Por Royce West
Senado de Texas

Incluso los defensores provida más fervientes, junto a todos los que estaban en la plataforma alrededor del gobernador de Texas Greg Abbot, deben haber escondido la cabeza cuando dijo que el principal objetivo del estado era “acabar con las violaciones”. Si bien es una aspiración encomiable, no ayuda a responder con credibilidad la pregunta de por qué SB8 no exceptúa casos de agresión sexual. Pero parafraseando el dicho: si no puedes obnubilarlos con brillantez, entonces más vale apabullarlos con “bravuconadas”.

Si hubiera una forma infalible de acabar con las violaciones, entonces pregunto por qué nuestra autoridad estatal máxima que lleva dos mandatos todavía no la implementó. Especialmente dado que Texas, en 2019, según muestran los datos disponibles, se encuentra primero en la lista nacional de casos de violaciones forzadas que se denunciaron. También es bien sabido que la mayoría de casos de agresión sexual no se denuncian.

Con la aprobación de SB8, Texas ahora se separó de los demás estados vehementes provida al adoptar la ley sin duda más restrictiva en cuanto al aborto, todavía legal en los Estados Unidos; una ley que muchos dicen que pone a Roe vs. Wade en máximo peligro. Las repercusiones van en aumento, a medida que las mujeres, los defensores de poder elegir, los tribunales e incluso las grandes empresas intentan trazar los pasos a seguir a futuro.

Seguramente hayan leído que, según SB8, los abortos, una vez detectado el latido de corazón fetal en la mujer, ahora son ilegales. Todos están de acuerdo en que eso ocurre alrededor de la sexta semana de gestación. Los defensores de SB8 dicen que es tiempo suficiente para que una mujer decida si quiere interrumpir el embarazo. Los expertos médicos, prestadores de abortos y defensores del aborto dicen que las mujeres no tienen seis semanas para decidir y que a esa altura muchas todavía no saben que están embarazadas. El primer indicio de un embarazo puede ser saltearse un ciclo, lo que implica unas dos semanas para tomar una decisión que les cambiaría la vida. Ese es un problema.

Los proyectos del corazón fetal que presentaron algunos estados fueron rechazados en los tribunales. Pero SB8 utiliza un método de ejecución único, aunque no validado. Si bien el estado promulgó de facto un límite de seis semanas en el cual el aborto es legal, SB8 crea un mecanismo de ejecución civil, según el que las personas no involucradas pueden demandar a cualquiera que “asista o instigue” a una mujer a realizar un aborto y recuperar hasta $10,000, más los costos legales. No se puede denunciar a las mujeres embarazadas, pero los médicos, las clínicas e incluso quienes brinden el transporte hasta el lugar del procedimiento podrían afrontar demandas. Las empresas autoaseguradas, las empresas de seguros y hasta los pastores religiosos se están preguntando si los pueden demandar. Sin importar que las demandas tengan éxito o no, los acusados deben pagar los costos. Este es otro problema.

Los tribunales federales y estatales ya están trabajando. Los defensores del aborto y los miembros del Congreso a favor del derecho a elegir han canalizado su ira en contra de la Corte Suprema por no hacer lugar a una apelación que hubiera impedido que SB8 entrara en vigor el 1° de septiembre. Los detractores observaron cómo la Corte Suprema evitó hacer comentarios sobre la constitucionalidad de SB8. Sin embargo, el presidente de la Corte, John Roberts, fue uno de los cuatro jueces que votó en contra, cuestionó la novedosa aplicación civil y predijo que este tema reaparecería en el futuro, “para que los tribunales consideren si un estado puede eludir la responsabilidad por sus leyes de tal manera”.

El procurador general de la nación, Merrick Garland, demandó a Texas y tildó a la SB8 de “claramente inconstitucional”. El presidente Joe Biden prometió luchar y expresó que el proyecto era “un ataque sin precedentes a los derechos constitucionales de la mujer de acuerdo con Roe vs. Wade”. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, planea traer al recinto legislación que codifique Roe vs. Wade, a la vez que reprende a la Corte Suprema por no bloquear la promulgación de la ley.

Mi principal problema y pregunta: ¿a quién ayuda SB8? Se estima que la nueva ley bloqueará el acceso a entre 85 a 90 % de los abortos que eran legales antes de la aprobación. Eso quiere decir que al menos 85 % de las 55,140 mujeres que abortaron en 2018 tendrán que tomar otras decisiones de vida. Si bien Planificación Familiar [Planned Parenthood] ha tenido mucha visibilidad, muchos de los 53,949 abortos que se hicieron en Texas en 2020 fueron en un consultorio médico privado. Las mujeres hispanas (19,979) y negras (15,848) fueron la primera y segunda población con más interrupciones del embarazo, pero 14,067 pacientes ese año fueron blancas.

La cuestión socioeconómica y de clase es un factor en este debate. La posibilidad de interrumpir un embarazo también tendrá que ver con quienes puedan viajar a estados como Nuevo México, Colorado y Oklahoma a recibir esos servicios. La tasa de abortos entre las mujeres con Medicaid es tres veces más alta que la de otras mujeres.

Los defensores de SB8 pueden amarrarse a la santidad de la vida de los no nacidos, pero ¿dónde está esa preocupación por los vivos y los que serán obligados a nacer? Texas está entre los últimos cuatro a cinco estados en cuanto a servicios los menos afortunados y sigue a la cabeza en la lista nacional de personas sin seguro. Esto parte de nuestro credo de gobierno limitado en un estado que también dijo que no hace falta una licencia o capacitación para portar armas cortas a la vista. Pero con la aprobación de SB8, mis colegas del otro lado del pasillo pierden para siempre el derecho de acusar a los Demócratas de extralimitar el gobierno.

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