AUSTIN - El Comité Senatorial de Justicia Criminal se reunió el martes 18 de abril en el capitolio estatal. Integran el comité los Senadores Ken Armbrister de Victoria como presidente, Robert Duncan de Lubbock como vicepresidente, Mike Jackson de La Porte, Jane Nelson de Flower Mound, Florence Shapiro de Plano, Royce West de Dallas y John Whitmire de Houston.
El comité recibió testimonio público sobre los cargos emitidos por el Vicegobernador Rick Perry, para ser estudiados durante el ínterin. Esta audiencia se enfocó en los cargos 1, 3, 9 y 10.
El Dr. Tony Fabelo, Director Ejecutivo del Criminal Justice Policy Council (Consejo de Normas Gubernativas de Justicia Criminal), comenzó con testimonio sobre el cargo 10. Este ordena al comité examinar las necesidades en la capacidad de instalaciones correccionales para adultos y jóvenes. Fabelo ofreció un amplio examen de las proyecciones y planificación de la población correccional adulta y juvenil del ínterin. El dijo que la Comisión Juvenil de Texas (TYC) tiene capacidad suficiente hasta el año 2003. Después de esa fecha se necesitarán expansiones o nuevas construcciones. El índice de crímenes juveniles ha disminuido durante los últimos dos años, y los expertos piensan que esta tendencia continuará en los próximos años hasta finalmente estabilizarse. Pero aunque el número de nuevos prisioneros ha disminuido, aquellos que están internos sirven sentencias más largas, incrementando la población interna en general.
Más de la mitad de estos jóvenes prisioneros pertenecen a la categoría de "delincuentes generales", aquellos encarcelados por drogas, robos y otros crímenes a la propiedad. Un pequeño porcentaje es de delincuentes violentos, y el resto espera sentencia. La capacidad de TYC aumentará de 5.367 en 1999 a 6.120 en el 2003. Después, la capacidad adicional contratada costará alrededor de 1.700.000 dólares en el 2003, y 4.800.000 dólares en el 2004. Respondiendo a un pedido de fondos futuros para construir nuevas instalaciones o expandir las existentes, el Senador West opinó que debería encontrarse otra manera, una que vaya a la raíz del problema en vez de seguir encerrando a tantos de nuestros jóvenes.
Siguiendo la misma tendencia, el Departamento de Justicia Criminal de Texas necesitará 3.911 camas adicionales para cubrir la demanda del año 2000. Esto se conseguirá con la expansión y reconfiguración de instalaciones existentes. Aunque el número de crímenes sigue en baja, los cambios en las normas de sentencias han incrementado la demanda de lugares. Gente que era sentenciada a servir en prisiones condales reciben ahora sentencias a ser servidas en cárceles estatales. Fabelo reportó que el número de nuevas admisiones en cárceles estatales en febrero del 2000 fue el más alto a la fecha. También ha habido un aumento en el número de revocaciones de libertad condicional, 19% más alto ahora que en 1999. Tardanzas en la apertura de nuevas unidades carcelarias también contribuye al problema.
El Senador Whitmire mostró gran preocupación sobre el funcionamiento de la Junta de Libertad Condicional. El senador dijo que no están dando esta libertar a todos los prisioneros que debieran. Whitmire mencionó el caso de 5.000 ciudadanos mejicanos encarcelados en cárceles estatales, de los que 3.600 son elegibles para recibir libertad condicional. La mayoría de estos extranjeros están encerrados por DWI (conducción en estado de ebriedad). Whitmire opina que, después de tratamiento o programa, debería ser liberados y enviados a Méjico, tomando ciertas medidas para que no regresen. Su consejo fue el asegurar la seguridad pública, pero arriesgar algo también para evitar la sobre capacidad en cárceles y prisiones. Y agregó que deberíamos destinar las camas carcelarias a criminales violentos y depredadores sexuales de niños. Las instalaciones para sanciones intermedias e implementos de vigilancia electrónica podrían aliviar la sobre población en cárceles estatales. El senador mencionó que el desarrollo económico que brinda la construcción de instalaciones carcelarias a algunos condados de Texas podría ser un factor para mantener tanta gente en prisión. Whitmire pidió a la Junta de Libertad Condicional someter a los prisioneros a exámenes de libertad condicional más frecuentemente que una vez cada dos o tres años. El representante de la junta presente en la reunión defendió la posición de su junta, respondiendo que solo tratan de asegurar la seguridad pública. También informó al comité que la reincidencia entre ex prisioneros es de hasta el 50%.
A continuación, se discutió el cargo 9, que ordena al comité evaluar los esfuerzos para cobrar multas criminales, y tasas y costos impuestos por las cortes, para determinar cómo pueden reforzarse los esfuerzos de cobro, incluyendo incentivos para incrementar el cobro. El comité determinará qué tasas pueden imponerse a delincuentes, y qué entidades tienen derecho a una porción de las tasas cobradas. Representantes de agencias estatales, jueces y tesoreros condales, así como los miembros del comité, ven la necesidad de simplificar el sistema. Uno de los temas discutidos fue el las multas y tasas que permanecen sin cobrar. Todos los pagos parciales cubren primero las tasas estatales para financiar, por ejemplo, nueva tecnología y seguridad en las cortes. Las multas sin cobrar por crímenes graves y leves crean ingresos no obtenidos que causan problemas en las cortes locales. El Senador Armbrister estuvo de acuerdo en que el sistema debe ser revisado. Aquellos que no pueden pagar obtienen planes para pago posterior. El negarse a pagar puede llevar a la obligación de servicio comunitario y hasta prisión. Otro tópico discutido fue el alto precio de las tasas requeridas para levantar quejas en las cortes condales.
La audiencia continuó con la discusión del cargo 1. Este ordena al comite determinar si la investigación de "crímenes fríos", especialmente aquellos violentos, conducidas por personal especialmente entrenado, debería reforzarse con recursos y personal adicionales, dentro del Departamento de Seguridad Pública. El testimonio presentado al comité se basó en las nuevas tecnologías y el énfasis en el trabajo de equipo aplicado a las investigaciones.
El cargo 3 fue el último en ser tratado. Este ordena al comité examinar los estatutos actuales sobre la supresión de récords criminales, determinar si los récords criminales deberían mantenerse con acceso separado para personas y entidades que no son consideradas policiales, de aquellas personas o entidades que sí lo son. El comité deberá también asegurar que los derechos de privacidad personal son adecuadamente protegidos en la información mantenida por el Departamento de Seguridad Pública, otras agencias estatales que mantienen récords criminales de acceso público, y la policía local. El comité considerará también otros temas y procedimientos relativos a la supresión y tratamiento de récords criminales por entidades policiales, y si estos récords deberían ser compartidos con otras entidades. El comité asegurará además que los derechos de privacidad son adecuadamente protegidos.
El comité levantó la sesión sujeto al llamado de su presidente. Los miembros someterán un informe a ser usado en el diseño de legislación por la Legislatura 77a, la que se reúne en enero del 2001.
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