Iniciativa dispone que todos los empleadores usen verificación electrónica
(AUSTIN) — Todos los empleadores, públicos y privados, tendrán que usar el sistema de verificación electrónica (E-Verify) y asegurarse de que todos sus empleados tienen permitido trabajar legalmente en Texas, conforme a un proyecto aprobado por el Senado, el miércoles. Las leyes federales prohíben la contratación de personas que no están legalmente en el país y las leyes estatales ya requieren que las agencias estatales, universidades y los negocios de índole sexual usen la base de datos federal gratuita. El Proyecto del Senado 324, de la senadora Lois Kolkhorst, de Brenham, extiende este requisito a casi todos los empleadores de Texas. “E-Verify es el método de reforma inmigratoria más útil y rentable que puede implementar el estado de Texas para garantizar que los ciudadanos estadounidenses y las personas autorizadas a trabajar en el estado obtengan esos trabajos”, dijo Kolkhorst. “E-Verify también garantiza que los inmigrantes no sean víctimas de la trata de personas”.
Prácticamente todos los empleadores de Texas tendrían que usar E-Verify, una base de datos federal que garantiza que los trabajadores cumplen los requisitos legales para trabajar en los Estados Unidos, conforme a un proyecto de ley trazado por la senadora Lois Kolkhorst, de Brenham.
Establecido en 1997, la base de datos E-Verify permite comparar el formulario I-9 de los empleados, que contiene datos que prueban que la persona puede trabajar legalmente en los EE. UU., con los registros de inmigración gubernamental. El Departamento de Seguridad Interna ordenó la participación obligatoria de agencias y contratistas federales en 2007, y otros nueve estados, incluidos Arizona, Georgia y Florida, exigen que todos los empleadores públicos usen el sistema. Hay incluso otros estados que exigen que lo usen también las agencias públicas.
Kolkhorst dijo que exigir que todas las empresas los utilicen ayuda a garantizar condiciones laborales justas para todos los trabajadores con presencia legal en el país. “En comité, escuchamos declaraciones de sindicatos sobre empleadores que buscan ahorrar costos eludiendo prácticas legales de contratación”, dijo. “Esos empleadores socavan la compensación justa de todos los texanos que cumplen los requisitos para trabajar en este estado”. Según dijo, millones de empleadores ya usan la base de datos y casi el 99% de los trabajadores resultan estar calificados para trabajar. El cumplimiento de la ley podría regularse a través de sanciones administrativas, y las agencias estatales pertinentes podrían exigir la verificación del estatus de los empleados como requisito para obtener una habilitación. También se le otorga al contralor la autoridad de excluir a los contratistas incumplidores de trabajos para el estado hasta por un año.
Además, el miércoles, el Senado aprobó una medida que autoriza la investigación de un nuevo y prometedor tratamiento a la adicción a los opiáceos, el trastorno de estrés postraumático y los traumatismos de cráneo: la ibogaína. “Los tratamientos habituales suelen fallar”, dijo el senador Tan Parker, de Flower Mound, autor del proyecto. “La ibogaína, un compuesto natural con efectos neurobiológicos únicos, demuestra tener una capacidad fuerte de interrumpir los trastornos de abuso de sustancias y de tratar el estrés postraumático, los traumatismos de cráneo y la depresión”. Según Parker, los estudios iniciales demostraron que el tratamiento con ibogaína activa varios sistemas neuronales importantes en el cerebro y promueve la capacidad natural de curación de este órgano. “Las observaciones clínicas y los estudios de caso demuestran la capacidad de la ibogaína de interrumpir los trastornos de consumo de sustancias y reducir los síntomas de abstinencia, y de generar profundos reinicios psicológicos tras una sola aplicación”, explicó Parker en su presentación del proyecto al Comité de Salud y Servicios Sociales, la semana pasada. El tratamiento con ibogaína es intenso, requiere internación y solo puede realizarse bajo la supervisión de un médico en un entorno hospitalario.
A pesar de la intensidad del tratamiento, Parker dijo que los pacientes que no han podido encontrar una intervención que los ayude con sus problemas han salido a buscar tratamientos con ibogaína en otros países donde las normas médicas están atrasadas si se las compara con los EE. UU. “Texas puede ofrecer un acceso seguro y controlado aquí mismo”, dijo. La medida crearía un programa de subvenciones públicas y privadas, administrado por el departamento de salud estatal, para dar inicio a investigaciones aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos sobre este tratamiento. Los fondos provendrían exclusivamente de donaciones privadas y los ensayos clínicos estarían controlados de manera estricta. “El Proyecto del Senado 2308 garantiza la seguridad, rendición de cuentas y responsabilidad fiscal, para darles esperanza, basada en la ciencia, a todos los veteranos y todos los texanos que han agotado todas sus otras opciones”.
###