El Senado remite proyecto de opciones escolares a Representantes
(AUSTIN) — Tras el anuncio del fin de semana del gobernador Greg Abbott en el que nombró las opciones escolares un tema de emergencia, el Senado aprobó con rapidez, el miércoles, un plan para crear cuentas de ahorro para educación que les permitan a los padres pagar servicios educativos no públicos con fondos del estado. El Proyecto del Senado 2, titulado la Ley de Libertad Educativa de Texas por su autor, el senador Brandon Creighton, de Conroe, utilizaría mil millones de dólares del remanente presupuestario para crear unas 100,000 cuentas de ahorro, que administraría Contraloría. Creighton dijo que hay muchos padres de niños en edad escolar cuyas necesidades no pueden ser satisfechas por el distrito en el que viven, ya sea por falta de seguridad, servicios o calidad académica. “Entendemos por qué, muchas veces, las familias de todas partes del estado buscan constantemente oportunidades vinculadas a un trayecto educativo para su estudiante específico, y un camino personalizado que se adapte a las necesidades del estudiante”, afirmó. Creighton dijo que, si bien Texas sería el trigésimo tercer estado en implementar alguna versión de las opciones escolares, el Proyecto del Senado 2 sería el programa de este tipo más grande del país en su primer año de aplicación.
![Foto: Senador Brandon Creighton](tsn/en/p20250205a.jpg)
El senador Brandon Creighton, de Conroe, consiguió la aprobación de un plan que crea cuentas de ahorro para educación para hasta 100,000 estudiantes de Texas, las cuales les permitirían usar fondos públicos para pagar servicios educativos privados.
La medida aprobada el miércoles es similar a la que el Senado aprobó cuatro veces en 2023, aunque el doble de grande. La inscripción al programa está abierta a todos los padres con hijos en edad escolar en Texas. Según Creighton, si hay menos solicitudes que cupos disponibles, todos los que soliciten participar ingresan en el programa. No obstante, si la demanda supera la oferta, se apartan 80% de los cupos para los estudiantes que demuestren tener necesidad económica o de educación especial. El proyecto define necesidad económica como un hogar con ingresos por debajo del 500% del nivel de pobreza federal, es decir, alrededor de $160,000 anuales para una familia de cuatro personas. El 20% restante estaría disponible para todos los postulantes, sin importar la necesidad, y las vacantes de las dos categorías se asignarían por sorteo. Las cuentas tendrían un mínimo de $2,000, que podría ser utilizado por las familias que enseñan en casa. Si un estudiante está inscripto en una escuela privada acreditada, entonces las cuentas podrían ascender a $10,000, o a $11,500 si el estudiante requiere educación especial.
Si bien los programas de opciones escolares se conocen coloquialmente como “programas de vales”, Creighton hizo hincapié en que este programa no es un desembolso de dinero a los padres de Texas. De hecho, los padres nunca tocarían el dinero, ya que los fondos permanecerían en cuentas gestionadas por Contraloría. El contralor también sería responsable de verificar que los prestadores de servicios educativos cumplan con los estándares del estado, lo cual incluye una revisión de antecedentes penales de los proveedores que quieran participar. Los padres podrían elegir entre estos proveedores según cuál crean que más beneficia a sus hijos. El contralor también estaría a cargo de auditar cada año a los proveedores para garantizar que cumplan los requisitos estatales, y los estudiantes que usen los fondos tendrán que rendir exámenes estandarizados avalados para demostrar que, en efecto, están recibiendo servicios satisfactorios.
Quienes se oponen a la medida expresaron su preocupación en torno a la transparencia y la rendición de cuentas de las escuelas privadas, las cuales no tienen deber de aceptar a todos los postulantes. “Una familia que tiene... un estudiante que necesita educación especial y recibe una cuenta para educación, y se la presenta a la escuela privada, esa escuela no tiene el deber de aceptar a ese estudiante”, dijo el senador José Menéndez, de San Antonio. “Pueden rechazar a ese estudiante, lo cual una institución pública no puede hacer”. Otros miembros se mostraron preocupados de que el monto que define “necesidad económica”, el cual está muy por encima del ingreso medio de un hogar, $76,000, no apunte a quienes tienen una verdadera necesidad. “Si lo que realmente estamos tratando de hacer... es brindar una oportunidad académica, ¿no deberíamos priorizar a las personas con ingresos más bajos?”, preguntó el senador Royce West, de Dallas. Creighton respondió que no quería dejar afuera del programa a las familias de clase media. “Lo que no queremos hacer es excluir de esa prioridad... a la clase media, un bombero y una maestra con un par de hijos”, afirmó. “Pero la gran mayoría serán ingresos por debajo de ese 100 por ciento del nivel de pobreza”.
Luego de que se aprobara el proyecto, el vicegobernador Dan Patrick exhortó a la Cámara Baja a actuar de la misma manera. “Y ahora esperamos que la Cámara de Representantes, en la sexta ocasión en que aprobamos las opciones escolares, por fin avance y le dé esta oportunidad a cada niño de Texas”, dijo.
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