(AUSTIN) — Una propuesta que quitaría autoridad a la Fiscalía del Condado Travis en la investigación e imputación de casos de corrupción pública fue aprobada esta semana en el Senado estatal. La medida de la Senadora Joan Huffman de Southside Place daría esta autoridad de investigación a los Texas Rangers del Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas, y los casos serían finalmente procesados en el condado de residencia del funcionario acusado. Huffman dijo a sus colegas que un único condado no debería tener a su cargo el proceso de casos de todo el estado. “Después de más de tres décadas de aceptar esta norma cultural, el público ha perdido la confianza en esta tácita estrategia, y Texas necesita un proceso justo y explícito para hacer responsables a los malhechores”, dijo la senadora.
La Unidad de Integridad Pública en la Fiscalía del Condado Travis (PIU) ha estado involucrada en controversias desde que la Fiscal de Distrito Rosemary Lehmberg se declaró culpable por conducir en estado de ebriedad en 2013. El entonces Gobernador Rick Perry le pidió su renuncia, y cuando ésta se negó Perry vetó el financiamiento a su oficina en el presupuesto estatal. PIU ha estado operando con fondos limitados desde entonces, y la actual propuesta del presupuesto en el Senado no le asigna fondos para el bienio. La Cámara de Representantes considerará ahora el tema.
También esta semana el Senado aprobó dos medida que reformarían la preparación alternativa y educación continua de los maestros de escuelas públicas. Las medidas, SB 892 y 893, aumentarían la preparación alternativa de los maestros que entran a la profesión y continuarían apoyando su entrenamiento a lo largo de la carrera, dijo su autor, Senador Kel Seliger de Amarillo. “Necesitamos maestros más motivados que nunca”, dijo. Bajo las propuestas, cada clase de candidatos para el programa de preparación de maestros debería tener un promedio conjunto de 3.0 (GPA), y el requisito de entrenamiento en las aulas se duplicaría a 30 horas por candidato que busca la certificación alternativa. Las medidas harían más frecuente la evaluación de maestros, requiriendo evaluaciones anuales, y habría más opciones de desarrollo profesional producto de esa evaluación.
En acción de comité esta semana, el Subcomité Senatorial de Seguridad Fronteriza consideró una medida controversial que terminaría con las matrículas universitarias a precio estatal para los inmigrantes indocumentados. El programa fue aprobado originalmente en 2001, y permite que aquellos que ingresaron al país de niños traídos por sus padres pueden recibir la matrícula más barata del estado en universidades e institutos públicos, siempre que hayan vivido en el estado por lo menos tres años y se hayan graduado de la secundaria en Texas. La autora de la medida, Senadora Donna Campbell de New Braunfels, teme que esta práctica atrae más inmigrantes indocumentados a Texas. “Es una mala política que recompensa la inmigración ilegal a perpetuidad”, dijo la senadora. Los que se oponen a la propuesta de Campbell dicen que es un error castigar a estudiantes por acciones de sus padres. “Yo no creo que una educación universitaria tenga que ver con de dónde viene la persona, sino adónde va”, dijo el Senador José Menéndez de San Antonio, “Nunca deberíamos cerrar las puertas de la oportunidad a nadie”. La medida va ahora a consideración del pleno senatorial.
El Senado también deberá considerar la propuesta de presupuesto estatal, aprobada unánimemente el jueves por el Comité Senatorial de Finanzas. La medida de asignaciones por $211 billones financiaría los servicios estatales durante los próximos dos años, e incluye más fondos para seguridad fronteriza, salud de la mujer, salud mental, y para recortes de impuestos. La presidenta del comité, Senadora Jane Nelson, dijo a los miembros que piensa presentar la medida a debate y consideración en la cámara el martes de la semana próxima.
El Senado vuelve a reunirse el lunes 13 de abril a las 2:00 pm.
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