HARLINGEN - La Fuerza de Tarea Cinta Azul sobre los No Asegurados se reunió hoy, jueves 20 de enero de 2000, en el hospital Valley Baptist de Harlingen. La fuerza de tarea está examinando la regulación estatal de seguros médicos y el formulado de pólizas de seguros médicos.

Los miembros de la fuerza de tarea incluyen: Senador Chris Harris de Arlington como presidente, Senador David Bernsen de Beaumont, Diputado Garnet Coleman de Houston, Dra. Nancy Dickey de Bryan, Diputado Craig Eiland de Dickinson, Diputado Bob Glaze de Gilmer, Dr. John Goodman de Dallas, Sr. Boone Powell de Dallas y Senador Eliot Shapleigh de El Paso. También se unió a la fuerza de tarea para la reunión de hoy el Senador Eddie Lucio de Brownsville, quien dio la bienvenida a su distrito a los miembros, refiriéndose a que el alto desempleo en el Valle del Río Grande hace de un seguro médico accesible un tema de gran importancia para una población regional en rápido crecimiento.

La fuerza de tarea comenzó con testimonio invitado sobre regulación de seguros médicos. D. Mark Weinberg, de Seguros de Vida y Salud Unicare, fue el primero en testificar. El dijo que ambos, los enfermos y aquellos con buena salud, tienen que participar en el plan de salud para que sea solvente. Weinberg agregó que los planes de salud que permiten a pacientes elegir por lo menos una porción del plan es a donde se encamina el futuro mercado del seguro médico. El Presidente Harris interrogó a Weinberg sobre informes de que ciertos administradores de planes de salud están ganando entre uno y 60 millones de dólares al año. El Presidente Harris acotó que estos administradores necesitarían controlar sus propios costos internos.

Dianne Longley, del Departamento de Seguros de Texas, testificó sobre la dificultad de ofrecer seguros a gente que trabaja para pequeños empleadores. Rhonda Myron, también del Departamento de Seguros, explicó que el estado no puede regular todos los planes, debido a regulaciones federales y otras.

El ex Senador Jerry Patterson, representando a la Asociación de Planes de Salud de Texas, también se dirigió a la fuerza de tarea. El dijo que aproximadamente el 24% de los tejanos no tiene seguro médico y que ese número se podría reducir en un tercio. Patterson agregó que algunos tejanos - como los desempleados crónicos o los desamparados--siempre serán cubiertos por el público, que no hay seguros convenientemente disponibles para otros, y que también hay gente que simplemente se niega a adquirirlos. El dijo que los aseguradores y asegurados eventualmente terminan pagando por cada tejano que no puede o se niega a pagar por los servicios médicos.

Mike Pollard, de la Asociación de Aseguradores de Vida y Salud de Texas, hizo una reseña de la historia del seguro de salud en Texas, y dijo que tratamientos futuros, como corazones artificiales, podrían costar cientos de miles de dólares, y que necesitamos saber de cuánto serán estos costos. Pollard agregó que necesitamos identificar a aquellos que no están asegurados y diseñar variantes a las que ellos puedan acceder.

Kathy Mitchell, en representación de la Unión de Consumidores y un número de agrupaciones, dijo que se requiere algún tipo de subsidio público para que la reforma a los seguros funcione para todos, y que se necesita compartir riesgos para que todos los asegurados compartan los costos.

En cuanto al desarrollo de pólizas de seguros médicos y cómo se venden, los miembros escucharon a Bob Walton, de la Asociación de Agentes de Seguros de Texas. El se refirió a que, si no se puede explicar absolutamente todo en una reunión de media o una hora con el potencial cliente, casi todo aquel que no tiene una condición médica previa puede calificar para una póliza.

Lou Cattana, de la Asociación de Aseguradores de salud de Texas, dijo que, hablando estrictamente como agente, algunas tasas de planes de servicio no funcionan porque esos planes no reciben los mismos cortes en precio que reciben las Organizaciones de Mantenimiento de la Salud (HMOs, sus siglas en inglés) y las Organizaciones de Proveedores Preferidos (PPOs, sus siglas en inglés), y que el pago de medicamentos es uno de los costos más altos.

