AUSTIN – Los tejanos podrían reducir sus costos telefónicos de larga distancia y tener más proveedores de servicios telefónicos si una medida aprobada hoy por el Senado se promulga en ley. La propuesta de ley HB 789 de la Cámara de Representantes, promovida por el Senador Troy Fraser de Horseshoe Bay, reduciría la regulación del gobierno a compañías de teléfonos en un esfuerzo por atraer más compañías telefónicas al mercado. “Estamos tratando de progresar en la ordenada transición hacia un mercado abierto y competitivo”, dijo Fraser.
El senador explicó que Texas comenzó a liberalizar el mercado de telecomunicaciones en 1995, cuando una compañía era dueña de más del 90% de las líneas telefónicas en el estado. La Legislatura aprobó una ley en ese año, requiriendo a esa compañía compartir las líneas con competidores. Desde entonces, se han abierto alrededor del 20% de las líneas telefónicas a otros proveedores de servicios. Además, en los últimos tres o cuatro años se han creado nuevas tecnologías que dan a consumidores más opciones al elegir servicios de telecomunicaciones. Los proveedores de teléfono por Internet, servicios telefónicos por cable y teléfonos celulares ofrecen alternativas viables a las líneas telefónicas tradicionales. La intención de la HB 789 es dar a estas nuevas tecnologías una participación justa en el mercado, para asegurar precios más bajos para consumidores.
La HB 789 autorizaría un estudio del mercado de telecomunicaciones en Texas para determinar las áreas que ya tienen amplia competición. Con este propósito, la definición de competición sería de por lo menos tres competidores al proveedor dominante en el mercado. La mayoría de las áreas urbanas tienen varios proveedores de telecomunicaciones, así que la regulación del gobierno en estos mercados disminuiría a partir del 1º de enero del 2006. Los mercados suburbanos que cumplen el criterio de competitividad serían abiertos el 1º de julio del 2006. En áreas rurales, la Comisión de Servicios Públicos (PUC) tendría discreción para determinar qué mercados tienen competición adecuada.
La medida también eliminaría los cargos estatales de acceso para llamadas de larga distancia, tomando el estándar federal de un centavo por minuto. Fraser dijo que los consumidores que usan el proveedor dominante en el estado verían sus llamadas de larga distancia reducidas en alrededor de cinco centavos por minuto.
El Senado también envió hoy una medida a consideración del gobernador que haría cambios significativos en el sistema de libertad condicional o vigilada en el estado, en un esfuerzo por reducir el número de infractores técnicos que son mandados de vuelta a prisión, y reducir el número de casos que maneja cada agente de libertad vigilada. El senador por Houston John Whitmire ha expresado preocupación por el números de personas en libertad condicional que son enviadas a prisión por infracciones técnicas, y que el número de personas en libertad condicional que maneja cada agente es demasiado alto. Parte del problema, dijo Whitmire, es que las sentencias de libertad vigilada son demasiado largas, y se prolongan mucho después que el ex prisionero es rehabilitado. “El problema actual es que tenemos mucha gente en libertad vigilada que ha probado haberse reformado y ya no necesita esa supervisión”, dijo Whitmire.
La propuesta de ley HB 2193 de la cámara baja, promovida por Whitmire en el Senado, fijaría en 10 años la sentencia máxima de libertad vigilada para crímenes de primer y segundo grado, delitos cometidos con arma y delitos sexuales, con una sentencia vigilada máxima de cinco años para todo otro crimen. Los delitos menores tendrían una sentencia vigilada máxima de dos años.
La medida requeriría a jueces revisar las sentencias de libertad condicional todos los años después de cumplirse la mitad del término, y autorizaría al juez a dar por terminada la sentencia si considera que el/la ex delincuente no representa un riesgo para la sociedad. El resultado, dijo Whitmire, será que las personas para las que la libertad vigilada funcionó no serán sometidas a largos términos que no benefician al individuo ni a la sociedad. El senador agregó que la HB 2193 reduciría el número de casos de 150 a 116 por cada agente de libertad vigilada, dando a estos oficiales más tiempo para dedicar su atención a aquellos que realmente la necesitan.
Whitmire estima que el número de personas en libertad vigilada en Texas se reduciría en alrededor de 2,000 en el año 2006, y más de 5,000 en el 2007. La versión senatorial del presupuesto también incluye más fondos para el sistema de libertad vigilada, incluyendo fondos para más agentes. Whitmire insistió en que la medida es ‘dura contra el crimen’, dando a los agentes el tiempo y recursos que necesitan para enfocarse en las personas que no cumplen los términos de su libertad vigilada. “Yo quiero la regla más dura para aquellos en libertad condicional, pero una que funcione”, concluyó el senador.
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