AUSTIN – Esfuerzos por revivir legislación que hubiera dado a ciudadanos mayor protección contra prestamistas inescrupulosos fracasaron ante los rigores del proceso legislativo. En la primera fase de la Sesión 78°, el Senador Estatal Royce West (D-Dallas) creó la Resolución Senatorial Conjunta 52, pero el comité no la consideró. Esta propuesta enmienda constitucional intentaba decretar mayores protecciones para consumidores en cuanto a préstamos de activo de propiedad.

“Los consumidores de Texas todavía están aprendiendo, a veces de la peor manera, sobre el mercado de activo de propiedades”, dijo el Senador West. “Fue sólo hace unos años que Texas se unió a otros estados en permitir a propietarios pedir dinero prestado usando sus viviendas como garantía colateral. El resultado es que los prestamistas, habiendo operado en este mercado por años, usan la pericia obtenida para beneficiarse ellos mismos, lo que, a la vez, significa un desastre para consumidores, menos expertos en el tema. Esto es especialmente evidente en el mercado de préstamos sub-prime”.

El mercado de préstamos sub-prime (de segunda importancia) se enfoca en aquellos prestatarios que, por diferentes razones, no tienen acceso a préstamos de grandes instituciones financieras. Estos préstamos contienen cargos adicionales y altos índices de interés, que dificultan el pago de los mismos. Los prestatarios, al tratar de no perder sus viviendas, suelen ser alentados a refinanciar, incurriendo aún en más gastos. Pagos mensuales caros, a veces combinados con dificultades financieras o fluctuaciones en los ingresos del prestatario pueden llevar a que muchos pierdan sus viviendas en ejecuciones hipotecarias. En Texas, el 30 por ciento de préstamos a activos de propiedad se hace por prestamistas sub-prime. A nivel nacional, el índice es del 20 por ciento.

La legislación propuesta por el Senador West hubiera prohibido la financiación de primas de seguros de crédito. Los pagos mensuales hubieran sido dispuestos para que no paguen intereses de prima. También hubiera limitado los recargos por demora en el pago aplicados a deudas morosas. Otras provisiones hubieran puesto límite a cargos que no sean parte del capital o intereses del préstamo, en un cargo total de no más del 5,5 por ciento del valor total del préstamos. Además, los prestamistas que extienden préstamos con índices por encima de cierto nivel hubieran tenido que considerar la capacidad de pago del prestatario. Se incluían también varias cláusulas de presentación de información que hubieran dado a consumidores la capacidad de determinar el costo real de sus préstamos.

“He escuchado demasiadas historias, mejor dicho pesadillas, de consumidores que sacan préstamos sobre el activo de su propiedad sin conocer todas las ramificaciones del contrato firmado”, dijo el Senador West. “Muchas veces estas víctimas son personas ancianas. Me preocupa en demasía no haber obtenido el apoyo legislativo necesario para aprobar estas leyes que hubieran protegido a gente de la ruina financiera. Hay casos donde los problemas financieros se hicieron aún mayores por el alto costo de los préstamos”.

Ante la nula posibilidad de aprobación por el comité, el Senador West buscó enmendarla a otra legislación orientada a préstamos. Se redactaron así enmiendas con elementos de la fracasada medida. Estas enmiendas hubieran reforzado el Proyecto de Ley Senatorial 1581 del Senador West aprobado en el 2001, que, por un período, prohíbe la refinanciación de préstamos de bajo interés obtenidos por medio de ciertos programas.

Aunque el mercado ofrece buenos préstamos de activo de propiedad, el Senador West pide a aquellos que consideran solicitar uno de estos préstamos buscar cuidadosamente el mejor préstamo disponible. Los grupos de defensa al consumidor pueden proveer valiosa información a potenciales prestatarios.

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