Yo diría que la cifra es de cientos si me preguntan cuánta gente ha llamado a mi oficina o me ha comunicado personalmente: ‘Me habían dicho que si terminaba el diferido no me quedaría un antecedente criminal’. Su problema tiene dos partes. Uno, que la ley en Texas permite el acceso público a registros de antecedentes criminales. Segundo, que existe ahora tecnología y un sector entero que no existía cuando fue creado el fallo diferido hace 35 años.

Para refrescar, el fallo diferido es una opción judicial ofrecida a acusados, fiscales y cortes en ciertos casos criminales. En vez de aceptar la libertad condicional “directa”, que implica una condena, los acusados podrían recibir la opción de que se desestime su caso si completan exitosamente una supervisión ordenada por la corte. En este caso no hay condena.

En teoría, permite a la persona que podría haber violado la ley la oportunidad de considerar las consecuencias de su error, mostrar voluntad de cumplir con la ley, y, de cumplirlo exitosamente, proceder con su vida sin el estigma y ramificaciones de una condena criminal.

Todas estas personas que llamaron y posiblemente otros dos millones de personas en Texas que han cumplido su parte y completado la supervisión, igual han o podrían enfrentarse a esas ramificaciones. Los empleadores dudan en emplear personas con antecedentes criminales. A algunos solicitantes se les niega la residencia en apartamentos. Y ciertas licencias profesionales o de ocupación también están en riesgo.

En el 2003, logramos aprobar en ley la medida SB 1477. Ésta permite que los récords delictivos por los que el culpable ha completado exitosamente el fallo diferido sean sellados por orden de confidencialidad. La ley requiere que el acusado lo solicite ante la corte en el condado de la ofensa, para que se le selle su registro en varias coyunturas después de completar su libertad condicional, dependiendo de la categoría del delito. Mientras se ordena que los registros no se hagan públicos por compañías de averiguación de antecedentes, la policía, cortes, distritos escolares, ciudades, condados, ciertas agencias estatales, y entidades de licencias o profesiones mantienen su acceso.

Un informe bienal del Departamento de Seguridad Pública dice que fueron emitidas 6,775 órdenes de confidencialidad a nivel estatal en 2008 y 2009. Desde que la ley entró en vigor en septiembre de 2003, casi 21,000 (20,891 al 31 de diciembre de 2009) personas se han beneficiado con esta provisión.

Aunque las órdenes de confidencialidad o no divulgación han sido criticadas por no llegar a mucho o cubrir pocos delitos, yo insisto en que no hay muchas personas elegibles que han aprovechado el único remedio actualmente en los libros bajo ley de Texas.

Antes y desde la SB 1477, las medidas presentadas que eliminarían los récords por fallos diferidos no fueron exitosas. Y, sin duda, se introducirán otras medidas durante la sesión legislativa 82º que empieza en enero para hacer lo mismo.

Yo entiendo la frustración de las personas afectadas. Yo he trabajado y seguiré trabajando en su interés para hallar más manera de asistirlas. Por ejemplo, una compañía que divulga los récords de un delito más de 90 días después de haber sido sellados o eliminados, tiene responsabilidad legal y podría recibir sanciones estatales. Otra medida de la que soy autor da a la persona con sus récords sellados el derecho a no tener que divulgar el delito en una solicitud laboral. Y desde la última sesión, la mayoría de las agencias estatales ya no pueden negar automáticamente una licencia porque el solicitante eligió el fallo diferido. Por cuarta vez, también he presentado una medida que daría al gobernador el poder de perdonar a una persona que recibió fallo diferido.

Un hecho a considerar por aquellos que se sienten traicionados por el fallo diferido es que, por lo menos, existe alguna medida de ayuda. Las personas que han sido encarceladas o aceptado libertad condicional solo pueden tener esperanza de un perdón. Esto es también un tema que planeo presentar y tratar en los próximos meses.

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