(AUSTIN) — El lunes, el Comité Senatorial de Asuntos Estatales celebró su primera reunión del período legislativo, en la que trató proyectos de ley vinculados a la libertad de religión y expresión. Es común que este panel contemple temas importantes que están presentes en la agenda nacional y trate legislación relacionada con cuestiones que afectan los derechos constitucionales. El senador Bob Hall, miembro del panel por segunda vez, dijo que había disfrutado mucho su primer período en el Comité que, con frecuencia, revisa algunos de los temas más importantes que afectan a Texas. “Después de Finanzas, Asuntos Estatales es el Comité de ‘acción’”, dijo en sus palabras de apertura. Las iniciativas analizadas el lunes tienen que ver con los derechos del gobierno a limitar las asambleas en iglesias durante la pandemia y los tipos de contenido que las compañías de redes sociales pueden restringir. Ambas propuestas están incluidas dentro del paquete de 30 iniciativas prioritarias del vicegobernador Patrick.
El lunes, la senadora Angela Paxton de McKinney presentó legislación que prohibiría a las agencias o autoridades gubernamentales restringir las actividades religiosas, incluso en un estado de emergencia.
El presidente del Comité, el senador Bryan Hughes de Mineola, propuso una iniciativa que a su juicio busca proteger la libertad de expresión política en línea. Hughes piensa que las grandes compañías de redes sociales, como Google, Facebook y Twitter, violan la libertad de expresión al sancionar a los usuarios que publican ciertos puntos de vista políticos, en ocasiones expulsándolos de la plataforma. “Nuestra inquietud tiene que ver con la libertad de expresar ideas, debatir, tener un intercambio”, dijo. “Queremos asegurarnos de que no se discriminen los puntos de vista, ya sean conservadores, liberales o algo en el medio”. Según su proyecto, la SB 12, los usuarios que crean haber sido expulsados de una plataforma por publicar una opinión política podrán solicitar una orden judicial para reincorporarse. También permite a los demandantes que ganen recuperar los costos por honorarios de abogados y que los jueces consideren en desacato a las compañías que se nieguen a obedecer ordenes judiciales en contra de la expulsión.
Hughes argumentó que como unas pocas compañías de redes sociales dominan el mercado, con control de casi todo el espacio de las redes sociales, conforman en la práctica un “foro público”, y se debe garantizar la libertad de expresión política. Los tribunales federales, incluso la Corte Suprema de los Estados Unidos, dictaminaron que las compañías privadas no tienen la obligación constitucional de alojar contenido, pero Hughes dijo a los miembros que el proyecto “encuentra un equilibrio” en cuanto a la ley federal que regula cuestiones de libertad expresión porque no establece una pena legal por moderación del contenido. “Únicamente prohíbe la censura del discurso basado en un punto de vista”, dijo. El senador agregó que la ley federal ya permite que los estados regulen los sitios webs siempre que las normas sean uniformes.
Además, el lunes, la senadora Angela Paxton de McKinney y el senador Kelly Hancock de North Richland Hills aportaron iniciativas complementarias que buscan limitar la capacidad del gobierno de restringir las reuniones religiosas. “Sin duda, en la esencia de lo que significa ser estadounidense y texano está, más allá de la religión de una persona, la necesidad de proteger la libertad de reunirse en lugares de culto, participar de actividades religiosas y venerar juntos”, dijo la senadora.
El 31 de marzo de 2020, un decreto ejecutivo del gobernador Greg Abbott incluyó oficialmente a los servicios religiosos dentro de los servicios esenciales durante la pandemia. Quienes hablaron a favor del proyecto de ley dijeron que les preocupaban decretos como el del gobernador del estado de Nueva York, que limitaba la cantidad de concurrentes en las iglesias en áreas con tasas altas de infección de covid. La Corte Suprema de los Estados Unidos finalmente prohibió la orden, pero quienes el lunes se pronunciaron en pos del proyecto dijeron que no se debería haber llegado a esa instancia. Los proyectos que se introdujeron proporcionarían una enmienda constitucional sujeta a aprobación de los votantes según la que ninguna entidad o autoridad gubernamental podría limitar los servicios religiosos de Texas.
El Senado volverá a reunirse el martes 9 de marzo a las 3 p.m.
###