Comunicado de prensa: Senador Juan "Chuy" Hinojosa — Distrito 20

En la esfera estatal y federal, seguimos invirtiendo miles de millones de dólares en una solución anticuada mientras que una amenaza del siglo XXI nos sobrevuela la cabeza sin que nadie le preste atención.

Desde 2021, la Legislatura de Texas ha asignado 2,500 millones de dólares a construir un muro fronterizo. Esos fondos alcanzaron para construir una barrera de apenas 82.2 millas (de un total de 1,254 millas) a lo largo de la frontera entre Texas y México. En 2025, por pedido del Gobierno de Trump, el Congreso aportó casi 47,000 millones más. La cifra equivale a casi 50,000 millones de dólares destinados a concreto y acero, una suma que podría usarse en proteger a Texas de verdad, pero que, en cambio, se destina a un plan que no responde a los peligros reales que enfrentamos.

En 2021, los tres presentamos un plan de seguridad en la frontera que se oponía a financiar un muro fronterizo y, en su lugar, proponía invertir en un muro virtual o inteligente, respaldado por tecnología y drones. Juntos, pedimos fondos para fortalecer la vigilancia, detección y respuesta en tiempo real, así como recursos para ayudar a cerrar la brecha digital de las fuerzas del orden a lo largo de la frontera.

El muro que se está construyendo es costoso y poco eficaz para hacer frente a las verdaderas amenazas a la seguridad. Se lo está construyendo en algunas de las tierras más hermosas y frágiles de nuestro estado. Los equipos de construcción están trabajando en la región del Big Bend, donde las zonas de cruce son bajas y no hace falta un muro. Se está atravesando el Parque Estatal Bentsen y el Centro Nacional de Mariposas en Mission, hogar de algunas de las especies de fauna y flora más diversas del país. También se amenaza la Reserva de Vida Silvestre Santa Ana, uno de los santuarios de fauna y flora más importantes que tenemos. Estos proyectos están causando daños permanentes a tierras que nunca podremos recuperar, para construir un muro que no brinda más protección y que solo llena los bolsillos de los contratistas que lo están construyendo.

Mientras tanto, la amenaza real nos sobrevuela la cabeza sin que casi nadie le preste atención.

A principio de mes, el Comité Selecto de Seguridad Nacional y Fronteriza del Senado de Texas escuchó declaraciones que deberían preocupar a los texanos. Los drones que se pueden comprar hoy hacen cosas que solo podían hacer los drones militares hace quince años. Los carteles y las organizaciones delictivas han tomado nota: utilizan estos drones para espiar a la policía y contrabandear drogas, y un día podrían usarlos para atacar infraestructura o eventos públicos.

Según informes, algunos pilotos de drones de los carteles ganan grandes sumas de dinero por repetir recorridos a lo largo de la frontera, y continúan perfeccionando sus tácticas: bloquean señales, falsifican sistemas e interfieren con equipos. Le agradecemos al vicegobernador Dan Patrick por encargarle al comité encarar este tema.

Esta es la dura verdad: los carteles mexicanos y los operadores de drones capacitados en conflictos modernos como la guerra en Ucrania están más adelantados que nosotros. Tienen mejor equipamiento, habilidades más pulidas y más experiencia práctica en el uso de drones que las personas que están tratando de detenerlos. Esa brecha, que debería preocupar a los texanos, no se va a cerrar sola. Sin duda, no se va a cerrar con la construcción de un muro en el medio de la región del Big Bend o un santuario de mariposas.

Como está ahora, Texas no está listo para responder a esta amenaza. El estado tiene apenas unos diez especialistas en mitigación de drones capacitados a través de un único curso del FBI. En base a la ley federal, las autoridades estatales y locales no tienen a su alcance la mayor parte de las facultades para frenar los drones, por lo que los equipos de respuesta dependen sobre todo de la “interdicción del piloto”, es decir, de localizar físicamente y confrontar a la persona que está operando el dron. Este método funciona, pero es lento, costoso y, con frecuencia, imposible cuando el piloto se encuentra del otro lado de la frontera, fuera del alcance de las autoridades estadounidenses.

Las personas que realizan esta labor a diario están dando la voz de alarma. El Aeropuerto DFW y el Departamento de Policía de El Paso denuncian miles de detecciones de drones por mes y una presión constante sobre sus equipos. Se encuentran limitador por normas federales que les impiden utilizar herramientas que ya tienen a su disposición, así como la lentitud con la que el gobierno federal implementa programas de capacitación y directrices. Para detectar drones de manera eficaz en grandes extensiones se necesitan millones de dólares, que la mayoría de los gobiernos locales no tienen, y la falta de coordinación entre las autoridades locales, estatales y federales agrava el problema.

Pensemos en qué situación estaríamos hoy si el dinero que se gastó en arrasar terrenos para construir el muro en Big Bend o el Parque Estatal Bentsen se hubiera destinado a hacer frente a la verdadera amenaza. Incluso una pequeña parte de los casi 50,000 millones de dólares gastados en el muro podría financiar sistemas de detección, capacitación y un verdadero equipo estatal de respuesta. A esta altura, Texas podría tener los especialistas capacitados, la tecnología y la coordinación que necesita.

Es hora de frenar la construcción de un muro que no nos protege, sino que perjudica nuestros recursos naturales y desperdicia el dinero de los contribuyentes, el cual podría utilizarse de manera mucho más inteligente. El Congreso y la Legislatura de Texas deberían, en cambio, redirigir esos fondos a los problemas reales que enfrentamos. Lo que necesitamos es un grupo de trabajo estatal contra los drones, con flexibilidad, autoridad real y financiación suficiente, además de un proceso simplificado para certificar a más operadores.

Necesitamos que los líderes estatales presionen a nuestra delegación en el Congreso para ampliar facultades legales que permitan actuar con rapidez contra los pilotos de drones, junto con sanciones más graves para las actividades con drones que representen mayor peligro. Necesitamos el tipo de coordinación regional que la Fuerza de Trabajo El Paso CUAS ya ha demostrado que puede funcionar, y necesitamos replicarla en todo el estado. También necesitamos invertir más en nuestros Centros contra Pandillas de Texas [Anti-Gang Centers], ampliar el número de Centros de Coordinación de Inteligencia [Fusion Centers] en el estado y aumentar el apoyo estatal a nuestras agencias locales de seguridad pública.

La advertencia al comité fue clara: si no se toman medidas rápidas, un ataque de drones a infraestructura o a un evento público grande en Texas no solo es posible, sino probable. Tenemos que tomar la decisión ahora: ¿vamos a seguir desperdiciando el dinero de los contribuyentes, sacrificando algunas de nuestras tierras más hermosas para la construcción de un muro? ¿O vamos a invertir en soluciones inteligentes para luchar contra las amenazas reales?

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