por Royce West
Senado de Texas

Si bien la literatura cuenta de un emperador romano que se puso a tocar el violín mientras Roma ardía en llamas, caben dudas de que Nerón realmente haya actuado así. No obstante, “tocar el violín” también tiene el significado de “no hacer nada de provecho” o “ignorar lo que sucede alrededor de uno”. Cualquiera de estas dos acepciones sirve para describir la actitud de algunos políticos que renuncian a sus responsabilidades de proteger a las personas que los eligieron.

En menos de un mes, una serie de tiroteos con armas de uso militar se cobraron numerosas vidas en una tienda de alimentos en Buffalo, Nueva York, una escuela primaria en Uvalde, y luego en un consultorio médico en Tulsa, Oklahoma.

Según quien lleve la cuenta, al 8 de junio, en 2022, hubo entre 250 y 295 tiroteos masivos en los EE. UU. Se define como “masivo” cuando cuatro personas o más resultan heridas. Según el Washington Post, entre el 24 de mayo y el 8 de junio, tuvieron lugar 38 de estos tiroteos en el país. La matanza de Uvalde fue el vigésimo séptimo del año.

En Texas, se produjeron seis tiroteos masivos mortales en los últimos siete años. Contando a Uvalde, dos de ellos ocurrieron en escuelas. Por desgracia, Robb Elementary ahora ocupa el segundo puesto en los tiroteos escolares con más muertes en la historia de EE. UU., superado solo por Sandy Hook Elementary. Sin embargo, muchos políticos ya volvieron a acomodarse en viejos patrones de culpar a las enfermedades mentales por lo tiroteos y las muertes, en vez de apuntar al instrumento que tanto apunta a las víctimas: LAS ARMAS.

Cuando trato de asimilar las repercusiones de la violencia por armas de fuego, siento una mezcla de emociones. Sí, estoy a favor de la Segunda Enmienda, pero me entristece la absurda y continua pérdida de vidas. Me frustran las medidas evasivas que toman los formuladores de políticas en nombre de la prevención de dicha violencia. Me lamento una y otra vez con nuevas familias que tienen que enterrar a sus seres queridos. Me enfurece que muchas personas en posiciones de autoridad ignoren medidas de sentido común que pueden, como mínimo, reducir la frecuencia de los tiroteos.

Luego del tiroteo mortal en la escuela secundaria Santa Fe High (Texas), en 2018, se conformaron comités especiales en Senadores y Representantes para abordar la seguridad en las escuelas, los cuales antecedieron la Sesión Legislativa de 2019. El gobernador Greg Abbott recorrió el estado mostrando su informe y recomendaciones, entre ellas, una ley de “advertencia”, la cual impedía de forma temporal que las personas peligrosas compren o posean armas de fuego. No obstante, el vicegobernador Dan Patrick declaró el proyecto muerto apenas llegó al Senado.

El vicegobernador hizo públicas sus ideas para abordar la venta presencial de armas de fuego en la que el comerciante con licencia no está obligado a hacer la revisión de antecedentes según la ley federal. Su propuesta, como las otras, se esfumó por presión de los defensores de las armas. Pero en la Sesión Legislativa de 2021, mis colegas, con rotundo apoyo del Ejecutivo, dieron triunfalmente varios pasos en la dirección contraria: consiguieron que se aprobara la portación sin licencia, lo cual implica que los compradores ya no necesitan ni permiso ni capacitación para portar armas.

Entre varias de las leyes que se aprobaron el año pasado, una clasificaba a los comercios de venta de armas de fuego y municiones como “esenciales”, lo cual les permite permanecer abiertos durante un estado de emergencia y los excluye del alcance de las órdenes ejecutivas del gobernador. Otra ley prohíbe que las agencias locales y estatales apliquen ciertas medidas regulatorias federales que no son congruentes con las leyes de Texas en cuanto a la matriculación, las licencias y la confiscación de las armas. Otra medida que también evade las leyes federales permite el uso de silenciadores, en parte al denominar a algunos, fabricados en Texas, “supresores”.

El vicegobernador me designó al Comité Senatorial Especial para Proteger a Todos los Texanos. La tarea que ocupa a este comité es estudiar cuestiones de seguridad escolar, salud mental, redes sociales, capacitación policial y uso seguro de las armas de fuego. Quizás en concepto de este último tema se preste atención al almacenamiento seguro de las armas, dada la cantidad de niños que resultan heridos, a veces de muerte, porque acceden a armas que no estaban debidamente guardadas en las casas. Considero que el debate también tiene que incluir a las armas de uso de militar y los cargadores de alta capacidad.

Podemos dialogar sobre mejorar la seguridad en las escuelas al limitar los puntos de acceso, hacer uso de cámaras y sumar más oficiales uniformados en los campus escolares. Pero por lo que hablé con varias autoridades de los distritos escolares del condado de Dallas, esos recursos requieren financiamiento constante, mucho mayor al que surge de un subsidio de única vez y de los $9.72 por estudiante, la asignación anual que se aprobó en 2019. Los sistemas de seguridad de video necesitan mantenimiento y actualizaciones a medida que emergen nuevas tecnologías. Las agencias de policía ya tienen dificultad para contratar y retener agentes. Y, lo más notable, todos los distritos rechazaron de forma unánime la solución de armar a los maestros.

Luego de años, incluso décadas de estancamiento partidario en el Congreso en torno a este tema del control de las armas, es posible que se avance con proyecto de compromiso que, por lo menos, incluya texto de una ley de advertencia. Mientras tanto, el país tiene que replantear el debate en el que se alude a las armas como forma de defensa personal. Las historias de ciudadanos que las usan de esta forma en la casa no suelen terminar en los diarios. El asesinato de 21 personas en una escuela primaria, sí. ¡Las armas se usan para matar!

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