Austin - En Texas hay demasiadas personas encerradas en prisiones condales esperando un juicio, cuando no representan una amenaza para el público ni hay riesgo de que se ausenten, sino porque simplemente no tienen dinero para pagar la fianza, según dijeron dos legisladores el lunes en conferencia de prensa. El Senador John Whitmire de Houston y el Diputado Andrew Murr de Kerrville dijeron que nuestro sistema de fianzas judiciales mantiene encerrados a acusados indigentes, no violentos y de bajo riesgo, por ninguna otra razón que porque no tienen recursos para pagar. Al mismo tiempo, muchos acusados violentos que representan un peligro para la seguridad pública quedan en libertad si cuentan con dinero. “El sistema judicial de fianzas que existe en Texas es injusto, inconstitucional y tiene todo tipo de terribles consecuencias”, dijo Whitmire. Los dos legisladores introdujeron propuestas acompañantes en cada cámara, la SB 628 y la HB 1323, para reformar el sistema de finanzas y permitir que personas que no representan una amenaza a la seguridad pública eviten una larga detención previa al juicio, y a la vez mantener encerrados a criminales peligrosos. Las medidas reciben el nombre de Damon Allen, un policía del estado caído en cumplimiento del deber durante una parada de tráfico rutinaria, a manos de una persona detenida por crimen violento contra otro policía, que fue liberada al pagar fianza.
El presidente del Comité de Justicia en lo Criminal, Senador John Whitmire de Houston, anunció en conferencia de prensa el lunes la presentación de una legislación para reformar el sistema de fianzas en el estado, que él cree es injunto con acusados que no pueden pagarla.
Whitmire dijo que tres cuartos de los detenidos en prisiones condales de Texas son acusados que esperan juicio, cuando era solo una tercera parte hace 25 años. Aún más, los condados gastan casi un billón de dólares al año para alojar a los prisioneros. Algunos de ellos son incapaces de pagar unos pocos cientos de dólares, produciendo situaciones donde pasan más tiempo en prisión esperando una audiencia que el largo de la condena por el delito del que son acusados, dijo el senador. Estas personas están acusadas de delitos no violentos y no representan un riesgo para la sociedad, pero pasan semanas o meses en prisión, posiblemente perdiendo su trabajo, creando estrés y tensión en sus familias, y exacerbando temas existentes de salud mental, agregó Whitmire.
Los dos legisladores se unieron al Juez Nathan Hecht, presidente de la Corte Suprema, quien dijo apoyar estas reformas. Hecht añadió que, aunque la detención previa al juicio suele ser importante, no debería extenderse más de lo justificado: “Hoy muchos de nuestros ciudadanos son encarcelados en prisiones locales, no porque sean peligrosos sino simplemente porque no pueden pagar la fianza”. “Hay gente detenida que debería estar libre y gente libre que no debería estarlo”, agregó. Hecht señaló que ciertos instrumentos de evaluación de riesgos, con algunos datos demográficos, indicarían mejor el riesgo de huida, reincidencia o actos violentos.
Bajo las medidas propuestas, los jueces o magistrados encargados de audiencias para fianza deberán usar un sistema sin costo de la Oficina de Administración de Cortes para evaluar el riesgo de huida o seguridad pública al considerar una fianza en efectivo o reconocimiento personal. La evaluación puede hacerse por un empleado designado por la corte y hacerse disponible al juez lo antes posible, a más tardar 48 horas después del arresto. El juez impondría las condiciones de libertad menos restrictivas y la menor cantidad de fianza o reconocimiento personal requeridos para asegurar la comparecencia del acusado, así como razones de seguridad pública. La medida da a jueces discreción para negar la fianza en casos que crean que la libertad presenta un peligro de seguridad pública o que la persona no se presentará a juicio. También permitiría el uso de evaluación de riesgo en esta decisión.
Una legislación similar fracasó en la pasada sesión, según Whitmire por un fuerte cabildeo del sector que lucra con fianzas. Él está más esperanzado de que la legislación tenga más posibilidades en esta sesión. “Creo que mediante educación y más comunicación… y definitivamente los juicios federales han atraído la atención de la gente”, dijo refiriéndose a reglas judiciales federales contra programas de fianza en los condados Dallas y Harris, que halló que esos sistemas discriminaban a gente pobre.
El Senado vuelve a reunirse el martes 5 de febrero a las 10 a.m., y los legisladores pasarán luego a la Cámara de Representantes para una sesión conjunta que escuchará el discurso del Gobernador Abbott sobre el Estado del Estado a las 11 a.m.
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