“La salud es el bien más preciado” dice un aforismo que captura lo importante que es la salud en la vida de uno y el acceso a la atención sanitaria para todos, sin importar cuánto dinero se gane. Se conecta con la pregunta que se debate con tanta frecuencia: “La atención a la salud, ¿es un derecho o un privilegio?”

En el Valle del Río Grande o “el Valle”, casi medio millón de texanos con ingresos bajos dependen de Medicaid para acceder a atención sanitaria. En todo el estado, este programa cubre a 1 de cada 12 adultos, 2 de cada 5 niños y 5 de cada 8 residentes de centros para ancianos. La población que recibe los servicios de Medicaid en el Valle es aún más grande, ya que la cantidad de personas que viven en la pobreza en nuestras comunidades fronterizas es casi el doble que quienes califican para Medicaid en el estado. Como las tasas de obesidad, diabetes mellitus, gripe, neumonía, y enfermedades renales y pancreáticas son más elevadas entre los miembros de nuestra comunidad, la cobertura de Medicaid es indispensable para su salud.

Medicaid es una red de seguridad esencial para las personas trabajadoras pobres, los niños y los mayores de nuestra comunidad, por lo que es imprescindible que se resuelva la disputa entre la Comisión de Salud y Servicios Humanos y el gobierno federal.

Tengo la esperanza de que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid del gobierno federal aprueben la exención de Medicaid y los varios programas adicionales asociados de pago dirigido. Estos son fundamentales para apoyar los servicios de atención sanitaria para miles de personas en el Valle del Río Grande, lo que incluye la asignación de casi 180 millones de dólares al año a hospitales, para ayudarles a afrontar estos costos.

Años atrás, varios condados del Valle, entre ellos, el de Hidalgo, implementaron una nueva estructura de financiamiento que ha sido exitosa, conforme a legislación de mi autoría, que crea un Fondo Local de Participación de Prestadores. Este fondo permite que los hospitales de los distritos, condados y ciudades en Texas aporten al pago de la parte no federal de Medicaid, sin necesidad de subir los impuestos sobre la propiedad. Una estructura de financiamiento de este tipo es una parte integral de nuestro ecosistema de Medicaid, especialmente en el Valle del Río Grande, donde sencillamente no tenemos la base fiscal elevada que hay en los centros urbanos de densidad e ingresos altos del estado.

Sin embargo, estos fondos se convirtieron en un punto crucial en las negociaciones entre el gobierno federal y el estado de Texas. La disputa actual trastocó el financiamiento de Medicaid y no hay una resolución a la vista.

Cada dólar de este financiamiento esencial se acababa el 30 de agosto y hubiera recomenzado sin problema el 1 de septiembre, pero en lugar de eso, los programas de pago dirigido quedaron en el limbo, mientras Texas y el gobierno federal siguen negociando. Por ende, nuestros prestadores locales de Medicaid pasaron un mes entero sin este financiamiento fundamental, imprescindible para financiar nuestra red de seguridad.

Gran parte de nuestra región tiene “cobertura médica insuficiente”, según lo define el gobierno federal. Eso significa que la mayoría de los residentes tienen un viaje de dos horas hasta un único hospital, y muchos de esos hospitales funcionan mes a mes, es decir, no tienen reservas para sobrellevar un corte abrupto y prolongado del financiamiento de Medicaid.

Nuestras comunidades no pueden darse el lujo de perder estos prestadores esenciales, especialmente en medio de una pandemia. Perder los servicios esenciales de hospitales de Medicaid perjudicaría los esfuerzos de recuperación de la región y aumentaría aún más la disparidad de larga data en materia de salud y acceso a la atención medica, que afecta a una comunidad que incluye una marcada población hispana.

Exhorto a ambas partes a resolver esta disputa lo antes posible. Hay vidas que dependen de ello.

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