AUSTIN – Un panel de senadores concentrado en el financiamiento a la educación pública expresó el miércoles que la mayor prioridad en el presupuesto deberían ser los fondos destinados a la instrucción en las aulas. Guiado por la presidenta del Comité de Educación, Senadora Florence Shapiro de Plano, el grupo manifestó que el estado y los distritos locales deberían considerar primero posibles recortes administrativos antes de pensar en despidos de maestros o recortes a material de instrucción. “El éxito de la educación pública empieza y termina en las aulas”, dijo la senadora.
Shapiro, quien preside también el subcomité encargado de recomendaciones presupuestarias sobre educación pública, propuso algunas maneras en que el estado podría recortar el gasto de educación pero mantener los fondos para maestros y estudiantes relativamente intactos. Primero, dijo, habría que reducir el número de mandatos estatales no financiados que se imponen a los distritos escolares, lo que ahorraría dinero a nivel local.
Segundo, Shapiro y sus colegas piensan que los creadores del presupuesto deberían reducir el gasto administrativo de la educación. Según la Junta Legislativa del Presupuesto, los salarios a personal que no es de enseñanza excede los $9 billones al año, y una reducción del 10 por ciento produciría ahorros de casi $2 billones durante el próximo bienio. “Los primeros recortes no deberían afectar a las aulas, sino la parte administrativa de la educación”, dijo el senador por Houston y vicepresidente del Comité de Educación, Dan Patrick. El subcomité de Shapiro planea entregar sus recomendaciones para el presupuesto de educación pública al Comité de Finanzas el jueves.
El miércoles en la cámara, el Senado aprobó unánimemente una medida que lucha contra la trata de personas en Texas. Desde el año 2007, 369 menores de 18 años han sido rescatados en Texas de manos de tratantes de personas, que usan a los menores como esclavos modernos, para trabajo y sexo. La senadora por San Antonio Leticia Van de Putte es autora de una propuesta que busca aumentar las penas para la trata de personas. Bajo la medida, los delitos de tráfico de personas se clasificarían como “3-G”, igual a la violación o el asesinato. También se prolongaría el estatuto de limitaciones en estos crímenes, y permitiría a los padres o guardianes de menores obtener órdenes de protección contra presuntos traficantes. La medida va ahora a consideración de la Cámara de Representantes.
El Senado vuelve a reunirse el jueves 24 de marzo a las 8:30 para considerar medidas locales y no controversiales, y luego en sesión regular a las 10 de la mañana.
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