Un grupo de senadores se opone a cambio en la política federal de Medicaid

(AUSTIN) — Un grupo bipartidario de senadores realizó una conferencia de prensa el miércoles en la que denunció que el gobierno federal quiere obligar al estado a expandir Medicaid, siguiendo la Ley de Cuidado de la Salud a Bajo Precio, al prohibirle un método con el que financia los hospitales que aceptan personas sin seguro. Según el programa de Fondos de Participación de Prestadores Locales, las municipalidades pueden cobrarles impuestos a los hospitales privados para ayudar a pagar por los cuidados de los no asegurados, un programa que el estado opera con éxito hace décadas. Sin embargo, un cambio normativo de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, en inglés) a nivel federal impediría esta práctica, lo cual podría llegar a costarle al estado más de $8 billones en el pago de cuidados de quienes no tienen seguro. "Texas ha dependido de este sistema y construido su red de respaldo en torno a este, no pueden sacárnoslo de repente", dijo el senador Bryan Hughes, de Mineola.

El senador Bryan Hughes, de Mineola, integró un grupo bipartidario de senadores que dijeron que el gobierno federal amenaza la atención a la salud de quienes no tienen seguro para obligar al estado a expandir Medicaid.

La Ley de Cuidado de la Salud a Bajo Precio, aprobada en 2010, ampliaba el alcance de Medicaid a todo el país, aunque los dictámenes judiciales que surgieron más tarde determinaron que la decisión quedaba en manos de cada estado. Texas es uno de los diez estados que rechazó la ampliación, pero el grupo bipartidario que habló en la conferencia del miércoles piensa que se está tratando de obligar al estado a expandir Medicaid. "El gobierno federal, a través de CMS, está tratando de presionar al estado de Texas y a otros a ampliar Medicaid", dijo el senador Juan "Chuy" Hinojosa, de McAllen. "Por desgracia, este enfoque que adoptaron es muy perjudicial, ya que tiene efectos negativos en nuestra red de hospitales que atienden personas sin seguro y en las personas que representamos. El senador John Whitmire, de Houston, quien, como Hinojosa, cree que el estado debería expandir Medicaid por su propia voluntad, exhortó al gobierno de Biden a que trabaje en conjunto con la legislatura en estas cuestiones. "Comparto la frustración de que el estado no haya expandido el acceso a Medicaid", dijo Whitmire. "Si esta es una medida que están tomando para tratar de obligarnos a reconsiderar nuestra política relativa a Medicaid, no es la manera". El senador Nathan Johnson, de Dallas, otro defensor de la expansión de Medicaid, dijo que los cambios propuestos por CMS no tienen ningún sentido. "Si expandiéramos Medicaid, abarcaríamos a alrededor de un millón de personas. Tenemos a más de cinco millones de personas sin seguro en Texas", dijo. "La idea de castigar a Texas por no expandir Medicaid implica tomar de rehenes a esas otras 4 millones de personas sin seguro".

Si bien el estado ya está involucrado en una demanda contra el gobierno federal para bloquear este cambio de normas, el senador Hughes les dijo a los periodistas que querían abordar este tema de inmediato. "Texas ya ganó causas sobre este tema con anterioridad y pienso que volveremos a hacer, pero no queremos esperar a que los tribunales se expidan. El gobierno federal debería frenar esto en seco".

En el pleno, el miércoles, el Senado aprobó tres medidas que buscan aumentar la seguridad en la frontera. Solo uno de los tres proyectos se acota a los temas que había delimitado el gobernador en su llamado a la sesión extraordinaria: la trata de personas y los depósitos clandestinos de drogas. Dicha iniciativa es el Proyecto de Representantes 2 (HB 2), trazado por el senador Pete Flores, de Pleasanton, el cual aumenta las condenas por trata de personas o por la operación de depósitos clandestinos de drogas. "Los cárteles y otras personas que actúan de mala fe se aprovechan de los migrantes, a quienes suben a camiones articulados y explotan por medio de la trata de personas y otros, todo por un rédito económico", dijo Flores. El senador explicó que las sanciones actuales no servían demasiado para frenar estos delitos. HB 2 dispondría una sentencia mínima de 10 años en la cárcel para toda persona hallada culpable de estos delitos, aunque permitiría que los fiscales propongan un acuerdo de reducción de la sentencia a cinco años, si el acusado coopera ampliamente con la policía. Las otras dos propuestas, ambas del senador Brian Birdwell, de Granbury, crearían una agencia policial dedicada exclusivamente a vigilar la frontera y dispondría que ingresar al estado de forma ilegal desde México constituye un delito estatal, medida similar a la que se aprobó en el Senado en la sesión ordinaria, pero que no pudo avanzar en Representantes en los últimos días de sesión.

El Senado volverá a reunirse el jueves, 8 de junio, a las 10 de la mañana.

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