Proyecto permitiría a los texanos demandar a los proveedores de píldoras abortivas
(AUSTIN) — Cualquier texano podría iniciar acciones legales contra un fabricante o distribuidor de medicamentos que generen un aborto, conforme a un proyecto de ley que se trató el lunes en el Comité Senatorial de Asuntos Estatales. El mecanismo para sortear el escrutinio judicial es el mismo que con la “ley del latido del corazón” de Texas de 2021, con la cual, en efecto, se prohibió el aborto luego de la sexta semana de embarazo. “Esa fue la primera ley provida en cincuenta años que la Corte Suprema de los Estados Unidos permitió sostener”, dijo el senador Bryan Hughes, de Mineola, quien presentó la medida hace dos sesiones legislativas. Hughes también es autor del Proyecto del Senado 6, en el que se usa la misma causa de acción legal para desalentar que personas y empresas de estados donde el aborto es legal envíen medicamentos abortivos a las mujeres de Texas. “Va directo a los bolsillos de estas empresas que están fabricando y enviando píldoras a Texas”, dijo Hughes.
Con el Proyecto del Senado 6, de Bryan Hughes, de Mineola, ciudadanos particulares de Texas podrían iniciar acciones legales contra personas y empresas que fabriquen o distribuyan píldoras abortivas en el estado.
El aborto en Texas es ilegal desde que la Corte Suprema anuló Roe c. Wade en 2022, lo cual conllevó a que cada estado tuviera que decidir sobre sus propias políticas en torno al asunto. La medida propuesta no se aplicaría al uso legítimo de este tipo de medicamentos, llamados “abortivos”, que pueden recetarse en algunos casos en los que el aborto es necesario por razones médicas o pueden tener otros usos no abortivos. Con este proyecto, cualquier texano podría demandar a una empresa o una persona que fabrique o distribuya estos medicamentos a personas en el estado. Los daños y perjuicios de una demanda exitosa ascenderían, como mínimo, a $100,000.
Hughes les dijo a los miembros del comité que estas drogas suelen generarles graves complicaciones a las mujeres y que las normas de calidad han decaído tanto a lo largo del tiempo que terminan tomándolas e induciendo un aborto solas. El senador afirmó que, tiempo atrás, para acceder a estos medicamentos hacía falta una receta, supervisión médica y seguimiento, pero la Administración de Alimentos y Medicamentos ha relajado sus normas con el paso del tiempo. Según Hughes, la información que surge de los seguros de salud muestra que estas píldoras pueden generar más complicaciones que los abortos quirúrgicos. Hughes también quiere dejar en claro que la medida no crea ningún riesgo legal, penal o civil para las mujeres que compren o usen esas píldoras. “Las madres son víctimas en este asunto”, dijo Hughes. “Contra quienes arremetemos con el Proyecto del Senado 6 es contra los fabricantes y distribuidores de estas drogas, que las fabrican para abortos ilegales”. Una medida parecida se aprobó en el Senado en la sesión ordinaria, pero quedó estancada en la Cámara de Representantes.
El comité también consideró un proyecto con el que las víctimas de trata de personas podrían argumentar con mayor facilidad que fueron forzadas a delinquir bajo coerción. “Los tratantes de personas lo hacen como una forma de control”, dijo el senador Tan Parker, de Flower Mound. “"Una vez que fuerzan a la víctima a cometer un delito, usan ese delito para disuadirla de acudir a la policía para pedir ayuda”. Si bien es una defensa válida alegar que se cometieron acciones ilegales bajo coerción, la ley estatal solo reconoce situaciones en las que la persona enfrenta un riesgo inmediato de vida o de lesiones graves. “Si bien esta es la norma correcta en una gran mayoría de casos, la ley vigente deja de lado el contexto extenso y complejo de la explotación que pueden sufrir las víctimas de trata de personas”, dijo Parker. Los tratantes usan técnicas emocionales, económicas y psicológicas para controlar a sus víctimas. “Como estas tácticas no siempre implican violencia física, a muchas víctimas se les niega injustamente la habilidad de alegar coerción cuando se las acusa de delitos que fueron forzadas a cometer”, dijo Parker. Su medida, el Proyecto del Senado 10, crearía una definición especial de coerción para las víctimas de trata de personas, que les permitiría argumentar que sus acciones fueron forzadas por fraude o coerción sin amenaza de violencia inmediata.
Una medida parecida, el Proyecto del Senado 1278, también del senador Parker, fue vetada por el gobernador Greg Abbott por temor a que les diera a las víctimas de trata —o aquellas que dijeran serlo— la posibilidad de usar esta defensa para cualquier delito, incluido homicidio o secuestro. El Proyecto del Senado 10 no permitiría el uso de la definición ampliada de “coerción” en causas en las que figuren los delitos más graves, llamados "delitos 3G" por su ubicación en el Código Penal de Texas.
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