“Nuestro mayor desafío en la educación superior sigue siendo asegurar que las universidades sean accesibles y asequibles para todo estudiante que califica”. Así lo proclamó el Gobernador Rick Perry durante un discurso en el 2002 ante funcionarios de institutos de educación superior (community colleges). Desafortunadamente para muchos estudiantes que califican y para institutos en todo el estado, el gobernador hizo este desafío aún más difícil al vetar en junio el muy necesario financiamiento de $154 millones para estos institutos.

Hay aproximadamente 575,000 estudiantes inscriptos en institutos de educación superior, y casi el 72% de estudiantes de primer año concurren a éstos. Aún más, el 70% del crecimiento en la inscripción de la enseñanza superior se da en estos institutos de dos años, aproximadamente la mitad de la inscripción en enseñanza superior en Texas.

Aunque estos institutos son críticos para tratar de aumentar el acceso a oportunidades educativas y asegurar el éxito académico, el estado provee solo alrededor del 31 por ciento de su financiamiento. El resto debe proceder de impuestos locales, matrículas y gastos administrativos, y fondos locales.

Para poner en perspectiva las consecuencias del veto del Gobernador Perry: los $157 millones que él cortó son más que el total de nuevos dólares asignados a institutos este bienio para operación e instrucción.

Esta injustificada e inesperada acción no solo afectará negativamente los esfuerzos de nuestras instituciones por lograr las metas de la iniciativa ‘Cerrando Brechas’, sino que diluirá severamente sus recursos. La cruda realidad es que para recuperar este financiamiento perdido, los institutos superiores tendrán que aumentar los impuestos locales de propiedad, aumentar la matrícula, reducir los servicios o, lamentablemente, hacer estos tres. Cualquiera de estas opciones afectará negativamente la capacidad de servir a estudiantes que, por lo general, tienen los recursos más bajos para poder asistir a la universidad. La peor consecuencia es que muchos estudiantes se verán obligados a abandonar sus estudios universitarios por la acción del gobernador.

Aún más terrible es el mensaje del veto del gobernador, acusando a institutos de educación superior de falsificar sus pedidos de asignaciones. Como asistí a todas las audiencias presupuestarias, yo sé que los funcionarios de estos institutos sometieron información completa y exacta en sus pedidos de presupuesto. Que el gobernador los acuse de falsedad va más allá de toda comprensión. La Legislatura, en buena fe, optó por financiar totalmente, y con ingresos generales, los beneficios de empleados de institutos de educación superior, porque entendemos que los institutos están pobremente financiados y además sobrecargados.

Además de los $154 millones para seguros médicos a la educación superior, el Gobernador Perry también vetó el financiamiento a nuevos establecimientos de Alamo Community College, Austin Community College, Houston Community College, Paris Junior College y Temple College.

Como la fórmula de financiamiento está basada en la inscripción de estudiantes en los dos años previos al bienio del presupuesto, estos fondos son críticos para la operación de nuevos establecimientos que no pueden recibir la fórmula de financiamiento por falta de cifras sobre inscripción de estudiantes. El veto del Gobernador Perry exacerbará las dificultades financieras que enfrentarán estos institutos para brindar muy necesarias oportunidades educativas.

Como presidenta del Subcomité Senatorial de Educación Superior, entiendo el importante papel de estos institutos en la creación de una fuerza laboral bien entrenada y en permitir un acceso asequible a la educación superior. De tal manera, continuaré trabajando con el Vicegobernador David Dewhurst y nuestros colegas que apoyan este importante financiamiento, para remediar la situación durante el ínterin, para que estos institutos y sus estudiantes no sean castigados injustamente.

Hacer esto requerirá el esfuerzo conjunto no solo de los dirigentes legislativos sino también de la dirigencia de institutos de educación superior, estudiantes y familiares. Unidos, debemos convencer al gobernador de que corrija su error, aprobando una autorización ejecutiva del presupuesto para restablecer estos críticos fondos a nuestros institutos y estudiantes.

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