Un proyecto que surge de una tragedia está a pocos pasos de hacer que los hospitales sean un lugar de trabajo más seguro para todos. SB 840 es una iniciativa que llega a nosotros como parte de un paquete legislativo tras el tiroteo fatal que tuvo lugar en el Centro Médico Metodista de Dallas, el otoño pasado. Nuestra labor empalidece ante el precio que pagaron los demás. Fue un honor para nosotros ser parte en este intento por impedir que vuelva a pasar lo que le sucedió a Jacqueline “Jackie” Pokuaa y Katie “Annette” Flowers.

Según SB 840, aumentaría la gravedad del delito por agredir al personal de un hospital en las instalaciones hospitalarias: de delito menor clase A a delito mayor de tercer grado. Junto con el Centro Médico, esperamos que esto sirva como elemento disuasorio para cualquiera que sea propenso a la violencia o a expresar sus frustraciones por medio de esta. Nos estremecemos al pensar que vuelvan a necesitarse penas más elevadas. Otro proyecto, elaborado por el representante Anchia, crea un delito nuevo, no la infracción actual a la libertad condicional, sino un delito mayor de tercer grado por alterar una tobillera electrónica o quitársela.

El 4 de mayo conocí en persona y luego presenté ante el Senado de Texas al sargento del Centro Médico Metodista, Robert Rangel. Si no hubiera sido por sus acciones rápidas y precisas ese día, una situación horrible e impensable quizás hubiera sido peor. Acompañamos a todas las personas que perdieron a un ser querido en episodios de violencia. Estados Unidos está en una encrucijada. Asumamos el compromiso de ser parte de la solución y no contribuir al problema.

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