RESUMEN SEMANAL
Segunda mitad de sesión: la legislatura apura el paso
(AUSTIN) — A tan solo un poco más de dos meses de que finalice la 87° Sesión Legislativa el 31 de mayo, el Senado aprobó una serie de proyectos cruciales, que envió a la Cámara Baja. La pandemia enlenteció el ritmo de trabajo a principios de la sesión, así que ahora se busca recuperar el tiempo perdido. Se espera que el Comité Senatorial de Finanzas vote la aprobación del presupuesto la semana próxima, lo que significa que esa semana o la siguiente podría llegar a tratarse por la totalidad del Senado. El miércoles, mientras el Comité revisaba el presupuesto rubro por rubro, la presidenta y senadora Jane Nelson de Flower Mound dijo a los miembros que los billones de dólares de ayuda federal que se aprobaron a principios de mes podrían no llegar al estado antes de que termine la sesión. “Quiero expectativas acordes; no tenemos 17 billones de dólares para gastar de aquí a que termine la sesión como parecería que muchos piensan”, dijo. “Me alegra mucho que tengamos más fondos para gastar en educación y otras cosas… en algún momento. Pero ahora mismo, mantengamos este presupuesto ajustado”.
Esta semana en el recinto, el Senado aprobó distintos proyectos que buscan reformar los entes que regulan los servicios públicos, garantizar el derecho a reunirse en lugares de culto y fijar un monto máximo de copago por la insulina.
Las tres medidas se aprobaron el jueves. La primera, la SB 2154, modifica la problemática Comisión de Servicios Públicos tras su actuación durante y después de los cortes de luz. “Todos sabemos que hace falta reformar la PUC”, dijo el autor del proyecto, el senador Charles Schwertner de Georgetown. “Necesitamos dirigentes sólidos, necesitamos individuos que tengan sentido común y que representen a los texanos y aboguen su bien”. Su propuesta busca diversificar la Comisión al cambiar el número de miembros de tres a cinco, y así ampliar los perfiles profesionales de quienes la integran y las regiones que representan. Los expertos en la industria, abogados, ingenieros y contadores cumplirían con los nuevos requisitos. El proyecto también dispone que los integrantes deben ser residentes de Texas. Si se convierte en ley, el gobernador tiene treinta días desde que entra en vigencia para nombrar un nuevo presidente de la Comisión.
Dos senadores, Angela Paxton de McKinney y Kelly Hancock de North Richland Hills, presentaron proyectos complementarios para que los texanos decidan a traves del voto si los gobiernos conservan o no la autoridad de prohibir las reuniones en iglesias durante un estado de emergencia. Si bien en la pandemia estuvieron protegidos por ser “servicios esenciales”, Hancock dijo que algunas municipalidades abusaron su autoridad y violaron el derecho constitucional a la libertad de religión cuando consideraron limitar la cantidad de personas que podían asistir a los servicios religiosos. “Es nuestro deber proteger la libertad de culto en Texas y aclarar con esta disposición lo que sabemos cierto y correcto a nivel constitucional”. Si se promulga la ley, las medidas aprobadas el jueves se someterían a votación en las elecciones de noviembre.
Por último, el proyecto de la senadora Lois Kolkhorst de Brenham fija el monto máximo que pagan de su bolsillo por la insulina quienes tienen un seguro médico regulado por el estado. Explicó que el precio de la insulina aumentó en mil por ciento en los últimos 25 años, lo que obliga a muchos de los 2.8 millones de los texanos diabéticos a elegir entre un medicamento crítico y otras necesidades básicas, como comprar comida o pagar la renta. Al buscar que la insulina sea asequible, dijo Kolkhorst, Texas no solo ayuda a los que tienen diabetes, sino que ahorra fondos estatales a largo plazo. “En realidad, esto ayuda a muchos texanos a tener mejor salud y a que ahorremos costos a la larga, cuando no tengan que ir a la guardia de emergencias, ni terminen con los riñones dañados u otros problemas, gracias a que se controlan el nivel de azúcar”, dijo. De acuerdo con su proyecto, la SB 827, una persona con un plan de seguro regulado por el estado pagaría 50 dólares como máximo por un suministro de insulina para 30 días. Kolkhorst dijo que una iniciativa complementaria, que ayuda a controlar los costos que afectan a las personas sin seguro, se está tratando actualmente en Representantes.
Los tres proyectos de ley avanzan a la Cámara Baja para ser tratados. El Senado volverá a reunirse el lunes 29 de marzo a las 11 a.m.
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