Por Royce West
Senado de Texas

Para los miembros de la Legislatura de Texas y aquellos que trabajan en su órbita, los días desde el fin de la Sesión Regular 87°, el Día de la Memoria, han sido de todo menos vacaciones de verano o la vuelta a nuestras vidas como legisladores de tiempo parcial. Durante este período, yo junto a colegas demócratas hemos viajado dos veces a la capital de la nación. Y todos hemos hecho el camino de Austin a casa como si la Sesión Regular no hubiera terminado. ¿Por qué? Porque el gobernador y algunos legisladores insisten en aprobar una medida que, en la opinión de muchos, dificultaría el voto de gente que no coincide con ellos ni los vota.

Como a la SB7 se le negó aprobación la última noche de la Sesión Regular, mis colegas republicanos ofrecieron una nueva versión, la SB1 durante la primer Sesión Especial, que ellos juran facilitará el voto y protegerá contra un supuesto y extendido fraude en el voto (ver ¡Gran Mentira!).

Aunque la SB1 borró provisiones previas que hubieran permitido anular elecciones solo por denuncias no corroboradas de votos ilegales, sigue imponiendo barreras que podrían desalentar a personas que asisten a ancianos o discapacitados en el proceso de votación. Y aunque los acompañantes de una persona que vota desde el bordillo en un vehículo ya no tendrían que salir del mismo –como disponía la SB7, toda persona que conduce a las urnas a tres o más votantes que no son familiares tendría que llenar un formulario y entregarlo a los trabajadores electorales.

En los viajes a Washington D.C., los demócratas en el Senado y Cámara de Representantes de Texas nos reunimos con la Vicepresidenta Kamala Harris, el líder mayoritario del Senado Chuck Schumer, la Portavoz Nancy Pelosi de la cámara baja, el líder mayoritario de esa cámara James Clyburn y el Senador Joe Manchin, así como los representantes demócratas de Texas: Eddie Bernice Johnson, Al Green, Sheila Jackson Lee, Marc Veasey y otros miembros de la bancada. Nuestra meta es proveer detalles de primera mano sobre una propuesta que criminalizaría a trabajadores electorales locales y estatales por infracciones fabricadas, permitiendo a la vez que observadores electorales motivados políticamente puedan intimidar y violar la privacidad de votantes.

Le presentamos el caso a Schumer, Manchin y la Senadora Amy Klobuchar de que Texas necesita que el Congreso apruebe la HJR 1 (For the People Act), que entre sus provisiones eliminaría el gerrymandering o manipulación en el diseño de distritos electorales que permite a políticos de un partido mayoritario crear distritos no competitivos a su favor, mientras se fracturan o acumulan las bases de votantes de sus opositores. Le imploramos al Senado de EE.UU. que apruebe la HR4 (John Lewis Voting Rights Advancement Act) para restituir los requisitos de pre-autorización en cambios de leyes electorales en estados como Texas y otros con antecedentes de discriminación de votantes.

Aunque no hay garantías de que el Senado tome pronta acción, lo que ha ocurrido es que la lucha de los demócratas de Texas, y aquellos en Georgia y Arizona, se ha difundido en medios de prensa y televisión. Y en semanas recientes, miembros del Congreso han asumido el reto iniciado por luminarias de los derechos civiles, como John Lewis, uniéndose a simpatizantes y activistas en protestas pacíficas en el Capitolio de EE.UU.

Hace dos semanas el Reverendo William Barber se unió a pastores de Texas para llevar la Campaña por los Pobres al Capitolio de Texas. Y este fin de semana habrá una marcha de 30 millas al estilo de Selma, desde Georgetown a Austin, más de cuatro días bajo el sol de Texas, para protestar contra el plan nacional de los republicanos que permitiría a su partido, que ha perdido en ambas cámaras del Congreso y la Casa Blanca durante las dos elecciones pasadas, apropiarse del poder y fortalecer aún más la agenda partidista de unos pocos empoderados.

La Campaña por los Pobres planea marchas en todo el país en las próximas semanas para incrementar la presión a aquellos que se oponen al progreso, aquellos para los que “Libertad y Justicia para Todos” son solo palabras en un pergamino que ya no se adecúa a su estrecha visión para América. La próxima marcha tendrá lugar el lunes y martes en Washington D.C.

Más urgente que defender el derecho al voto es la resurgencia de una cepa aún más mortal de COVID-19 y la falta de voluntad de algunos por tomar acción. La Casa Blanca informó que entre Texas, Florida y Missouri tienen el 40 por ciento de los nuevos casos a nivel nacional. Mientras tanto, el gobernador pavea con otra Sesión Especial mientras la fiebre de COVID se vigoriza. Votar siempre ha sido un tema político. Otra cosa es hacer política con la subsistencia de la gente. Y otra cosa es jugar con la vida de la gente.

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