Austin, Texas — El Proyecto de Representantes 3599, trazado por la representante Shawn Thierry y patrocinado por el senador Juan "Chuy" Hinojosa, llegó a manos del gobernador. Este proyecto exime del impuesto al combustible y de los cargos por matriculación a los camiones de los bancos de alimentos sin fines de lucro, lo cual les permite a estas organizaciones reinvertir los ahorros en abordar las necesidades de las comunidades.

Los bancos de alimentos cumplen un papel clave en reducir el hambre, afrontar disparidades de salud en la comunidad y evitar el desperdicio de alimentos. No solo brindan ayuda constante a familias necesitadas todo el año, sino que suelen ser los primeros en el terreno cuando ocurren catástrofes. Según la red de bancos de alimentos Feeding Texas, se han distribuido cientos de millones de libras de alimentos anualmente a los texanos en todos los condados del estado.

Para abordar estas necesidades, los bancos de alimentos dependen de sus flotas de camiones para transportar y distribuir los productos. Sin embargo, los costos que implica el transporte, como los impuestos al combustible o los cargos por matriculación de un vehículo, repercutieron de manera considerable en los gastos de las organizaciones. Al brindar esta exención, HB 3599 les permite a los bancos de alimento maximizar su uso de recursos con inversiones estratégicas diseñadas para aumentar la autosuficiencia.

El senador Juan "Chuy" Hinojosa emitió el siguiente comunicado:

"Fue un honor patrocinar en el Senado el Proyecto de Representantes 3599. El Distrito Senatorial 20 alberga el banco de alimentos de Coastal Bend y el del Valle del Rio Grande, y esta legislación le permitirá a bancos de alimentos como esos ahorrar dinero que de otra forma se gastaría en impuestos y matrículas, en lugar de eso, lo pueden reinvertir en los programas que manejan. Quiero agradecerle a la representante Thierry por su trabajo incansable en este proyecto y estoy entusiasmado de ver el efecto positivo que tiene en nuestras comunidades".

De ser aprobado y ratificado por el gobernador, el proyecto entraría en vigor el 1° de septiembre de 2023.

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