No hay nada más importante para nuestras comunidades, nuestras familias y el futuro de nuestros estudiantes que un sistema escolar sólido. Nuestros dedicados maestros y demás empleados del distrito escolar independiente de La Joya (La Joya ISD) trabajan incansablemente y se esmeran por preparar a los estudiantes para que tengan éxito.

Hace poco, hubo un cambio clave en una política de La Joya ISD, un cambio que marca un paso importante para terminar con la corrupción y minimizar los conflictos de interés. La junta de administradores tomó la medida decisiva de prohibir que los administradores de La Joya ISD tengan cargos electos. Esta política se pensó en particular para los puestos que implican la supervisión de empleados o el manejo de cuestiones económicas del distrito. Este cambio dirigido por la superintendente del distrito, la doctora Marcey Sorenson, y el presidente de la junta de administradores, Julian Alvarez, es una iniciativa encomiable que merece nuestro apoyo.

La medida es clave para desmantelar la cultura persistente de la corrupción que ha manchado la integridad de nuestras instituciones. La serie de denuncias federales que involucran a funcionarios públicos de La Joya ISD, la empresa Agua Special Utility District (“Agua SUD”) y la Ciudad de Penitas ponen de relieve la urgencia de abordar el tema de raíz.

Como La Joya ISD es el empleador más grande del condado de Hidalgo oeste, los miembros de la junta directiva se aprovecharon de su influencia para enriquecerse junto a sus aliados a través de ascensos, estipendios y puestos y contratos gubernamentales. En 2017, conseguí que se aprobara una ley que buscaba abordar el intercambio de contrataciones entre miembros de las juntas directivas de La Joya ISD y Agua SUD. En aquel momento, el presidente y vicepresidente de la junta directiva de La Joya ISD eran empleados de Agua SUD, mientras que cuatro integrantes de la junta de Agua SUD eran administradores en distintos departamentos de La Joya ISD. Este intercambio de funcionarios electos entre las dos entidades fiscales solapadas creaba un enorme conflicto de interés.

El Proyecto del Senado 814 aprobado en el 85° período de sesiones ordinarias prohibía que Agua SUD contratara funcionarios electos o familiares que trabajaran en otra entidad fiscal del distrito, como La Joya ISD. Para proteger sus cómodos y dudosos puestos de trabajo, la junta de Agua SUD usó fondos públicos para pagar consultores que socavaran el Proyecto del Senado 814. Cuando se hizo evidente que no tendrían éxito, la junta de la empresa y la del distrito escolar tomaron medidas para saquear más fondos de los contribuyentes. El 1 de mayo de 2017, poco tiempo antes que el proyecto se convirtiera en ley en junio de 2017, la junta de Agua SUD contrató a las apuradas a dos miembros de la junta directiva de La Joya ISD, por cinco años. El contrato también incluía una cláusula de indemnización por despido que les garantizaba un pago enorme a estas dos personas. Ocho días después de que Agua SUD aprobara los contratos nuevos, los miembros de la junta de la empresa que eran empleados de la Joya ISD recibieron oportunamente ascensos, cargos nuevos y aumentos drásticos de estipendios y salarios, los cuales eran mucho más altos que el salario docente promedio del distrito. En julio de 2017, la junta de Agua SUD aprobó paquetes de indemnización por despido que ascendían a $489,000 en total para los dos funcionarios, a pesar de que estaban en el cargo hace menos de dos años. A raíz de estos hechos, los Texas Rangers iniciaron una investigación penal a Agua SUD en 2018.

Sin embargo, estos funcionarios siguieron tomando medidas antiéticas e ilícitas. En 2021, una investigación federal de La Joya ISD, Agua SUD y otras ciudades cercanas reveló un sistema de sobornos y comisiones ilícitas en el que estaban involucrados más de doce funcionarios públicos del condado de Hidalgo oeste. En 2022, Fiscalía Federal denunció que, mediante acciones tomadas entre 2017 y 2020, los dos miembros de la junta que recibieron las indemnizaciones de Agua SUD y tres de los administradores de su oficina central habían cometido delitos financieros federales. Los documentos judiciales revelaron un sistema intrincado de comisiones ilícitas y pagos de sobornos a los funcionarios electos y los administradores locales en el condado de Hidalgo oeste. Hasta abril de 2024, casi una docena de funcionarios públicos locales y subcontratistas se declararon culpables de delitos federales, entre ellos, soborno, lavado de dinero, extorsión y estafa electrónica, mientras que otros, que todavía no han sido acusados, están implicados en la conspiración para estafar a los contribuyentes.

