RESUMEN SEMANAL

AUSTIN – El Senado aprobó esta semana dos propuestas sobre temas considerados de emergencia por el Gobernador Greg Abbott, como lo comunicó en su discurso sobre el Estado del Estado la semana pasada. Las medidas para reforzar normas de ética para funcionarios públicos y para prohibir las ciudades santuario van ahora a consideración de la Cámara de Representantes.

La propuesta SB 4 del Senador Charles Perry de Lubbock ordenaría que toda ciudad cumpla con leyes federales de inmigración. Prohibiría las normas de las comúnmente llamadas ‘ciudades santuario’, donde en la actualidad se prohíbe o desalienta que la policía pida el estado migratorio de personas detenidas, o que entregue a sospechosos cuando lo piden funcionarios federales de inmigración. Perry dijo que el que autoridades de diferentes ciudades puedan elegir qué regla cumplir y cuál no, socaba el estado de derecho. “La mayoría de los ciudadanos, inmigrantes o no, ilegales o indocumentados, todos desean un sistema legal que se aplique ciegamente y sin prejuicios a todos por igual”, dijo el miércoles antes del voto final.

La propuesta fija penas tanto civiles como criminales para autoridades de jurisdicciones que siguen ofreciendo santuario. De convertirse en ley, las ciudades tendrían 60 días para cumplir, después de lo cual la procuraduría retendría ciertos fondos estatales para subsidios. Además, las autoridades de estas municipalidades santuario --como alcaldes, sheriffs o jefes de policía—podrían ser acusadas de delito clase A, con una pena de hasta un año en prisión.

Este controversial tema produjo 16 horas de testimonio en la audiencia pública que lo examinó la semana pasada, así como la oposición de varios senadores en la cámara. “Es una señal para muchos en nuestra comunidad de inmigrantes de que no son bienvenidos”, dijo el Senador Carlos Uresti de San Antonio en oposición a la medida, “que deben tener miedo de que cualquier pequeño error resulte en su deportación y que la policía existe no para protegerlos, sino para deshacerse de ellos”. La medida incluye exenciones para testigos y víctimas del crimen, pero algunos senadores consideran no será suficiente para prevenir fricciones en la relación entre comunidades de inmigrantes y la policía. La medida fue aprobada en el Senado con un voto partidista de 20 a 10.

Menos controversial fue una medida para reforzar normas éticas para legisladores. Como en la pasada sesión, la medida colectiva de ética se aprobó unánimemente en el Senado este martes, y el autor de la medida, Senador Van Taylor de Plano, dijo que es crítica para mantener la fe de la gente en la democracia. “Por eso esta medida es necesaria”, dijo, “es una afirmación a la gente de que nuestros esfuerzos por representarlos superan aún la apariencia de mala conducta o interés propio”.

La propuesta quitaría de su cargo a todo funcionario electo condenado por crimen durante su mandato, y si hubo abuso del cargo también perdería su pensión financiada por los contribuyentes. Además reforzaría los lineamientos para reportar pagos de cenas o entretenimiento por cabilderos o grupos de presión, reduciendo por la mitad el techo de lo que deben reportar e incluyendo lo recibido por cónyuge e hijos del funcionario. La medida intenta incrementar la división entre legisladores y cabilderos, ordenando a los primeros esperar una sesión legislativa completa a partir de su retiro para poder convertirse en cabilderos, y prohibiría que funcionarios activos sean también cabilderos registrados. Los funcionarios y sus familias también deberían reportar públicamente todo nexo privado en contratos de agencias de gobierno.

El Senado vuelve a reunirse el lunes 13 de febrero a las 2 p.m.

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