Prohibición del lobby de las ciudades y los condados, un proyecto que considera Asuntos Estatales
(AUSTIN) — Según un proyecto que trató el Comité Senatorial de Asuntos Estatales el lunes, los gobiernos locales tendrían prohibido pagar a grupos de presión registrados en Austin que aboguen por ellos. La medida SB 175, trazada por el senador Mayes, de Middleton, bloquearía el uso de fondos públicos para el pago de servicios de lobby a personas o entidades registradas como tales con el gobierno estatal. Middleton dice que subdivisiones políticas como las ciudades y los condados no deberían usar los dólares de los contribuyentes para contratar personas que defiendan intereses que quizá van en contra de aquellos de dichos contribuyentes. Middleton dijo que, en la sesión legislativa de 2021, los gobiernos locales gastaron $75 millones de fondos públicos en lobby. "Los contribuyentes no necesitan un grupo de presión intermediario en Austin", dijo Middleton. "No les deberíamos dar tratamiento preferencial a ciertos funcionarios electos que les permita usar fondos de los contribuyentes para tener una ventaja sobre las voces de los votantes locales en el Capitolio estatal". Middleton agregó que el efecto de tal prohibición sería alentar a que más constituyentes interactúen con sus propios representantes y senadores estatales.
Según el proyecto del senador Mayes Middleton, de Galveston, sería ilegal que las entidades locales gasten fondos de los contribuyentes en grupos de presión en Austin.
Middleton dijo que estos grupos de presión, con frecuencia, actúan en contra de los intereses de los contribuyentes. Dio como ejemplo las reformas vinculadas a la integridad de las elecciones, la prohibición del impuesto estatal a las ganancias, las reformas a las pensiones de los maestros y la reforma al impuesto a la propiedad. "Actualmente, se niegan a confiar en los padres de Texas y hacen presión para oponerse a su empoderamiento mediante los derechos de los padres", dijo. El proyecto no se aplicaría a organizaciones como las cámaras de comercio, las asociaciones de padres y docentes, y las asociaciones de bomberos, policía, sheriffs y maestros. "En esas asociaciones la persona paga su cuota. Tiene la opción de participar o no en esos grupos, pero ahora mismo, los contribuyentes en el estado de Texas no tienen más opción que pagar por los grupos de presión", expresó Middleton. El proyecto no prohibiría que las autoridades locales usen fondos estatales para ir a Austin y hacer presión en nombre de quienes representan, ya que conforme a las leyes estatales establecidas dichos funcionarios y su personal están exentos de inscribirse como grupos de presión. "Vemos circular por este edificio a muchas personas vinculadas a relaciones gubernamentales que no están inscriptas como grupos de presión porque no les hace falta", dijo Middleton.
El mecanismo para asegurar el cumplimiento del proyecto es el desagravio por mandato judicial, y un contribuyente particular podría demandar una entidad si cree que está incumpliendo el proyecto. "Siempre me pareció que la mejor forma de asegurar el cumplimiento es mediante los juicios de los contribuyentes", dijo Middleton. "El perjudicado es el que mejor vigila el dinero de los contribuyentes".
En la sesión del lunes, el Senado aprobó tentativamente un proyecto, el SB 2, que aumentaría la gravedad del delito por votar ilegalmente y aclararía el mens rea, es decir la intencionalidad, que debe tener una persona para ser declarada culpable de votar de manera ilegal. En el principal proyecto relativo a las elecciones de la sesión pasada, se bajaba la gravedad del delito (de delito grave a delito menor), pero esta propuesta lo volvería a subir a delito mayor de segundo grado, el cual, según el senador Bryan Hughes de Mineola, fue el estatus quo los últimos cincuenta años. Hughes dijo que la pena se bajó por una enmienda que hizo la Cámara Baja a último minuto en los agitados días finales de la sesión. "En Representantes, bien al final... se añadió esta enmienda", dijo. "Se quiera la enmienda o se la odie, es un tema que no se debatió, no se lo analizó en el proceso legislativo normal en la última sesión". La cuestión del mens rea surge de una sentencia reciente de la Corte de Apelaciones en lo Criminal, la cual indica que una persona es culpable de votar ilegalmente si sabe que votó de forma ilegal. En comité, Procuraduría declaró que esto se apartaba de forma considerable de la manera en que el delito se había juzgado en el pasado. Según la SB 2, alcanza con que la persona sepa que tiene un determinado estatus que le impide votar, aunque no hace falta que sepa que las personas con dicho estatus tienen prohibido votar. Por ejemplo, en el caso de una persona que no es ciudadana, basta con que sepa que no lo es, no importa si sabe o no que solo los ciudadanos pueden votar. Hughes dijo que esto no se aparta en gran medida de la ley estatal, sino que es una restauración del estado de las cosas antes de 2021. El proyecto debe someterse a una ronda más, final, de votación antes de pasar a la Cámara de Representantes.
El Senado se reunirá el martes, 14 de marzo a las 11 de la mañana.
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