AUSTIN – La Legislatura reinició hoy el proceso de reforma al sistema con que el estado paga por la educación pública, después de fracasar en dos sesiones regulares y tres especiales. Este nuevo intento es crítico porque la Corte Suprema de Texas dio plazo a los legisladores hasta el 1º de junio para resolver la situación. La Corte decidió en noviembre que el actual sistema de financiamiento a escuelas públicas, el que depende mayormente de los impuestos a la propiedad, es inconstitucional. La Corte dispuso que el límite estatal en el índice de impuestos a la propiedad, junto con el número de mandatos requeridos a distritos locales por el estado, no da a distritos suficiente discreción. Esto convierte al sistema en un impuesto estatal a la propiedad, prohibido por la constitución. La Suprema dio a la Legislatura hasta el 1º de junio para resolver el problema o arriesgar el cierre de las escuelas públicas en Texas.
La Senadora por Plano Florence Shapiro, presidenta del Comité Senatorial Selecto de Reforma Educativa y Financiamiento a Escuelas Públicas, dirigirá el esfuerzo. El comité celebró hoy la primera de varias audiencias para tratar de diseñar un nuevo sistema que no constituya un impuesto estatal a la propiedad. El comité no sólo tendrá que reformar el sistema para cumplir con el fallo de la corte, dijo Shapiro, sino que tratará de mejorar el sistema de educación del estado, enfocándose en la compensación a trabajadores, calidad de escuelas secundarias y preparación para la educación superior. “Yo creo que uno de los problemas que plagaron nuestros esfuerzos la vez pasada fue que tratamos de ser demasiado amplios y tratamos de hacer demasiado”, dijo Shapiro. “Mi deseo es digerir las consecuencias que nos reúnen hoy, y asegurar que esta vez tratemos inteligentemente de construir nuevamente y trabajar para empezar de nuevo y enfocarnos en unas pocas cosas y hacer pocas cosas pero bien”.
El comité recibió testimonio del Procurador General Ted Cruz sobre el fallo de la Corte Suprema y cómo puede el estado cumplir su mandato. La razón por la que la Corte declaró inconstitucional al actual sistema es, según Cruz, que los distritos locales no tienen suficiente libertad para fijar el valor de los impuestos a la propiedad y cómo usar esos fondos. La ley estatal permite a distritos escolares aumentar los impuestos a la propiedad hasta $1.50 por cada $100 de tasación de la propiedad, lo que, dijo Cruz, no constituye per se un impuesto estatal a la propiedad. El desafío constitucional se da al considerar lo que debe gastar cada distrito para cumplir con los estándares educativos establecidos por el estado.
Los demandantes en la Corte Suprema adujeron que, como el estado impone ciertos estándares educativos –como reducir el índice de abandono escolar, los distritos deben aumentar los impuestos a la propiedad por encima del límite de $1.50 para poder cumplir. Esto constituye, en toda su intención y propósito, un impuesto estatal a la propiedad. La Corte coincidió con este argumento, y fijó el 1º de junio como plazo para que el estado presente una solución.
Cruz ofreció posibles opciones para cumplir el mandato de la corte. La primera y más simple es aprobar una enmienda constitucional permitiendo al estado fijar un impuesto estatal a la propiedad. La segunda sería hallar un método de financiamiento a la educación que no dependa tanto de la recaudación de impuestos a la propiedad. Ambas soluciones requerirían cambios fundamentales en la manera en que el estado paga por las escuelas. Cruz sugirió también maneras de operar dentro del actual sistema para dar a distritos mayor discreción para fijar las tasas impositivas, ya sea aumentando el actual tope o dando a distritos fondos adicionales para que las escuelas cumplan con mandatos estatales.
Shapiro advirtió a los miembros del comité que esta vez la Legislatura se enfrenta a consecuencias graves si no logra llegar a un consenso. “Tenemos un plazo límite. El que no piense que éste es un plazo serio está definitivamente equivocado. Tendremos que cerrar las escuelas si no llegamos a una decisión para el 1º de junio, en mi opinión”.
El comité volverá a reunirse el martes 6 de febrero para recibir más testimonio de funcionarios estatales y locales de la educación.
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