Austin – La Corte de Apelaciones Criminales de Texas decidió que una importante provisión del Acta de Reuniones Abiertas de Texas (TOMA) es inconstitucionalmente imprecisa, invalidando esa provisión específica y cuestionando la relación entre el derecho a la libre expresión y la transparencia en el gobierno. TOMA busca aumentar la transparencia en operaciones gubernamentales, requiriendo que todo ente de gobierno reuniéndose con cuórum, vale decir, con miembros suficientes para conducir actos oficiales, debe hacerlo de forma pública. La cláusula específica derogada el miércoles prohibía la discusión de temas relevantes entre funcionarios de gobierno cuando no cumplen el requisito de cuórum. La Corte halló que la ley no era clara en cuanto a qué constituye violar esta ley. El Senador Kirk Watson de Austin, enérgico defensor de un gobierno abierto, envió un tweet expresando que esto podría ser causa de preocupación: “Todavía estoy revisando la opinión judicial, pero creo que la Legislatura debe tratar el tema en esta sesión”. Watson añadió: “Esto es asunto de suma importancia porque el público debe poder confiar que las decisiones son tomadas abiertamente, no a puertas cerradas”. El plazo para presentar propuestas legislativas en esta sesión es el viernes 8 de marzo.
Adoptada originalmente en 1967 y enmendada múltiples veces en años subsiguientes, TOMA ordena que las reuniones de entes de gobierno sean abiertas al público, con avisos de la reunión publicados que informen a los ciudadanos dónde y cuándo se realiza la reunión. “El acceso público a los procedimientos y toma de decisiones de cuerpos gubernamentales es elemento esencial de una democracia que funcione correctamente”, expresó el Procurador General Ken Paxton en la introducción de la Guía de Reuniones Abiertas 2018.
La provisión del caso fallado el miércoles dice: “Un miembro o grupo de miembros de un cuerpo gubernamental comete una ofensa si el miembro o grupo conspira a sabiendas para eludir esta regla al reunirse en números menores al cuórum con el fin de deliberar en secreto en violación de esta regla”. El caso específico involucró al Juez Craig Doyle del Condado Montgomery, que fue acusado por violar TOMA junto con dos directores del condado, cuando supuestamente negociaron detalles de bonos para un camino condal sin tener reunión pública. Doyle desafió la acusación, diciendo que la ley no es clara, demasiado amplia y viola sus derechos de la primer enmienda.
En su decisión, la Corte halló que la provisión era imprecisa y por lo tanto no cumplía los requisitos constitucionales de leyes que imponen penas criminales. Tales leyes deben dejar claro exactamente qué actos o comportamientos se prohíben. Aún más, las implicaciones de la Primer Enmienda agregan algo más para aclarar. “Se requiere mayor especificación cuando están implicadas las libertades de la Primer Enmienda, porque un ‘significado incierto lleva inevitablemente a que los ciudadanos se extiendan más lejos de la zona legal que si los límites de las áreas prohibidas están claramente marcados’”, escribió La Jueza Presidente Sharon Keller en la opinión mayoritaria de la Corte. Dos de los nueve jueces de la Corte disintieron.
La Corte dejó la puerta abierta para una acción legislativa. “No dudamos en el poder de la legislatura para prevenir que funcionarios del gobierno usen tácticas ingeniosas para evadir el propósito y efecto del Acta de Reuniones Abiertas de Texas”, escribió Keller. “Pero el estatuto ante nosotros carece de especificaciones, y toda construcción específica que podamos imponer sería solo conjetura, una imposición de nuestra propia opinión judicial. Esto no queremos hacer”.
Con menos solo una semana para el vencimiento de la introducción de proyectos de ley, los legisladores deben decidir rápidamente cómo tratar el tema, si lo hacen.
El Senado vuelve a reunirse el viernes 1º de marzo a las 10 a.m. para lectura y derivación de propuestas.
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