"Las leyes que prohíben portar armas... desarman solo a aquellos que no están inclinados ni determinados a cometer crímenes. Tales leyes perjudican al atacado y benefician al atacante; sirven para alentar en vez de prevenir el homicidio, porque el hombre desarmado puede ser atacado con mayor seguridad que el armado" Cesare Beccaria, en Crímenes y Castigos (1764)

En 1995, el entonces Senador Jerry Patterson fue autor de la medida SB 60 en un esfuerzo por crear el marco para el proceso de la licencia para portar armas ocultas (CHL) en Texas, como la conocemos hoy. En ese momento, Patterson fue vapuleado por los medios y muchos de mis colegas por promover una idea tan alocada y peligrosa como portar armas. Aún así, después de una larga batalla legislativa y repetidas arengas de "sangre en las calles", la SB 60 se convirtió en ley.

Hoy, adquirir una licencia CHL en Texas no es tan fácil. Los ciudadanos mayores de 21 años tienen por lo menos 10 horas de entrenamiento en clase, un examen escrito, un test práctico de tiro, y largas averiguación de antecedentes estatales y federales antes de poder adquirir la licencia de $140. Previsiblemente, cifras del Departamento de Seguridad Pública de Texas muestran que la persona promedio con licencia CHL es un ciudadano modelo. En 2011, los tejanos cometieron 63,679 crímenes a nivel estatal que descalifican para la licencia. Entre éstos, solo 120 fueron cometidos por portadores de CHL --eso es un 0.1884 por ciento.

¿Porqué entonces, como he preguntado a mis colegas, la Legislatura de Texas desarma a ciudadanos respetuosos de la ley en los predios universitarios? ¿Cómo podemos nosotros como servidores públicos justificar el negar a personas el derecho otorgado por Dios a la autoprotección --especialmente en lugares que los criminales han probado repetidamente que atacan a indefensos? Estas preguntas me llevaron a introducir la propuesta SB 182 ó Acta de Protección Personal en Universidades, que permitiría que profesores, personal, estudiantes y visitantes portadores de CHL puedan portar armas ocultas en todo centro de enseñanza superior público.

Las instituciones privadas también están incluídas en la SB 182, pero se les permite crear sus propias reglas o prohibiciones para considerar sus derechos de propiedad privada. La SB 182 mantiene las mismas prohibiciones que tienen las CHL fuera de universidades, asegurando que los portadores no pueden llevar armas a hospitales o centros médicos universitarios, centros de educación de jardín al 12º grado, centros deportivos o bares. La medida también indica el derecho de una institución a definir lineamientos para el depósito de armas en viviendas universitarias, y las instituciones reciben protección contra la responsabilidad legal en casos de uso legal o ilegal de un arma.

En este momento, la SB 182 está estancada en el Comité Senatorial de Justicia en lo Criminal y mi pedido de audiencia todavía no ha sido respondido. La medida compañera en la cámara baja, la HB 972 del Diputado Allen Fletcher (R-Cypress), fue aprobada por el Comité de Seguridad Pública de esa cámara el 11 de abril. A pesar de los mayores esfuerzos para sacar la propuesta del comité sin alteraciones, se enmendaron varios cambios funcionales a la medida. El Diputado Fletcher está comprometido a mejorar esos cambios durante el debate en el pleno de esa cámara el 4 de mayo.

Aunque la aprobación del Acta de Protección Personal en Universidades no es seguro, yo continuaré luchando por la medida y el derecho a la protección personal.

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