AUSTIN – Los temas relativos a cómo el estado paga y maneja sus obras viales han sido los más destacados en esta semana y en lo que va de la sesión. La mayor parte de la controversia sobre movilidad se concentra en el propuesto sistema de carreteras y autopistas de peaje denominado Corredor Trans-Texas. Los opositores critican la política estatal de entrar en acuerdos de desarrollo integral (CDA), que transfieren los derechos de administración a entidades privadas que construyen y mantienen los caminos. Sus críticos dicen que estos negocios dejan al público afuera y no son lo suficientemente responsables y transparentes, y muchos legisladores están de acuerdo. El Senado aprobó tres medidas esta semana, tratando algunos de los problemas que tienen muchos tejanos con la expansión de carreteras de peaje.
La propuesta SB 1795 trata de dar al estado mayor acceso a otras fuentes de financiamiento además de las asociaciones público-privadas. La medida, creada por el presidente de Finanzas Steve Ogden, duplicaría la cantidad de bonos que el estado podría emitir para proyectos viales, de $3 a $6 billones. El Vicegobernador David Dewhurst dijo que esta medida es una manera de decir al Departamento de Movilidad de Texas (TxDOT) que no tiene que recurrir a CDAs para pagar las carreteras. “La SB 1795 envía a TxDOT el enérgico mensaje de que tenemos recursos adicionales aquí en Texas, y aunque creo que existe un papel legítimo para la inversión público-privada en carreteras aquí en Texas, tenemos que asegurar, de ser posible, que usamos fondos estatales y construimos carreteras tan económicas como sea posible”, indicó.
Ogden también promovió la SB 718, que limitaría a TxDOT a una selección de rutas identificadas con anterioridad, denominada Texas Trunk System, con un enfoca en la ampliación de carreteras existentes en vez de en nueva construcción. Si TxDOT decide que un proyecto no encaja en este modelo, deberá notificar a la Legislatura dentro de los diez días.
El presidente del Comité de Movilidad y Seguridad Patria, Senador John Carona, está de acuerdo en que el estado debe hallar financiamiento fuera de las asociaciones público-privadas, pero propone un aumento en el impuesto a la gasolina para hacerlo. En conferencia de prensa el lunes, Carona pidió a sus colegas de la Cámara de Representantes considerar una medida que ajustaría el impuesto a la gasolina según un indicador económico variable, como el Indice de Costo de Carreteras (HCI). Actualmente, el impuesto a la gasolina en el estado es de 20 centavos por galón, y se ha mantenido igual desde 1991. Carona dice que apenas cubre el mantenimiento de carreteras, y con el costo de construcción aumentando continuamente, muy pronto no cubrirá ni eso.
Aumentar el impuesto a la gasolina, dice Carona, es mucho más barato y considerado para los conductores que pagar el peaje. Para el 2030, dice, el aumento del impuesto a la gasolina dependiente del HCI costará al conductor medio $21 por mes, en vez de alrededor de $100 por mes en peaje. De cualquier manera, el estado podría enfrentarse a una crisis en vialidad si no cambia su modelo de financiamiento, dijo Carona. “Estamos en un momento decisivo”, explicó. “Podemos continuar con nuestra actual, peligrosa política de movilidad por la que el público ha mostrado un creciente disgusto, o podemos adoptar una herramienta esencial para crear un plan de vialidad receptivo y a largo plazo, que sirva mejor a los tejanos ahora y en los años venideros”.
La Constitución de Texas dispone que las propuestas legislativas relativas a impuestos deben surgir de la Cámara de Representantes; las medidas relativas a impuestos de combustible están todavía en comités de la cámara baja.
Otra medida enfocada en aumentar la transparencia de contratos público-privados fue aprobada el miércoles. La SB 995, de la Senadora Jane Nelson de Lewisville, requeriría que entidades que tratan de entrar en un proyecto de construcción con TxDOT deben divulgar los detalles financieros del contrato propuesto, en periódicos de las áreas que abarca el proyecto. Las entidades deberían también celebrar audiencias públicas antes de firmar el contrato.
Otras dos medidas para regular las controversiales cámaras en semáforos en rojo fueron aprobadas por el Senado esta semana. Los que proponen estas cámaras, instrumentos automáticos que toman fotos de infractores de tráfico, dicen que aumentarían la seguridad pública, mientras que sus detractores dicen que son simplemente otra manera para que las ciudades recauden dinero. Las dos medidas aprobadas esta semana representan un compromiso entre estas dos posiciones, limitando las multas y su destino, sin prohibir el uso de las cámaras.
La SB 125 y SB 1119 del Senador John Carona trabajan al unísono para codificar, por primera vez, las leyes estatales relativas a estas cámaras. Las medidas limitarían las multas por infracciones probadas con estas cámaras a $75 dólares. La mitad de los ingresos netos irían al estado para compensar costos de traumatología en la región donde se recaude la multa, y la otra mitad se destinaría a seguridad pública. Las medidas también requerirían a ciudades conducir un estudio de ingeniería antes de instalar las cámaras, para probar que son necesarias para la seguridad pública en ciertas intersecciones. Carona dice que estas medidas garantizan que estas cámaras sean usadas para mejorar la seguridad y no solo como otra manera de recaudar dinero. “Realmente pienso que estamos asegurando que estas cámaras vayan a lugares donde hagan bien al público, y que no sean meramente una manera fácil de hacer dinero”, explicó.
El miércoles, el Comité de Movilidad y Seguridad Patria aprobó una medida para detener todo CDA por 24 meses, permitiendo al estado estudiar el tema más ampliamente. La medida pararía la construcción del Corredor Trans Texas por dos años, pero el Vicegobernador Dewhurst dijo que esperará, para ver si los legisladores y representantes de la agencia pueden llegar a un compromiso aceptable. “Voy a guardar la medida por un rato, a ver qué tipo de progreso logra el presidente (Sen. Carona) en su negociación con la cámara baja”, dijo.
El Senado vuelve a reunirse el martes 10 de abril a las 11 de la mañana, después del feriado de Semana Santa.
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