Austin – El costo promedio de la educación universitaria se ha disparado desde que los legisladores dieron el poder a consejos de regentes para fijar sus propios precios de matrículas y cargos extras hace 16 años. El miércoles, el Comité Senatorial de Educación Superior consideró varias propuestas legislativas que buscan desacelerar este aumento y hacer la educación universitaria más asequible para estudiantes y sus familias en Texas. Enfrentados a un déficit en el presupuesto del estado de $10 billones en el año 2003, la Legislatura aceptó dejar que universidades e institutos de educación superior dispongan sus propios precios de matrícula. Debatiendo esa medida de liberación de precios, el Senador Juan “Chuy” Hinojosa de McAllen había dicho: “Entiendo que tenemos déficit, un déficit grande, y que tal vez no le dimos a universidades lo que necesitan para seguir ofreciendo una educación de calidad a sus estudiantes. Pero me preocupa que muchos consejos de regentes van a tratar de cubrir la falta [de fondos estatales] aumentando sus matrículas, y estaremos tratando de equilibrar el presupuesto de universidades con aumentos en la matrícula para familias de clase media”.
El Senador José Rodríguez de El Paso ofreció una propuesta ante el Comité Senatorial de Educación Superior que pondría a la Legislatura nuevamente a cargo de fijar precios de matrículas universitarias, una de varias propuestas para controlar el creciente costo de la educación universitaria consideradas el miércoles.
Según el Senador Charles Schwertner de Georgetown, eso es exactamente lo que sucedió. Schwertner dijo que desde el año 2003, el costo de matrículas se ha más que duplicado, con la matrícula designada (la parte de su precio que fijan los consejos universitarios) aumentando un escalofriante 290 por ciento. “El costo de la educación superior ha explotado, hasta supera la inflación en costos médicos de los pasados 10 años”, dijo el senador, “Hay un gran sector de americanos de clase media en Texas y todo el país que son afectados por las siempre crecientes matrículas y cargos de la educación superior”. A raíz de este creciente costo, las familias y estudiantes necesitan cada vez más préstamos estudiantiles, que Schwertner dice son ahora la tercer mayor fuente de deuda en el país, solo detrás de préstamos hipotecarios y vehiculares. “Este disfuncional sistema está dejando una generación entera de estudiantes atrapada en deuda e incapaz de participar totalmente en la economía debido a los considerables préstamos estudiantiles que deben pagar durante muchos años después de graduarse”, añadió.
La propuesta de Schwertner congelaría las matrículas durante un año en universidades e institutos (community colleges), y limitaría futuros aumentos según el índice de inflación, que solo ha aumentado un 33 por ciento desde 2003. Otro plan, del Senador Royce West de Dallas, ajustaría los aumentos en matrículas al aumento promedio del índice de precios al consumidor (CPI) en Texas, en relación al año anterior. Según cifras de la Reserva Federal, el CPI ha aumentado poco más de 36 por ciento desde la liberación de precios universitarios.
Para el Senador José Rodríguez de El Paso, devolver a la Legislatura la autoridad para regular matrículas es la mejor opción. “Si la Legislatura está realmente preocupada por el manejo de las matrículas, deberíamos tomar esas decisiones nosotros. Las universidades defenderán los aumentos de matrícula, igual que las agencias estatales solicitan financiamiento pero nosotros decidimos, los legisladores electos”. Su propuesta congelaría las matrículas en 2020 y solo permitiría aumentos si lo aprueba la Legislatura.
El Senado trató el miércoles otro tema relativo al acceso a estudios universitarios, aprobando la propuesta SB 25 del Senador West, que simplificaría el proceso de transferencia de créditos académicos entre universidades. West dice que los estudiantes y familias están malgastando millones de dólares en cursos que al final no cuentan para su título cuando transfieren a una nueva institución. “Son alrededor de $45 millones al año que los estudiantes y sus padres pagan de sus bolsillos por cursos que al final no les sirven… Hay alrededor de $15 millones en recursos que estamos gastando como estado, que siguen saliendo de los bolsillos de contribuyentes, malgastados en este tipo de ineficiencias en nuestro sistema de educación”. Su medida ordenaría que toda universidad de cuatro años informe al estado los cursos que no aceptan de estudiantes que transfieren a su institución. West dice que el estado no cuenta con información sobre los cursos que no son aceptados en la transferencia, ni el porqué. También requeriría que estudiantes presenten su plan de graduación más temprano, después de obtener 15 horas para estudiantes en programas de doble crédito en la secundaria, y 30 horas, en vez de 45, para estudiantes universitarios. Tener un plan, y saber qué cursos cuentan y cuáles no, ayudaría a los estudiantes a elegir mejor los cursos que los ayudarán a cumplir sus metas académicas.
El Senado vuelve a reunirse el jueves 25 de abril, 2019, a las 11 am.
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