Los váucheres escolares no consiguen aprobarse y se convoca la cuarta sesión especial
(AUSTIN) — Los legisladores contarán con treinta días más en Austin para tratar de llegar a un acuerdo en torno al proyecto de opciones escolares, la prioridad legislativa máxima del gobernador Greg Abbott. Si bien el Senado aprobó una medida en tanto a este tema en la tercera sesión especial y en la sesión ordinaria, la Cámara de Representantes sigue sin tratar un proyecto de esta índole en el pleno. Entre los temas que fijo el gobernador el martes por la tarde se encuentran las opciones escolares y la seguridad en la frontera. También dictaminó que se tracen iniciativas en cuanto a la financiación de la seguridad en las escuelas y la construcción de un muro a lo largo de algunas partes del río Grande.
En el proyecto sobre opciones escolares que aprobó el Senado en la tercera sesión especial se apartan $500 millones para crear 60,000 cuentas de ahorro para educación, cada una de $8,000. Estos fondos se podrían utilizar en matrículas de escuelas privadas, transporte, clases particulares u otros costos asociados a gastos educativos. El Senado también aprobó un proyecto que consignaría $5.2 mil millones adicionales a educación pública con el cual se cubriría un aumento salarial a los maestros y se financiaría la seguridad escolar, y con el que se expandiría el programa de pago por mérito docente.
Si bien el desacuerdo entre Senadores y Representantes respecto a las opciones escolares no es novedad, en la última sesión surgió un tema nuevo vinculado a una medida de seguridad que le permitiría a la policía estatal arrestar y detener a los inmigrantes que crucen la frontera desde México. El principal punto de fricción es qué hacer con los inmigrantes una vez que se los arresta. La Cámara de Representantes se inclinaba por una medida que le permitiera a la policía arrestar a los inmigrantes que cruzaran la frontera, llevarlos a un puerto de entrada legal y exigirles que cruzaran de regreso. Sin embargo, esta idea le generó dudas a la cúpula del Senado. El vicegobernador Dan Patrick dijo que, sin los controles de antecedentes correspondientes, la policía fronteriza no tiene forma de saber si está liberando delincuentes o terroristas peligrosos que podrían volver a tratar de cruzar la frontera por otra parte. Esta inquietud parecería estar resuelta: el representante David Spiller, de Jacksboro, autor del proyecto en la Cámara Baja, y el senador Charles Perry, de Lubbock, de la Cámara Alta, anunciaron el martes por la noche que habían presentado iniciativas idénticas. Según la medida de consenso, se debe procesar, hacer una revisión de antecedentes y tomar las huellas digitales de todo inmigrante arrestado. Luego, el inmigrante deberá comparecerse ante un juez de control, que podría ordenarle regresar a México. "Este proyecto establece un elemento disuasorio para impedir ingresos ilegales a nuestro estado, y pensamos que cumple, con claridad, la voluntad de la Cámara de Representantes y la de Senadores", se lee en un comunicado de prensa conjunto emitido por los dos autores de la medida.
El Proyecto del Senado 6 fue otra medida que no llegó a aprobarse antes de la fecha límite. En dicha propuesta, se destinaban $1.5 mil millones a continuar la construcción del muro en la frontera con México. En cuanto a la otra iniciativa sobre la frontera, ambas cámaras parecen alineadas de cara a la nueva sesión especial. La senadora Joan Huffman, de Houston, y el representante Jacy Jetton, de Fort Bend, presentaron legislación idéntica en cada cámara. En una audiencia sobre la medida en la última sesión, en octubre, autoridades oficiales les dijeron a los legisladores que el estado ya lleva construidas 12 millas de muro a lo largo del río Grande y, en la actualidad, redondea planes y negociaciones de derechos de acceso para construir otras 110 millas. Cada milla de muro, según se dijo, puede costar hasta $30 millones.
Dos temas de la tercera sesión especial no lograron llegar al escritorio del gobernador. El primero, el Proyecto del Senado 7, del senador Mayes Middleton, de Galveston, prohibía que los empleadores exigieran vacunación contra la covid-19 a sus empleados. El segundo, el Proyecto del Senado 4, del senador Pete Flores, de Pleasanton, aumentaba las condenas de quienes fueran declarados culpables de contrabando de personas en la frontera y establecía sentencias más duras para quienes manejaran "casas clandestinas", donde miembros de cárteles u otros delincuentes tienen presos a inmigrantes secuestrados, en general en condiciones pésimas y de hacinamientos, mientras esperan el pago de un rescate. Según la ley propuesta, las personas declaradas culpables de este tipo de delitos podrían pasar hasta 10 años en prisión.
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