Austin – El Comité Senatorial de Impuestos de Propiedad consideró el martes una medida que aumentaría en $10,000 la exención homestead [propiedad habitada por dueño] en impuestos de propiedad gravados por distritos escolares. La propuesta SB 5 y SJR 71 del Senador Paul Bettencourt de Houston preguntaría a los votantes en las elecciones de noviembre si aprueban aumentar el valor de la propiedad exento del impuesto: de $25,000 a $35,000. El senador dijo que esto reduciría el impuesto promedio pagado en Texas en $125 anuales. El estado cubriría esta pérdida en los ingresos de distritos escolares con ingresos del impuesto a la explotación de gas y petróleo --que de otra manera hubieran ido al Fondo de Estabilización Económica (ESF) o fondo de emergencia del estado. Bettencourt cree que esa cuenta tiene dinero suficiente como para justificar ese desvío, diciendo: “Personalmente creo que el ESF está lleno porque estamos viendo valores de $15.66 billones para fines del bienio sin ninguna extracción”. La Junta Legislativa del Presupuesto estima que la medida reduciría el fondo ESF en $1.6 billones en ingresos de impuestos hasta el bienio de 2023.
El Senador Paul Bettencourt de Houston, presidente del Comité de Impuestos de Propiedad, presentó una propuesta ante el comité para aumentar la exención homestead del impuesto en $10,000.
Bettencourt dijo que ésta es una de varias medidas para reducir el impuesto a la propiedad, y que reformar la tasa del impuesto y el alza en el valor de la propiedad son también piezas claves de esta estrategia. “Los aumentos en la tasación de propiedades que estoy escuchando son abismantes, dos dígitos altos en viviendas del Condado Harris, toda propiedad comercial arriba del 15 por ciento en promedio, todo apartamento arriba del 25 por ciento… y eso es solo en un condado”. El senador señaló que ha escuchado historias similares en todo gran condado urbano del estado. Entre otras varias medidas para el impuesto a la propiedad, Bettencourt es el autor de la SB 2, que pondría un techo del 2.5 por ciento al aumento anual del impuesto de propiedad que una entidad podría disponer. Una tasa mayor requeriría la aprobación de los votantes.
En la cámara el martes, el Senado aprobó unánimemente una propuesta que reforzaría los requisitos para reportar casos de acoso sexual y violación en toda institución de enseñanza superior en Texas. Un veinte por ciento de las estudiantes universitarias reportan sufrir algún tipo de agresión sexual por lo menos una vez en su educación post secundaria, dijo la Senadora Joan Huffman de Houston. Su medida SB 212 ordenaría que todo empleado de universidad pública o privada que ve o se entera de un incidente de acoso, ataque, o violencia sexual, violación o acecho sexual, lo reporte al coordinador de Título IX de la institución. Este coordinador deberá entregar informes regulares al presidente de la universidad sobre el número de denuncias y la situación de las investigaciones. El presidente, a su vez, entregaría un informe a la junta universitaria cada semestre sobre el número, disposición y situación de denuncias e investigaciones, sus hallazgos y acciones disciplinarias tomadas. Este informe sería considerado información pública pero no identificaría a ninguna persona. Huffman dijo esperar que estos requisitos más estrictos para informes ayudarán a que toda sobreviviente de violencia sexual obtenga justicia. “Tengo fe que esta medida reforzará el proceso de informes para asegurar que los días cuando no eran escuchadas, o peor, se lo ocultaba en una institución de educación superior …queremos que esos días se terminen en el estado de Texas”, dijo.
La propuesta incluye penalidades para personas o instituciones que no cumplen estos requisitos. Si un empleado no reporta un incidente de este tipo resultará en su despido, y no reportarlo intencionalmente podría ser considerado como delito de Clase B. Si se prueba en corte que el empleado trató intencionalmente de ocultar el incidente, el delito pasa a Clase A, punible con hasta un año de prisión y multa de hasta $4,000. Las universidades que no cumplan con los requisitos de la medida podrían ser multadas hasta en $2 millones por la Junta Coordinadora de Educación Superior. La propuesta fue aprobada unánimemente en el Senado.
El Senado vuelve a reunirse el miércoles 27 de marzo a las 11 a.m.
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