(AUSTIN) — El Comité Senatorial de Finanzas inició el lunes las audiencias para el presupuesto, comenzando con el Artículo Cuatro, relativo a magistraturas y agencias judiciales. Entre los temas considerados estuvieron los presupuestos de cortes estatales de apelaciones y la Corte Suprema del estado, aunque el programa más controversial no fue incluido en el presupuesto. La presidenta del comité, Senadora Jane Nelson de Flower Mound, no asignó fondos para la Unidad de Integridad Pública (PIU) en el presupuesto inicial, diciendo que la Legislatura debe sopesar el alcance y ubicación de la agencia antes de financiarla. “Realmente creo que las funciones de la Unidad de Integridad Pública son muy importantes”, dijo Nelson. “Sé que va a haber una discusión en esta sesión… sobre dónde residirían esas funciones y a qué nivel se financiarían, así que no puse nada [en el presupuesto] hasta saber qué vamos a hacer con eso”.

PIU es una oficina financiada por el estado, ubicada en el Condado Travis y supervisada por el fiscal de distrito condal, encargada de procesar casos de fraude contra el gobierno, así como investigar denuncias de corrupción pública por empleados o funcionarios del gobierno. El financiamiento a PIU fue vetado en la pasada sesión por el entonces Gobernador Rick Perry, después de que la Fiscal de Distrito del Condado Travis Rosemary Lehmberg se declarara culpable de conducir en estado de ebriedad en abril 2013. Perry dijo que no se financiaría a PIU hasta que Lehmberg renunciara, y, cuando ella se negó, Perry usó su poder de veto para negarle fondos del presupuesto estatal. El Condado Travis asignó entonces fondos limitados para mantener algunas operaciones de PIU.

El Director de PIU Gregg Cox dijo que la gran mayoría de las actividades de PIU tratan de fraude contra el estado y no corrupción pública –la que llega a alrededor del ocho por ciento de los casos de la agencia. Desde la pérdida de fondos, dijo Cox, el procesamiento de casos de fraude en seguros e impuestos estatales al combustible han sido transferidos a los condados donde ocurrieron. Martin Cano de la Contraloría declaró que éstos sumaban 44 casos, de los que unos pocos esperan sentencia. Cano agregó que su oficina tuvo que invertir tiempo y dinero en informar a fiscales sobre las complejidades en casos de fraude en impuestos.

En cuanto a casos de corrupción pública, Cox dijo que la gran mayoría son procesos a empleados públicos, y que en este momento hay solo un caso de denuncia por mala conducta de funcionario público investigado por su agencia. Cuando la Senadora Joan Huffman de Southside Place le preguntó sobre las necesidades de personal para cumplir sus funciones en la investigación de corrupción, Cox estimó que la agencia necesita dos fiscales, un investigador y un analista forense para cubrir sus necesidades.

Nelson dijo a los medios hace dos semanas que la versión senatorial del presupuesto estatal no incluiría financiamiento a PIU. “El propósito de esto es darnos la oportunidad de decidir adónde pertenece”, dijo en la conferencia de prensa en enero. La senadora agregó que la Unidad sería financiada cuando lo decida la Legislatura, pero que ella no piensa que debería estar en Austin. “Personalmente no creo que le pertenezca al Condado Travis”, dijo Nelson, “pienso que es demasiado política”.

El Senado vuelve a reunirse el martes 3 de febrero a las 11:00 a.m.

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