Comité aprueba propuesta para terminar con un mandato de asistencia en matrículas
AUSTIN – El Comité Senatorial de Educación Superior votó el miércoles a favor de una propuesta que terminaría con la obligación de usar ingresos de algunas matrículas universitarias para cubrir las matrículas de otros estudiantes. Denominado “apartados”, este programa fue aprobado luego de la liberalización del precio de matrículas en 2003. Desde entonces, sus opositores arguyen que es un impuesto oculto cobrado a algunos estudiantes, aumentando injustamente el precio de la matrícula para algunos y reduciendo su costo para otros. “La asequibilidad universitaria es un tema que la legislatura debe resolver, pero no deberíamos ayudar a algunos estudiantes cargándoselo a otros que bien podrían estar en la misma situación económica”, dijo el presidente del comité y autor de la medida Senador Kel Seliger de Amarillo.
Una propuesta del Senador Kel Seliger de Amarillo ya no obligaría a universidades a apartar un porcentaje de la matrícula para usarlo como asistencia financiera.
Hay dos tipos de matrículas en universidades públicas del estado: de estatuto y asignadas. Antes de la liberalización de matrículas en el año 2003, solo el estado podía fijar el precio de matrículas. En la Sesión 78º, la Legislatura votó para crear la matrícula asignada, que es básicamente lo que una institución decide cobrar por encima del precio de estatuto, fijado en $50 por hora/crédito para residentes de Texas. Ese mismo año, debido al temor de que el aumento de precios cerrara las puertas de la universidad a estudiantes pobres, la Legislatura creó el programa de “apartados”, donde el 15% de la matrícula por encima del precio de estatuto sería apartado para ayudar a financiar la matrícula de estudiantes necesitados. Según Raymond Paredes, director de Educación Superior, en 2016 esa cantidad equivalía a $459 anuales por estudiante.
Seliger señaló que esta propuesta no significa que las universidades tendrán que reducir sus precios de matrícula en un 15%. Las instituciones podrían seguir cobrando voluntariamente esta matrícula y usarla para ofrecer asistencia financiera como hasta ahora. De hecho, representantes de la mayoría de universidades públicas en Texas comparecieron ante el comité y dijeron que esperaban continuar cobrando esos fondos y usarlos como asistencia económica, aunque advirtieron que dependería del nivel de financiamiento que reciban del estado.
Eso inquietó a algunos senadores, preocupados de que los fondos estatales para el próximo bienio no sean suficientes para cubrir el costo de universidades, y que parte de esos fondos que se apartarían ahora de forma voluntaria se destinen a operaciones básicas en vez de asistencia financiera. “Estamos teniendo enormes dificultades en la educación superior y cómo vamos a financiarla, y enfrentamos posiblemente grandes recortes en la educación superior”, dijo el Senador Kirk Watson de Austin, “Sinceramente no tengo fe en que el estado cubrirá esa brecha”. La medida va ahora a consideración de la cámara senatorial.
También el miércoles, un grupo de senadores ofreció una conferencia de prensa para anunciar la introducción de una propuesta que impediría acciones federales de inmigración en ciertas instituciones sociales. La SB 997 de la Senadora Sylvia Garcia de Houston prohibiría que agentes policiales estatales o locales ejecuten leyes federales de inmigración en escuelas públicas, hospitales, juzgados y templos religiosos. “Esta medida literalmente trazará un círculo de respeto y confianza alrededor de estos lugares públicos”, dijo García. “Aún ICE en un memo del 2011 designó estos espacios como seguros y dijo que no intervendría en ellos”. Garcia agregó que la gente no debería tener miedo de ir a la iglesia u hospital, ni a un juzgado ni a la escuela de sus hijos. La SB 4, aprobada hace dos semanas por el Senado pero pendiente en la cámara baja, prohibiría normativas municipales o condales que prohíban a la policía local asistir en la ejecución de leyes federales de inmigración, aunque protege a víctimas y testigos de crímenes.
El Senado vuelve a reunirse el lunes 27 de febrero a las 2 de la tarde.
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