Gilbert Pena, de la Asociación de Asesores de Seguros y Financieros de Texas, dijo a los miembros que cuando el estado ordena a las compañías cubrir ciertas enfermedades, los precios suben y la gente tiende a no adquirir seguros. Dijo que ciertos estudios muestran que solo la cobertura de dependencia química aumenta los costos en casi el 10%.

Esto fue seguido por testimonio público. Dora Cepeda, residente de Harlingen, habló de cómo su hija fue atacada por una enfermedad de los riñones. Cuando Cepeda comenzó un nuevo trabajo, se le negó cobertura a su hija, aduciendo la compañía que la condición de su hija era preexistente. Cepeda tampoco podía pagar por una cobertura total y no podía tampoco calificar para recibir asistencia pública. Ella dijo que su familia hubiera sufrido la ruina financiera sin la ayuda provista por el centro comunitario de salud para migrantes del Valle del Río Grande, Su Clínica Familiar.

Luego testificó Leticia Morales, una viuda con cuatro hijos, uno de ellos incapacitado, que no puede calificar para recibir asistencia. A ella le preocupa que uno de sus hijos necesite asistencia médica que ella no podrá proveer, debido a que no puede pagar por un seguro. Como Dora Cepeda, Morales no puede acceder a asistencia pública. Los miembros de la fuerza de tarea sugirieron que ella investigue sobre el nuevo Programa de Seguros de Salud para Niños (CHIP, sus siglas en inglés), que tal vez la pueda ayudar.

Maria Delgado, de Harlingen, dijo que ella también tiene dos hijos incapacitados. Delgado no califica para asistencia pública y no puede pagar un seguro privado.

Rosie Skinner, de San Benito, testificó que sus tres hijos son pacientes de Su Clínica Familiar, uno de ellos con una enfermedad del hígado. Cuando Skinner recibió un aumento de 20 dólares, sus beneficios de Medicaid fueron cortados.

Frank Vasquez, de Su Clínica Familiar, dijo a los miembros que la organización que representa sirve a 25.000 personas al año. En los condados de Cameron y Willacy solamente, un tercio de las personas no tiene seguro médico. La mitad de ellos son niños. Aún peor, el número de no asegurados en su clínica está aumentando, y tiene cientos de personas en lista de espera. Cuando el no asegurado finalmente consigue una cita, tiene múltiples problemas y requiere servicios costosos. El dice que es difícil calificar para una cobertura de Medicaid, y que el programa de seguros CHIP ayudará un poco.

El Dr. Ruben Martinez, obstetra y ginecólogo de Harlingen, testificó que el indigente no asegurado no puede pagar la atención médica ni el seguro. Además, tampoco puede pagar el viaje a San Antonio o algún otro lugar en busca de tratamiento. El agregó que los problemas locales del Valle del Río Grande podrían ser resueltos creando un distrito de hospital local. El criticó también al Departamento de Salud estatal por su plan de cerrar el Hospital South Texas, un lugar donde él había atendido a pacientes indigentes en el pasado.

Bill Adams, del Centro Médico Valley Baptist, testificó que no existe un hospital público en el Valle del Río Grande, y que los hospitales privados deben cubrir los gastos. En un año, Valley Baptist sumó más de 23 millones de dólares en servicios a pacientes no asegurados que no pueden pagar sus facturas.

Patricia Fogerty, de McAllen, testificó que la infraestructura del Valle del Río Grande no es capaz de tratar a toda la gente que necesita asistencia.

El Dr. Stan Fish, de Harlingen, testificó que aproximadamente el 20% de sus pacientes tiene que pagar de sus bolsillos la asistencia médica. No pueden pagar seguro porque no tienen dinero suficiente. El pidió a la Legislatura de Texas que aliente a los gobiernos locales a cooperar para que exista asistencia a indigentes disponible.

El comité finalizó la reunión sujeto al llamado del presidente. La fecha y lugar de la siguiente reunión se anunciará en el futuro.

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