AUSTIN Dos centros que alojan a inmigrantes en espera de audiencia legal para su solicitud de asilo podrían seguir reteniendo a niños bajo una propuesta aprobada tentativamente el martes por el Senado. En 2015, dos centros federales de residencia familiar abrieron en Texas cerca de San Antonio para alojar inmigrantes que ingresaron a EE.UU con sus hijos buscando asilo. Hubo un juicio contra esta práctica y la justicia determinó que todo establecimiento que aloje a menores debe estar certificado por el Departamento de Servicios Familiares y de Protección (DFPS) del estado, pero un juicio posterior sentenció que estos centros no cumplen los requisitos para obtener este tipo de licencia. En respuesta a esto, el Senador Bryan Hughes de Mineola ofreció el martes una propuesta que permitiría al estado certificar y dar licencia a estos establecimientos. El senador dijo que sin esta medida, estos centros tendrían que cerrar. “Si estos establecimientos cierran, los agentes federales deberán dejar en libertad a esta gente y esperar que se presenten a sus audiencias, o separar a los niños de sus padres”, dijo Hughes. “Ninguno de las dos parece una solución aceptable”.
Forzar a personas a consumir alcohol sería ahora considerado una forma de hazing o iniciación violenta, según una medida de la Senadora Judith Zaffirini de Laredo.
Su propuesta SB 1018 cuenta con la oposición de varios miembros. Uno de los establecimientos, ubicado en el Condado Karnes, cerca de San Antonio, fue construido inicialmente como prisión. El Senador Carlos Uresti de San Antonio, distrito donde está el centro, no cree que sea un buen lugar para mantener a niños. “Estos establecimientos no fueron diseñados para niños”, dijo. Hughes contestó que sus instalaciones fueron reconfiguradas y ahora ofrece un ambiente mucho menos restrictivo, incluyendo atención médica y lugares de recreación. Hughes agregó que la supervisión del estado a estos centros asegurará que se cumpla con estándares estatales. Pero Uresti mencionó la cláusula que permite a DFPS eximirlos de ciertos estándares si así lo determina el director de la agencia. La medida permitiría al director de DFPS eximir ciertos estándares mínimos para mantener intactas a las familias, como también por cualquier propósito “para la operación del centro de residencia familiar”. Uresti considera esta provisión demasiado amplia y le preocupa que da a la agencia un cheque en blanco para emitir licencias independientemente de las condiciones de los centros. Hughes dijo que funcionarios de la agencia presentaron testimonio en comité diciendo que la provisión es necesaria para mantener juntos a padres y niños, y solo se usará con ese fin. La medida recibió apoyo tentativo con un voto de 20 a 11 y podría recibir el voto final la semana que viene.
También el martes, El Senado aprobó una propuesta que ampliaría la definición de hazing --el rito de iniciación con vejación y/o violencia. La SB 50 de la Senadora Judith Zaffirini de Laredo incluiría la coerción para consumir alcohol bajo este delito. También clasificaría como coerción incitar a una persona a incumplir con leyes estatales. Hazing en Texas es un delito de Clase B, el que implica una pena máxima de seis meses en prisión y multa de $2,000. Si este ritual de iniciación causa grave daño físico se convierte en delito Clase A, con hasta un año en prisión. En incidentes que resultan en la muerte del iniciado, los agresores enfrentan sentencia de crimen con prisión estatal. La medida también amplía las protecciones a personas que denuncian este delito, ofreciéndoles inmunidad si lo reportan antes de ser contactados por la policía y cooperan con la investigación del suceso. La propuesta va ahora a consideración de la Cámara de Representantes.
El Senado vuelve a reunirse el miércoles 10 de mayo a las 11 a.m.
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