Ayer le escribí al Procurador General Greg Abbott para comunicarle mi apoyo a su decisión de iniciar juicio contra el gobierno federal, en un esfuerzo por cancelar la "acción ejecutiva" presidencial, o lo que se describe más adecuadamente como orden ilegal, llamando a sus subordinados en la rama ejecutiva a desobedecer descaradamente la ley de inmigración de EE.UU. Aunque la mayor autoridad para corregir este problema está en nuestros funcionarios federales, su acción en este asunto es crítica; Texas debe seguir otro posible camino para corregir el balance de poderes y proteger a nuestros ciudadanos de una acción ilegal e inconstitucional.

Los presidentes pueden tomar numerosas acciones ejecutivas que sean constitucionales y adecuadas bajo la Constitución de EE.UU. --como nominaciones a puestos federales, o firmar o vetar una medida que llega del Congreso. Sin embargo, llamar a esta orden "acción ejecutiva" es totalmente incorrecto, si no deliberadamente falaz, y da a esta acción inconstitucional un aire de legitimidad.

Es muy peligroso que el presidente no se adhiera a su juramento de cargo. Primero: dando tal orden, él indentiviza --y posiblemente garantiza--futuros desafíos a nuestras leyes de inmigración. Peor aún, los ciudadanos de Estados Unidos que cumplen las leyes tendrán que pagar los impuestos necesarios para brindar educación, atención médica y otros servicios públicos a aquellos que irrespetan nuestras leyes. Definitivamente, la alta población de Texas y su proximidad a la frontera EE.UU/México hará que nuestros ciudadanos carguen con una parte desproporcionada de ese gasto, en comparación a ciudadanos de otros estados.

Lo más peligroso es que si el Congreso no logra detener esta acción, se establecerá el peligroso precedente de que nuestros representantes elegidos a nivel federal crean que es aceptable que un presidente actúe fuera de los límites de nuestra Constitución. Esto está en total contravención con la intención de nuestros fundadores de que los ciudadanos vivan en una república representativa donde la gente sea dueña de su gobierno. Si este problema no se corrige, simplemente comenzaremos a elegir al déspota ejecutivo de nuestra elección. Definitivamente, está en juego nuestra república.

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