En los documentos se muestra que un miembro de la junta influenció de forma ilícita a las autoridades electas de La Joya ISD para garantizar que su empresa consiguiera los proyectos vinculados a contratos de eficiencia energética. La empresa después contrataba a los subcontratistas recomendados por los administradores. Los subcontratistas les cobraban sobreprecios a la Joya ISD con los que se les pagaban comisiones ilícitas al directivo y los dos administradores. Ese mismo directivo también apoyó los ascensos y estipendios de los funcionarios electos de la Joya ISD a cambio de su votos o apoyo para que la empresa recibiera los contratos de eficiencia energética de otras entidades gubernamentales vecinas. Como resultado, los contribuyentes de la Joya ISD, Agua SUD, y la ciudad de Mission terminaron haciendose cargo de $70 millones, por lo menos. A través de los sobrecargos y precios inflados, se les pagó, por lo menos, $1.5 millones a los funcionarios locales involucrados en este sistema masivo de sobornos y comisiones ilícitas.

En vista de estas acusaciones y declaraciones de culpabilidad, sumadas a otras denuncias de presuntas estafas y faltas a la ley que recibió la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés), el comisionado de educación autorizó que se hiciera una investigación especial a La Joya ISD el 21 de marzo de 2022. En el informe final de TEA sobre la investigación se indicaban hallazgos iguales o parecidos a los de los investigadores federales. TEA determinó que el estado no podía esperar a la siguiente ronda de denuncias para encarar el problema de la corrupción y los conflictos de interés en La Joya ISD. TEA reemplazó la junta escolar local con una junta de administradores. Como dice el dicho, para que haya un cambio concreto, hay que "cortar el problema de raíz". Terminar con la corrupción de raíz es indispensable para avanzar con una cultura de rendición de cuentas y gobernanza ética.

Durante mucho tiempo, las personas en posiciones de poder se aprovecharon de su autoridad para obtener una ganancia personal, sin darle importancia al bienestar de los estudiantes ni a los contribuyentes, que tanto trabajan por su dinero. La transformación que buscamos tiene que empezar en los puestos de mayor jerarquía y permear todos los puestos del distrito para asegurar que la integridad y el interés público sigan siendo prioridad. Con esta política de distrito se garantizará que cada una de las decisiones que tomen las personas en puestos influyentes se basen únicamente en cómo brindar la mejor educación para los alumnos.

A los funcionarios públicos se les confía el deber de servir al público y velar por los fondos que aportan los contribuyentes, no por el interés propio, ni por su bolsillo a expensas de la comunidad. Aplaudo el liderazgo de la superintendente Sorenson y de la junta de administradores que están supervisando todo como es debido y corrigiendo la mala administración y las prácticas antiéticas que plagaron el distrito por muchos años. Esta vez, La Joya ISD tiene el interés legítimo de regular las actividades políticas de sus empleados. Los empleados de La Joya ISD con el poder de contratar, despedir o manejar el dinero de los contribuyentes no deberían usar su cargo para tramar una maquinaria política poderosa, invencible y corrupta. La nueva política permite alcanzar un equilibrio entre los intereses de los administradores y el interés del distrito de fomentar la eficiencia de los administradores a fin de priorizar las necesidades de los estudiantes. Creo firmemente que imposibilitar a los administradores de la junta de ocupar cargos electos favorecerá de forma considerable los intereses del distrito que son de una “importancia” que supera los derechos y las ambiciones políticas de los administradores.

De cara al futuro, es importante mantener este impulso. En la próxima sesión legislativa, trabajaré para que se promulguen los cambios necesarios para proteger el futuro de nuestros estudiantes, defender los valores vinculados a la conducta recta, la rendición de cuentas, la transparencia y garantizar el fin de la cultura de la corrupción.

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