Proyecto aumentaría la cooperación entre las autoridades de inmigración locales y federales
(AUSTIN) — Los sheriffs de condados grandes tendrían que firmar acuerdos con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, sigla en inglés) para hacer cumplir ciertas leyes de inmigración, según el Proyecto del Senado 8, una medida que consideró el Comité Senatorial de Asuntos estatales el lunes. Si bien proyecto solo se aplica a poblaciones con más de 100,000 habitantes, también crea un programa de subvenciones para ayudar a cubrir los costos de capacitaciones similares de los condados pequeños que quieran participar. El estado les ha pedido a las fuerzas del orden que cooperen con los agentes de inmigración federal desde la aprobación del Proyecto del Senado 4 en 2017. El senador Charles Schwertner, de Georgetown, autor del proyecto del lunes, dijo que quiere ver que la policía local y estatal tenga un papel más proactivo en hacer cumplir las leyes de inmigración. “Como estado, debemos ser mucho más contundentes en ayudar con temas de inmigración ilegal y la aplicación de la ley de inmigración,” dijo. “Este proyecto es apenas un paso – de los cuales espero que haya muchos – para ayudar a nuestros colaboradores federales a luchar contra los inmigrantes ilegales y los actos delictivos cometidos por esos inmigrantes ilegales”.
El Proyecto del Senado 8, del senador Charles Schwertner, de Georgetown, dispone que los sheriffs en condados grandes firmen acuerdos oficiales de cooperación con las autoridades de inmigración federal.
Estos acuerdos entre las autoridades locales y federales se llevan a cabo conforme a la sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y se los conoce coloquialmente como acuerdos o programas 287 g. Conforme a estos acuerdos, los auxiliares de sheriff capacitados por ICE que trabajen en cárceles de condado revisan el estado inmigratorio de toda persona arrestada y le asignan una detención (o “detainer”) a aquellas que hayan entrado en el país ilegalmente. Esta asignación permite encarcelar a la persona 48 horas una vez cumplida su fecha de liberación normal, para que las autoridades de inmigración federal tengan más tiempo para asumir la custodia. Ya hay 35 sheriffs que participan del programa, ocho de los cuales están en condados que quedarían abarcados por el Proyecto del Senado 8. Uno de ellos es el condado de Tarrant, el condado más grande en el país en participar de un programa 287g, y el sheriff de condado Bill Waybourn se presentó ante el comité para apoyar la medida. Dijo que, hoy, su cárcel alberga a más de 300 personas que ingresaron en el país ilegalmente, de 22 nacionales distintas de todo el mundo. Según dijo al comité, algunas de ellas están acusadas de delitos graves, como agresión sexual contra menores y asesinato capital. “El modelo de la cárcel hace más seguras a nuestras comunidades”, afirmó Waybourn. “Consigue que haya otro par de ojos mirando estas cosas para asegurarse de que no haya errores y que se está luchando contra los delincuentes. Nos ha funcionado muy bien”.
Además del modelo de cárcel, que entrena a los carceleros para que revisen el estado inmigratorio de las personas y trabajen con el sistema de ICE, el programa 287g ofrece dos caminos. El primero es el programa de agentes que pueden efectuar órdenes de detención: se capacita a los agentes para que puedan emitir órdenes administrativas contra los reclusos que estén ilegalmente, es decir, en efecto teniéndolos bajo custodia de ICE, aunque en una cárcel local. El segundo es el modelo de un grupo de trabajo, en el que se entrena a los agentes de policía locales y se les da autoridad limitada para aplicar las leyes de inmigración durante sus tareas normales de policía. Todas las declaraciones que se escucharon en la audiencia de hoy se enfocaron en el modelo de la cárcel; hasta ahora, solo dos condados y Procuraduría General del estado han firmado acuerdos para el modelo de grupo de trabajo.
La Asociación de Sheriffs de Texas tuvo presencia en la audiencia y, si bien expresó su apoyo general a las medida, también mencionó preocupaciones sobre el modelo de financiación y otras responsabilidades que quizá recaerían sobre los condados que participen. El sheriff del condado de Chambers, Brian Hawthorne, en representación de la asociación, les dijo a los miembros que enviar a un empleado a capacitarse por dos semanas con agentes federales puede funcionar en algunos condados grandes, pero para los condados con personal limitado, puede ser una carga. También dijo que a los miembros de la asociación les gustaría que el proyecto estuviera contemplado por una partida legislativa. “Creemos que el alivio económico no tiene que darse en forma de un programa de subvenciones, sino que debería ser parte del programa y cubrir los 254 condados”, dijo Hawthorne.
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