(AUSTIN) — El miércoles, el Comité Senatorial de Educación Superior trató un proyecto que congelaría temporalmente las matrículas de universidades estatales a la fecha. Desde que se aprobó la desregulación de las matrículas en la legislatura de 2003, la Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas dice que el precio de las universidades aumentó en 66 por ciento, lo que acrecentó la deuda estudiantil y redujo el acceso de familias de bajos recursos a la educación universitaria. La SB 167, del senador César Blanco de El Paso, dispone que las instituciones de educación superior solo aumenten los costos de las matrículas de acuerdo con la inflación, basada en el índice de precios de consumo del año anterior. El límite al aumento de matrículas duraría cinco años, luego de los cuales los legisladores podrían extenderlo o tomar otras medidas de control.
La senadora Lois Kolkhorst de Brenham presentó un proyecto el miércoles para poner en igualdad de condiciones a las pequeñas farmacias independientes y las grandes corporaciones nacionales.
El proyecto afectaría a algunas instituciones más que a otras. Los datos de la Junta Coordinadora indican que, desde 2013, algunas universidades no subieron la matrícula o la aumentaron muy poco, mientras que otras aumentaron los costos en más del doble. En promedio, las matrículas de las universidades estatales públicas crecieron en 39 por ciento, mientras que el aumento del costo de vida en ese mismo período fue del 12 por ciento.
El mismo miércoles, el Comité Senatorial de Salud y Servicios Sociales consideró frenar los monopolios cada vez más grandes que existen en el ámbito farmacéutico, una tendencia que perjudica a las farmacias locales e incluso a cadenas de farmacias a nivel estatal, según dijo la presidenta del comité y senadora Lois Kolkhorst de Brenham. La cuestión son los llamados administradores de beneficios de las farmacias (PBM, en inglés): intermediarios, en general propiedad de las compañías de seguros, que gestionan los planes farmacéuticos. Kolkhorst dijo a los miembros que, en la actualidad, 80 por ciento del mercado está controlado por tres compañías que se aprovechan de su posición para pedir a las farmacias independientes que cumplan requisitos costosos y para vender servicios de farmacia —de las que son dueños— a los consumidores. Agregó que los PBM constituyen 17 por ciento del total de los gastos en atención a la salud, más de lo que jamás se pretendió.
Un problema concreto de este sistema, según los testimonios que se escucharon, son los medicamentos especiales, que suelen ser muy caros, se utilizan para tratar enfermedades crónicas y explican en gran medida el aumento de los costos de salud: constituyen el 1 por ciento de los medicamentos que se recetan, pero representan casi la mitad del total de los gastos en farmacia. Las compañías de seguros de salud piden, cada vez más, que se compren estos medicamentos en farmacias acreditadas de las que suelen ser dueños. Estas acreditaciones son caras e innecesarias, según el doctor Ben McNabb, que administra una farmacia pequeña en Eastland y se compareció hoy ante el comité en nombre de la Asociación de Farmacias de Texas. “Los PBM usan estos obstáculos para alentar que los pacientes vayan a farmacias de pedidos por correo acreditadas, de las que son dueños”, dijo. “Dicen que estas acreditaciones son necesarias para proteger al paciente, pero la Junta de Farmacias de Texas, que tiene a cargo esa misma tarea, no establece ninguna restricción o requisito para vender medicamentos especiales”. Dijo que una acreditación común puede costar hasta $100,000 al año. “La definición de ‘medicamento especial’ es muy poco clara y, la mayor parte del tiempo, parece guardar correlación con el precio del medicamento”, dijo.
“Ahora hace falta ser una farmacia especial para vender estos medicamentos, y los que establecen esas normas son los PBM, que son los dueños de esas farmacias… Creo que tenemos un problema”, dijo Kolkhorst. Su proyecto, la SB 2195, protege la capacidad de elección del paciente al quitarle a los PBM la autoridad de limitar la venta de medicamentos especiales a farmacias con acreditaciones que van más allá de lo establecido por la ley estatal. La propuesta también prohíbe la “retroacción”, según la que las farmacias terminan endeudadas por miles de dólares porque los PBM alteran el precio de los medicamentos, generalmente, semanas o meses luego de la transacción inicial. “Esto se trata más bien de igualar las condiciones de las farmacias independientes y los PBM”, dijo.
El Senado volverá a reunirse el jueves, 22 de abril, a las 10 a.m.
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