RESUMEN SEMANAL
Se aprueban en comité las primeras medidas de la sesión
(AUSTIN) — El Comité Senatorial de Asuntos Estatales aprobó una serie de medidas esta semana, las primeras en superar la etapa de comité en la Cámara Alta, en 2023. La constitución estatal prohíbe que el Senado trate y vote proyectos en los primeros sesenta días de sesión, excepto aquellos vinculados a los temas que el gobernador haya denominado urgentes. Eso no quiere decir que los legisladores no puedan tratar y votar propuestas en comités: el lunes, el Comité Senatorial de Asuntos estatales aprobó el Proyecto Senatorial 2, que representa una de las prioridades principales del vicegobernador Dan Patrick. La propuesta, cuyo autor es el presidente del comité y senador Bryan Hughes, de Mineola, volvería a clasificar el fraude electoral como un delito mayor y aclararía las exigencias que debe cumplir la prueba para que haya una condena por fraude electoral.
En la sesión pasada, Hughes también fue autor de un proyecto general sobre la integridad de las elecciones, una medida que se trató en una sesión ordinaria y dos extraordinarias hasta que fue aprobada. Dicho proyecto incluía una enmienda que bajaba la gravedad del delito, de uno mayor a uno menor clase A, para quien cometía fraude electoral en persona. La condena por un delito mayor implica una sentencia de dos a veinte años en presión, mientras que un delito menor representa, como mucho, un año en la cárcel. Esta fue una norma a la que Hughes en un principio se opuso, pero después dijo que había mucho del proyecto de integridad electoral que le gustaba y no valía la pena que fracasara por una cláusula. “En 2021, había tantos cambios positivos en la SB 1 que tenía sentido aprobar el proyecto incluso con esa enmienda, sabiendo que podíamos volver a trabajarlo y pulirlo y eso es lo que estamos haciendo ahora”, dijo Hughes, quien llevó adelante la medida en el Senado en 2021. El proyecto actual también aclara que no hace falta que una persona sepa que no puede votar porque tiene un determinado estatus, por ejemplo, no es ciudadano estadounidense, alcanza solamente con que tenga conocimiento de ese estatus. Según un dictamen reciente de un tribunal penal de apelaciones, la ley actual dispone que la persona tiene que saber que tiene prohibido votar. “Conforme a la SB 2, si alguien es un delincuente condenado y lo sabe, no hace falta que sepa que es ilegal que los delincuentes condenados voten”, dijo Hughes. “Si alguien no es ciudadano, sabe que no es ciudadano, pero no hace falta que sepa que solo los ciudadanos pueden votar”. La propuesta se aprobó en comité por 7 votos a 3 y será tratada por el pleno del Senado. Como esta cuestión no es uno de los temas urgentes del gobernador, tendrá que esperar hasta el sexagésimo día de sesión, el 10 de marzo, para que la considere la totalidad del Senado.
El jueves, el comité celebró una segunda audiencia, esta vez sobre una medida que prohibiría la compra de tierras texanas a ciertos extranjeros de países considerados hostiles a los intereses de los Estados Unidos. La autora del proyecto, la senadora Lois Kolkhorst, de Brenham, les dijo a los integrantes del comité que esta inquietud había surgido reiteradas veces al hablar con las personas en su última campaña electoral por el estado. Explicó que permitir que los gobiernos de países como Corea del Norte, Irán, China y Rusia compren tierras que producen cultivos, minerales y madera es en sí un riesgo de seguridad nacional. “Cederles el control de cultivos, depósitos energéticos y tierras raras a naciones autoritarias... me parece que es un tema de seguridad nacional”, dijo Kolkhorst.
El proyecto que se trató el jueves hacía algunas aclaraciones importantes relativas a la preocupación de que la medida también afectara a los ciudadanos naturalizados o residentes legales permanentes que en un principio hayan huido de dichos países o a las personas que intentan inmigrar aquí legalmente. Este proyecto sustituto de comité que presentó Kolkhorst indica que se exceptúan las viviendas, es decir que cualquiera que compre una vivienda no tendría problema. También aclara que la medida no se aplica a los ciudadanos naturalizados estadounidenses ni a los residentes legales permanentes. Tampoco impediría que un determinado gobierno extranjero haga negocios en Texas, aunque solo podría alquilar una propiedad, no comprarla, o podría asociarse con una empresa estadounidense. El proyecto quedó pendiente en el comité.
El Senado volverá a reunirse el martes, 7 de marzo, a las 11 de la mañana.
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