Asuntos Estatales aprueba medida sobre emisión ilegal de votos
(AUSTIN) — Según un proyecto presentado en el Comité Senatorial de Asuntos Estatales, el lunes, una persona que no cumple los requisitos para votar y vota ilegalmente podría ser condenada, aunque ignore que no reunía los requisitos. El senador y presidente del Comité Bryan Hughes, de Mineola, les dijo a los miembros que es bien entendido que desconocer la ley no es una defensa válida. “Conforme a la SB 2, si eres un delincuente condenado y lo sabes, no hace falta que sepas que es ilegal que los delincuentes condenados voten”, dijo Hughes. “Si no eres ciudadano, sabes que no eres ciudadano, pero no hace falta que sepas que los no ciudadanos no pueden votar”. Además, según su proyecto, votar ilegalmente volvería a clasificarse como delito mayor de segunda clase en lugar de un delito menor clase A, una vuelta atrás a la reducción de la gravedad del delito que había hecho la Legislatura en la sesión pasada. El número bajo del proyecto de ley (SB 2), precedido únicamente por el presupuesto estatal, indica que la medida es una de las principales prioridades del vicegobernador Dan Patrick en la 88° Sesión.
El senador Bryan Hughes, de Mineola, presidente del Comité de Asuntos Estatales, consigue aprobación en comité del proyecto que cambiaría el tipo de delito que constituye votar ilegalmente, de delito menor a delito mayor.
En el centro de la cuestión está el caso de Crystal Mason, una mujer que fue condenada y sentenciada a cinco años de prisión por emitir un voto provisorio en la elección de 2016, cuando estaba en libertad bajo custodia por una condena anterior. La ley de Texas permite que los delincuentes voten una vez que saldan su deuda con la sociedad, lo cual incluye cumplir con las disposiciones posteriores a la liberación, como los períodos de libertad provisional o libertad vigilada. Mason dijo que no sabía que no podía votar y que votó de manera ilegal por error. El Segundo Tribunal de Apelaciones dictaminó que, si sabía o no era "irrelevante a la acusación", pero el Tribunal Penal de Apelaciones no estuvo de acuerdo. "El tribunal se equivocó al no pedir pruebas de que la acusada no sabía que votar bajo libertad supervisada era un delito", precisó el tribunal en su sentencia en Mason c. Texas. A la luz de dicha sentencia, se remitió la causa al tribunal inferior para que la reconsidere.
Según representantes de la Procuraduría General, la decisión se aparta de forma considerable de los precedentes establecidos. “Los tribunales penales de apelaciones anteriores y los otros tribunales de apelaciones determinaron que el conocimiento necesario era la condición que lo descalifica a uno para votar”, dijo Jonathan White, exdirector de la División de Integridad Electoral. Explicó que, sin una confesión, con el nuevo dictamen sería prácticamente imposible demandar a una persona que votó y no podía hacerlo. “Pienso que después de esta opinión, sería algo muy difícil de probar con pruebas circunstanciales”, expresó. “Mi experiencia de haber procesado delitos electorales por quince años es que nunca tuve a alguien que admitiera que conocía la ley y que sabía que la estaba infringiendo, lo que dicen es 'Ay, me equivoqué, no sabía', sea cierto o no”.
La segunda parte del proyecto volvería a clasificar la emisión ilegal de un voto como un delito mayor clase dos, delito que puede resultar en una sentencia a prisión de dos a veinte años. En la última sesión, la Legislatura aprobó la SB 1, la cual contenía una serie de cambios al código electoral, incluido un cambio en la clasificación del fraude electoral a un delito menor clase A. Hughes dijo que, si bien no estuvo a favor de dicha disposición, el resto del proyecto lo compensaba. “En 2021, había tantos cambios positivos en la SB 1 que tenía sentido aprobar el proyecto incluso con esa enmienda, sabiendo que podíamos volver a trabajarlo y pulirlo y eso es lo que estamos haciendo ahora”, dijo Hughes, quien llevó adelante la medida en el Senado en 2021. Hughes dijo que se lo había considerado un delito mayor por cincuenta años hasta que la 87° Legislatura hizo el cambio. “Estos delitos son serios y se los debe tratar como tales”, agregó. La propuesta se aprobó en comité por 7 votos a 3 y será tratada por el pleno del Senado.
El Senado volverá a reunirse el martes, 28 de febrero, a las 11 de la mañana.
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