AUSTIN - En su audiencia interina final, el Comité Senatorial Selecto de Violencia en Escuelas y Seguridad Escolar recibió el martes testimonio sobre órdenes de protección por riesgo extremo, también llamadas órdenes de “Bandera Roja”, que permiten a autoridades prohibir temporalmente la tenencia de armas a ciertas personas, bajo circunstancias específicas. Uno de los muchos métodos considerados para prevenir los ataques armados masivos, las órdenes de Bandera Roja permiten que un juez ordene que una persona considerada de riesgo inminente hacia su persona u otros entregue sus armas de fuego por un tiempo limitado y se le prohíba adquirir otras. La ley actual en Texas permite tales restricciones en algunas circunstancias, mayormente por problemas de violencia doméstica o trastornos mentales peligrosos. Las leyes de Bandera Roja buscan cerrar brechas y cubrir a personas que podrían significar un peligro público pero no tienen restricciones en la actualidad.
Estas leyes de Bandera Roja ya existen en 13 estados, al buscar legisladores maneras de prevenir los ataques armados masivos. Los estatutos varían según el estado pero coinciden en varias cosas. En general funcionan así: una agencia policial o un familiar puede pedir a un juez que emita una orden de protección por riesgo extremo si creen que el sujeto representa un riesgo para la seguridad pública o la propia. El solicitante presenta evidencia ante el juez, citando ciertas conductas previas que indiquen un riesgo de violencia o emergencia. Éstos pueden incluir violencia doméstica, violencia contra animales, uso temerario de arma de fuego, amenazas recientes a su persona o a otros, y drogadicción. El afectado tiene derecho a consejería y puede presentar evidencias y argumentos en su defensa. Si el juez cree que el sujeto presenta un riesgo inminente a la seguridad pública, podrá extender una orden de protección por riesgo extremo. El sujeto deberá entonces entregar sus armas a las autoridades. En algunos casos, debido a otras agravadas circunstancias, la policía podrá conseguir una orden de allanamiento para confiscar las armas del sujeto. Estas órdenes son temporales, durando desde unas pocas semanas hasta 12 meses, dependiendo del estado. Una vez que la orden se vence, se restituye el derecho de la persona a portar o poseer armas. La mayoría de los estados permiten a los solicitantes pedir una extensión en la orden si el peligro continúa, y también permiten al sujeto que demuestre que ya no representa un riesgo, antes que venza la orden.
Como estas leyes son relativamente nuevas, aprobándose la primera en Connecticut en 1999, no cubren todos los temas. Un asunto importante, según Shannon Edmonds de la Asociación de Fiscales de Distritos y Condados de Texas, es el problema de la entrega y confiscación. Estas leyes crean dudas sobre: cuándo deben las autoridades pedir la orden de confiscación de armas, a quién se le entregan las armas voluntariamente, cómo se las guarda, y cómo se devuelven. Otra duda es si las leyes actuales son suficientes. En Texas, a los condenados por delito de violencia doméstica o aquellos bajo orden de protección por violencia familiar se les prohíbe poseer armas. Las leyes federales prohíben tener armas a los ex condenados y a gente que demuestra enfermedades mentales graves, por ejemplo los que han sido institucionalizados involuntariamente o aquellos exculpados de un crimen por demencia.
El tema es si las leyes actuales pueden cubrir toda situación en que una persona presente un peligro para la seguridad pública. La violencia en el lugar de trabajo, o amenazas de violencia entre vecinos podrían no estar cubiertas por estatutos actuales. ¿Puede un médico que escucha de un plan para cometer violencia durante la visita de un paciente reportarlo a las autoridades, y es eso suficiente para quitarle a la persona su derecho a las armas? Las leyes de Bandera Roja también buscan actuar antes de que se cometa un crimen, lo que preocupa a los defensores del derecho constitucional. Además, bajo restricciones actuales a la tenencia de armas, a la persona solo se le informa que es ilegal poseer el arma, y la policía no busca confiscar armas proactivamente. En la próxima sesión, los legisladores tendrán que sopesar la efectividad de las leyes actuales y el potencial riesgo de personas que podrían presentar una amenaza, pero no están cubiertas por los estatutos.
La audiencia del martes completó la serie que el comité programó para este período interino. El presidente del comité, Senador Larry Taylor de Friendswood, dijo que el comité preparará un informe basado en los testimonios de estas audiencias, para la primera semana de agosto.
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