(AUSTIN) — El Senado aprobó tentativamente el miércoles una propuesta que transferiría la responsabilidad de investigar casos de corrupción pública: de la Fiscalía del Condado Travis a los Texas Rangers. La Unidad de Integridad Pública (PIU) ha estado involucrada en controversias desde que la Fiscal del Condado Travis Rosemary Lehmberg fue arrestada por conducir en estado de ebriedad en 2013. El entonces Gobernador Rick Perry usó su poder de veto por rubro, quitando el financiamiento a PIU después que Lehmberg se negara a renunciar. Sin financiamiento del estado, el futuro de la oficina encargada de investigar a funcionarios y empleados públicos acusados de corrupción quedó en el aire, hasta que el Condado Travis asignó una suma para que PIU continúe operando de manera limitada.
Cuando el Senado presentó su versión del presupuesto estatal a fines de enero, no asignó fondos para PIU. La presidenta del Comité de Finanzas y principal autora del presupuesto, Senadora Jane Nelson de Flower Mound, dijo que aunque las funciones de esa oficina son críticas, no debería operar en Austin. “Creo que es demasiado política”, dijo. Nelson mantuvo que los miembros del Senado decidirían dónde estaría ubicada la oficina, pero hasta entonces no se financiaría por el presupuesto Senatorial.
La medida, aprobada por primera votación el miércoles, pondría la Unidad de Integridad bajo el Departamento de Seguridad Pública, con los Texas Rangers encargados de investigar las denuncias de corrupción pública. Desde su creación a mediados de los ochentas, PIU ha operado asumiendo que todos los crímenes cometidos por funcionarios públicos han tenido lugar en el Condado Travis, dijo la autora de la medida, Senadora Joan Huffman de Southside Place. “Después de más de tres décadas de aceptar esta norma cultural, el público ha perdido la confianza en esta tácita estrategia, y Texas necesita un proceso justo y explícito para hacer responsables a los malhechores”, dijo Huffman.
Bajo su medida, la SB 10, los Texas Rangers dirigirían la investigación inicial de cada denuncia de corrupción pública. Los casos pasarían luego a la Fiscalía del Distrito (DA) donde reside el acusado. Esa fiscalía local podría solicitar que la oficina PIU asista en el progreso de la investigación, y el el/la fiscal tendría autoridad para dar por terminada la investigación debido a falta de evidencia. La SB 10 “finalmente crea un sistema para que el Estado de Texas despolitice el proceso con el que hacemos responsable a nuestros funcionarios públicos denunciados por corrupción, poniendo la decisión de responsabilidad legal en manos de más votantes que solo los de un condado”, dijo Huffman. La medida podría enfrentar el voto final esta semana.
También el miércoles, el Comité Senatorial de Finanzas votó por su versión del presupuesto, aprobando unánimemente una asignación de $211 billones para pagar por servicios estatales en el próximo bienio. Nelson dijo que intenta presentar la medida ante el pleno del Senado la próxima semana. La Cámara de Representantes aprobó su versión del presupuesto la semana pasada. Una vez que el Senado apruebe su propia versión, se nombrarán cinco miembros de cada cámara para reconciliar las diferencias entre las dos versiones. El producto final será presentado luego ante las dos cámaras para un voto final.
El Senado vuelve a reunirse el jueves 9 de abril a las 11:00 am.
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