Austin, Texas – Hoy, el senador Brandon Creighton (R-Conroe) emitió la siguiente directriz en el diario oficial del Senado de Texas para orientar a futuros legisladores en cuanto a los procedimientos en un juicio político:

"Habiendo cumplido mi deber como jurado en el juicio político de 2023 al fiscal general Ken Paxton, quisiera asegurarme de que el diario del Senado refleje con precisión mis inquietudes en torno a este juicio político. Mi intención es que esta entrada en el diario sirva para orientar a futuros legisladores, lo cual garantice que el debido proceso, la imparcialidad del proceso y la adhesión inquebrantable a la justicia.

Con el Artículo I, Sección 19 de la Constitución de Texas se establece el derecho al proceso debido para todas las personas y se hace hincapié en la necesidad de hacer cumplir este principio en cualquier juicio político.

Estos factores indispensables ponen de relieve la importancia absoluta de los siguientes principios:

Respecto a quien preside el juicio: Las acciones que tomamos hoy influenciarán a los legisladores del mañana por muchos años. Creo firmemente que, en el marco constitucional y los estándares procedimentales establecidos en los juicios políticos anteriores, como el juicio de 1917 al gobernador Ferguson y el de 1975 al juez Carrillo, se permitió que hubiera transparencia, que se sometiera al acusado al debido proceso, que el acusado tuviera representación legal, que se sometiera a los testigos a contraiterrogatorios, que las pruebas se adhieran a los estándares más altos y que se prestara testimonio bajo juramento. En el juicio a Paxton, el Comité Investigador General de la Cámara de Representantes se apuró a contratar abogados externos que interrogaran a los testigos, quienes no habían prestado juramento, y el fiscal general no pudo comparecerse ante el comité con sus abogados para refutar las acusaciones ni interrogar a los testigos.

En el juicio a Ferguson, todos los testigos prestaron juramento y se le permitió al acusado, acompañado por sus abogados, contrainterrogar a los mismos testigos. En este caso no fue así.

Procedimientos transparentes: Se debe estipular que todos los futuros juicios políticos garanticen total transparencia, rendición de cuentas y aplicación minuciosa de la ley, siguiendo el precedente correcto que sentaron los juicios políticos del gobernador Ferguson y el juez Carillo. En ambas investigaciones y juicios se garantizó que los testigos declararan bajo juramento y se establecieron medidas para impedir que se hicieran juicios rápidos sin deliberación. Tanto los ciudadanos de Texas como la persona acusada deben tener acceso a información para cuidar la integridad del proceso, garantizar que los ciudadanos confíen en el mismo, y evitar depender de mera especulación o testimonios de oídas.

Debido proceso y consecuencias inmediatas: Debemos revaluar las disposiciones del Artículo XV, Sección 7 de la Constitución de Texas, en el que se trata la remoción de cargos a funcionarios, como el de fiscal general. Esta disposición constitucional estipula que el funcionario acusado queda suspendido de su cargo en el transcurso del juicio político. En el juicio político de 2023 al fiscal general Paxton, surge la inquietud de que la suspensión atenta contra el proceso debido o una adjudicación integral de culpabilidad/inocencia. Si sostenemos el principio de que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, se debe revisar esta disposición.

También deberíamos considerar revisar el Capítulo 665 del Código de Gobierno Local, una recodificación de la "doctrina del perdón". En ningún lugar de ese estatuto, recodificado en 1993, se distingue entre funcionarios constitucionales y estatutarios. Este estatuto se debería revocar o se debería hacer una distinción, para garantizar que exista armonía entre la jurisprudencia, el estatuto y las disposiciones constitucionales del Artículo XV.

Tal como figura hoy, el proceso de destitución en Texas es un juicio político. En un juicio político, la "doctrina del perdón" se aplica. No solo es apropiada, si no que está permitida: es coherente con los precedentes.

Los jurados senadores tienen jurisdicción inequívoca sobre los procesos del juicio político. La Corte Suprema de Texas nos recuerda, en la jurisprudencia correspondiente, este poder pleno en estos procedimientos específicos, lo cual quiere decir poder absoluto.

En el juicio a Ferguson, la Cámara de Representantes armó un acta compuesta por 70 tomos. En el de Paxton, el acta consta de 170 páginas. En el juicio a Ferguson, Representantes tomó juramento a 30 testigos. En el de Paxton, no tomó juramento a nadie. Si a futuro, la Cámara de Representantes considera volver a hacer un juicio político, trazar una acta creíble y minuciosa es de vital importancia, una que tenga en cuenta factores importantes relativos al acusado y sus derechos constitucionales, ya mencionados, los cuales se deben proteger.

El juicio a Paxton terminó en la absolución de todos los cargos y se llegó a esta conclusión de forma correcta. La fiscalía de la Cámara de Representantes no pudo demostrar culpabilidad por fuera de toda duda razonable. Mi voto de la moción de sentencia sumaria a principio del juicio se debió específicamente a inquietudes relativas al proceso ya mencionado y a otras vinculadas al uso indebido del juicio político dados los nuevos precedentes que se establecían, los cuales dejaban de lado los precedentes de juicios políticos anteriores en Texas. La Cámara de Representantes no solo oficia de gran jurado en este proceso. Más allá de la designación del gran jurado, son indispensables el imperio de la ley y la adhesión a los precedentes

El proceso de juicio político en Texas debe ser inobjetable.

Propongo estas directrices con la intención de beneficiar a futuras generaciones de legisladores texanos.

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