Comunicado de prensa: Senadora Sarah Eckhardt — Distrito 14

28 de enero de 2026

Governor Greg Abbott
Oficina del Gobernador
P.O. Box 12428
Austin, Texas 78711

Estimado gobernador Abbott:

Me dirijo hoy a usted para expresarle mi más profunda preocupación en torno a las operaciones en curso llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en todo el país, pero en particular aquí, en Texas. Le exhorto con vehemencia a que utilice su autoridad como jefe del poder ejecutivo de Texas para lograr el cese de las operaciones de ICE en el estado hasta que pueda llevarse a cabo una investigación independiente a través de la cual se revisen de manera exhaustiva las acciones de la agencia.

Las repercusiones del accionar de ICE están afectando directamente a las comunidades. En Texas, se está deteniendo a personas que asisten a citas de inmigración legales y programadas, y se está separando familias. Los hechos recientes en Mineápolis nos han dejado perturbados a todos: Alex Pretti murió baleado por agentes federales mientras ayudaba a una mujer y ejercía legalmente su derecho constitucional a la libre asamblea y manifestación, garantizado por la Primera Enmienda, y de portación de armas, por la Segunda Enmienda. Fue el segundo ciudadano estadounidense en morir baleado por agentes federales en tres semanas.

Como autoridades electas, juramos defender la Constitución. Es nuestra responsabilidad respetar y cumplir la ley. Todos estamos de acuerdo en que es necesario aplicarla. Sin embargo, es deber de gobierno —o cualquier otro— serle fiel a la ley. No pueden dejar de lado arbitrariamente nuestros derechos constitucionales básicos para aplicar ciertas leyes por encima de otras. Sin duda, nadie —ni siquiera los agentes del gobierno— puede estar por encima de la ley.

Sé muy bien que comprende que nuestra democracia depende de los pesos y contrapesos entre los tres poderes de gobierno, así como entre los estados y el gobierno federal. Estoy de acuerdo con su comunicado reciente de que la Casa Blanca tienen que “recalibrar” en lo que respecta a ICE.

También estoy de acuerdo con lo que dijo el exjefe de policía de Austin y Houston, Art Acevedo: “la policía moderna se basa en la justicia procesal, el principio de que la manera en que hacemos cumplir la ley es tan importante como la ley que hacemos cumplir. El respeto, la transparencia y la moderación no son conceptos políticos. Son necesidades operativas. Sin ellas, la cooperación desaparece, se desploma la tasa de delitos resueltos y prosperan los delincuentes violentos”. En Texas, hemos trabajado diligentemente para mejorar las relaciones entre la comunidad y la policía. Sin embargo, estos incidentes recientes ilustran una cuestión esencial que compete a los agentes de ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés): dichos agentes tienen autoridad civil, no penal y, por lo tanto, no cuentan con el entrenamiento habitual que reciben los agentes de policía, en particular, técnicas de reducción del conflicto o manejo de la fuerza. Las tácticas que ha utilizado ICE en los últimos meses no se corresponden con las mejores prácticas de las fuerzas policiales, al contrario, son totalmente opuestas.

Muchos en mi distrito me han comunicado su profunda preocupación de que Texas se ha convertido en el epicentro del sistema de detención de inmigrantes del país. Albergamos más centros de detención que ningún otro estado. Información fidedigna indica que estos centros no cumplen con las normas básicas de seguridad y salud. Apenas en los últimos dos meses, ICE informó cuatro muertes de detenidos en Texas. Una de ellas, la de un cubano de 55 años, fue calificada de homicidio por el examinador médico de El Paso. Otro informe sobre la detención de un niño de cinco años y su padre de Minnesota en un centro del sur de Texas ha reavivado la indignación por la renovada política del gobierno de Trump del encarcelamiento de familias, una política que se aplica en gran medida en Texas, incluso cuando se detiene a las familias en otros estados, porque Texas es el único que tiene centros donde se pueden detener padres e hijos. En las denuncias legales, se da cuenta de familias detenidas por períodos prolongados para forzarlas a abandonar sus causas, en contextos en los que se les niega agua potable, comida suficiente y atención medica básica a los menores. Estas tácticas parecen constituir una violación de la ley. El estado de Texas no debe seguir permitiendo este daño.

Sé que otros le están comunicando lo mismo, y quiero sumar mi voz a aquellos que lo incitan a actuar ahora y cesar la cooperación con operaciones de ICE que perpetúan el abuso, ponen en peligro la vida y dañan largo tiempo a las familias y comunidades de este estado y de este país, hasta que obtengamos algunas respuestas comprobadas sobre estas denuncias en curso y reiteradas.

Atentamente,

Sarah Eckhardt
Senadora estatal, Distrito 14

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