AUSTIN - La Senadora Estatal Joan Huffman (R-Houston) presentó hoy legislación para tratar los continuados problemas en la Unidad de Integridad Pública, una división con financiamiento estatal de la oficina del fiscal de distrito del Condado Travis encargada de investigar instancias de corrupción oficial, fraude en seguros y fraude en impuestos a combustibles en toda Texas.

"La Unidad de Integridad Pública debe ser reformada", dijo Huffman. "Es hora de hacer cambios que restituyan la confianza pública en estos críticos procesos".

La SB 10 cambiaría completamente la estructura de la Unidad de Integridad Pública (PIU). Bajo la medida, la Procuraduría General (OAG) asumiría las críticas funciones de apoyo procesal de PIU y conduciría una investigación inicial de toda denuncia mencionada y presentada en denuncia.

"Yo apoyo a la Senadora Huffman por presentar legislación que ponga a la Unidad de Integridad Pública en una posición más apropiada", dijo el Vicegobernador Dan Patrick."Tratar este tema es el primer paso para recuperar la confianza pública y claramente un paso en la dirección correcta".

Para asegurar una investigación integral e imparcial, la SB 10 también ordena a Texas Ranger asistir a OAG en la investigación inicial y verificar sus hallazgos. Si llegan al nivel de sospechas razonables, esos hallazgos investigados se envían entonces al juez administrativo que preside la región que cubre la residencia del funcionario público. La SB 10 define "residencia" como la ciudad de residencia del funcionario. Después de recibir la investigación inicial, el juez referirá el caso a un fiscal de condado o distrito en una región administrativa que no sea la de residencia del acusado. Una vez en manos del fiscal, la SB 10 otorga a ese fiscal discreción para dar por terminado el caso referido o continuar con el proceso si hay suficiente evidencia para hacerlo. Si alguno de estos casos va a juicio, el lugar será el de residencia del funcionario.

"La meta de esta legislación es sacar la investigación y procesamiento de personas acusadas de crímenes contra la administración pública del alcance de un funcionario condal electo localmente", dijo Huffman. "Estos cambios inspirarán confianza en estas críticas funciones de gobierno y mantendrán el proceso justo para todos los tejanos, independientemente de dónde vivan o a qué partido político pertenezcan".

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