiencia en esta importante causa legal”, dijo el senador Bettencourt. “El hecho de que catorce senadores de Texas firmaran el amicus brief realmente da cuenta de la relevancia de la causa”, añadió.

La causa se originó a partir de que la Oficina del Procurador general enjuiciara a la alguacil Zena Collins Stephens cuando se notificó al FBI sobre “información vinculada a posibles violaciones en el financiamiento de la campaña”, según la presentación hecha al tribunal. La información fue comunicada a los Rangers de Texas. La investigación concluyó que Stephens recibió contribuciones individuales en efectivo superiores a $100. Como resultado, la Oficina del Procurador General le imputó tres cargos: dos por realizar o aceptar un aporte ilegal y uno por adulterar un documento gubernamental. Esta causa se apeló, y la última acción fue que la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas revocara la decisión del tribunal de apelaciones, lo cual significa que el procurador general de Texas no puede abrir causas penales de manera independiente en el estado de Texas.

“El amicus traza tres argumentos. Primero, no hay un problema de separación de poderes entre el procurador general y los procuradores distritales. Segundo, impedir que el procurador general lleve adelante estas tres causas diluye nuestra autoridad legislativa. Tercero, la Constitución de Texas establece que la Legislatura debe elaborar leyes que detecten y castiguen el fraude electoral”, añadió.

Dado que desde hace setenta años que el procurador general de Texas tiene potestad de iniciar acciones legales en ciertos casos en los que se viola la ley electoral, los senadores solicitan que se vuelva a oír la causa. Si la Corte no recapacita sobre su decisión en Stephens c. Estado y Ex Parte Stephens, solo los procuradores de los distritos y los condados locales podrán juzgar en causas que involucren la integridad electoral.

“La mayoría de los texanos no reparan en que la Corte de Apelaciones en lo Penal está en el mismo nivel que la Corte Suprema de Texas, por lo tanto, solo esta puede volver a considerar la causa”, concluyó Bettencourt.

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