AUSTIN - Pronto se tomará un paso importante en relación a la administración de la justicia en lo criminal en el Estado de Texas. El lunes, el Comité Senatorial de Finanzas siguió las recomendaciones de un grupo de trabajo sobre justicia en lo criminal que propuso no renovar el contrato con la Corporación Americana de Correccionales (CCA por sus siglas en inglés), que hoy opera la prisión estatal Dawson. Si lo aprueba el Senado y luego la Legislatura entera, el contrato no será renovado cuando venza a fines de agosto, consistente con el año fiscal del estado.

En un comienzo, la prisión estatal Dawson, como parte del programa estatal de prisiones creado por la Legislatura en 1993, estuvo en la vanguardia de la reforma en justicia en lo criminal realizada para derivar los prisioneros no violentos de lo que conocemos como sistema carcelario estatal. Estábamos al final de un período de rápido crecimiento en la población de las cárceles, cuando Texas pensaba que con sentencias duras podríamos terminar con el problema del crimen. Viendo el aumento en la encarcelación, las corporaciones privadas entraron entusiastas al negocio de las cárceles.

En los veinte años que pasaron, los tiempos han cambiado y el programa estatal de prisiones ha pasado por tiempos duros, algunos causados por varias tandas de recortes presupuestarios, el más devastador en el año 2003. Cuando ocurrió eso, el de drogadicción y otros programas de rehabilitación diseñados para que prisioneros de corto plazo regresaran a la comunidad equipados con instrumentos necesarios para su supervivencia fueron eliminados del financiamiento a prisiones estatales.

Lo que quedó fue un lugar donde los delincuentes menores sirven sentencias que promedian de nueve meses a un año antes de ser liberados, frecuentemente para volver a ser arrestados en promedios mayores a los que regresan a prisiones estatales. Al mismo tiempo, desde el 2005, otros programas introducidos y financiados por departamentos locales de libertad condicional han fracasado en mantener a delincuentes fuera de la cárcel. Ahora, con una menor población carcelaria, la necesidad de prisiones privadas ha disminuido.

Pero lo que ha hecho que Dawson se encamine más velozmente hacia un cierre han sido los persistentes informes de negligencia y falta de tratamiento médico adecuado para sus prisioneros. Estas condiciones han resultado en muertes en los cinco años pasados y han aumentado la ira de grupos de apoyo civil, criminal y religioso, además de organizaciones laborales en correccionales.

Durante los meses que quedan en la sesión legislativa, este tema será cuidadosamente examinado. Dawson no fue la única prisión de administración privada recomendada para el cierre. Lo que debe hacer la Legislatura es actuar en el mejor interés de todas las partes, incluyendo los prisioneros, que aunque han sido condenados por delitos siguen teniendo derechos básicos que deben ser protegidos. Lo que los ciudadanos pueden y deben hacer es permanecer vigilantes y demandar responsabilidad a todo servidor público, y aquellos que actúan en su nombre, como defensor de la confianza pública.

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