RESUMEN SEMANAL

AUSTIN – Los dos comités senatoriales que examinan propuestas relativas a educación celebraron esta semana sus primeras audiencias públicas. El Comité de Educación Superior consideró legislación que terminaría con la obligación de apartar un porcentaje del ingreso de matrículas, que algunos críticos describen como un impuesto oculto a los estudiantes. “La asequibilidad universitaria es un tema que la Legislatura debe resolver, pero no deberíamos ayudar a algunos estudiantes recargando a otros que bien podrían estar en la misma situación económica”, dijo el presidente del comité y autor de la medida Senador Kel Seliger de Amarillo.

Cuando la Legislatura liberalizó el precio de matrículas universitarias en 2003, también aprobó una medida para ayudar a estudiantes pobres a cubrir futuros aumentos en el costo de su educación superior. Bajo la ley actual, las universidades públicas deben apartar el 15 por ciento de los ingresos por matrículas y usarlo como asistencia financiera para estudiantes necesitados. En 2016, según Raymund Paredes, director de la Junta Coordinadora de Educación Superior, esos fondos ayudaron a más de 100,000 universitarios, pero agregaron un promedio de $459 anuales al costo de matrícula de otros estudiantes.

La propuesta SB 18 de Seliger terminaría con la obligación de apartar esos fondos, aunque las instituciones podrían seguir haciéndolo de forma voluntaria. Representantes de casi toda universidad pública en el estado presentes en la audiencia comunicaron su intención de seguir recaudando y reservando ese 15 por ciento, pero que ello dependería del nivel de financiamiento que reciban del estado para este próximo bienio.

Algunos miembros del comité expresaron inquietud sobre esos niveles de financiamiento, preocupados de que sean insuficientes y que el dinero asignado para asistencia financiera sea destinado a otros costos de operación. “Estamos teniendo enormes dificultades en la educación superior y cómo vamos a financiarla, y posiblemente enfrentemos grandes recortes en la educación superior”, dijo el Senador Kirk Watson de Austin, “Sinceramente no tengo fe en que el estado cubra esa brecha”.

La medida fue aprobada en comité con un voto de 4 a 2, y va ahora a consideración de la cámara senatorial.

El Comité Senatorial de Educación se reunió el jueves para examinar una propuesta que terminaría con la práctica de “pasar la basura”, donde maestros con antecedente de conducta sexual inapropiada son despedidos de un distrito pero consiguen trabajo en otro, a veces con total conocimiento de sus previos empleadores. “Hemos escuchado historias… donde, desafortunadamente, a veces, distritos escolares, administradores, en vez de ser transparentes en este tema parecen ir a contramarcha. Eso es realmente decepcionante”, dijo el Senador Paul Bettencourt de Houston. El senador dijo que el número de casos de relaciones inapropiadas entre maestros y estudiantes ha aumentado un 43 por ciento en este año escolar, con 93 casos reportados entre septiembre y enero, comparado con 68 en el mismo período de 2015/16.

La SB 7 de Bettencourt incluye penas criminales para todo director de distrito o escuela que no reporte casos de conducta inapropiada de maestros. También revocaría automáticamente la certificación de maestros que tengan sentencia diferida por conducta sexual inapropiada o estén incluidos en el registro de delincuentes sexuales. “Tenemos que quitar todo posible obstáculo para poder identificar a maestros o educadores con este problema y quitarles la licencia”, dijo el senador. Para prevenir que estos casos ocurran, la propuesta ordena que los distritos tengan claros lineamientos sobre el contacto permitido entre maestros y estudiantes en internet y redes sociales, y agregaría cursos para educadores sobre cómo evitar tales relaciones. La propuesta permanece pendiente en comité.

El Senado vuelve a reunirse el lunes 27 de febrero a las 2 p.m.

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