Si la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas no cancela la licitación que está llevando a cabo ni la posterga hasta que la Legislatura pueda entrar en acción, tres de los planes de salud infantil más grandes del estado, incluido el Plan de Salud Driscoll, podrían quedarse afuera del contrato anual de Medicaid del estado, que asciende a 9 mil millones de dólares. La decisión afectaría a 700,000 familias, mujeres embarazadas y menores en Texas. La comisión debería enfocarse en tomar la mejor decisión para los beneficiarios en lugar de seguir un proceso de licitación defectuoso que afecta a los planes de salud sin fines de lucro que hoy sirven a nuestras comunidades. Perder el plan de salud Driscoll con este contrato perjudicaría a la comunidad de Corpus Christi y la región del sur de Texas.

El plan Driscoll, que presta servicios a 23 condados del sur de Texas hace más de veinte años, funciona como una organización sin fines de lucro y tiene su oficina central y cúpula en Corpus Christi. A diferencia de las entidades con fines de lucro que están bajo consideración, Driscoll mantiene los puestos de trabajo en nuestras comunidades y orienta su financiación a las necesidades de los beneficiarios del plan. Excluir este plan del contrato interrumpiría el cuidado de la salud que reciben 180,000 mujeres y niños en nuestras comunidades y cortaría relaciones esenciales de atención con los prestadores. El Plan de Salud Driscoll calcula que gasta 1,200 millones de dólares anuales en el área de servicio. Una gran parte de estos recursos se quedan en la región, en lugar de irse en tarifas administrativas fuera del estado, como pasaría con las nuevas entidades.

El Plan Driscoll cumple un papel importante en satisfacer las necesidades de salud de nuestras comunidades, ya que garantiza que mujeres embarazadas y niños accedan a atención de subespecialidades. Esto ha sido indispensable para reducir la morbilidad y mortalidad materna, y mejorar los resultados médicos de los lactantes, gracias al financiamiento de 75 % de los especialistas en medicina materno-fetal en el sur de Texas, sumado a la prestación de recursos de salud mental infantil. A lo largo de los años que ha servido a la comunidad, el Plan Driscoll ha invertido más de 150 millones de dólares en ayudar a reducir costos de las unidades de cuidados intensivos neotales. Esta inversión financia la búsqueda y contratación de especialistas en medicina materno-fetal y el traslado aéreo de médicos en el sur de Texas, cinco días a la semana, para brindar servicios a sus pacientes.

No es realista esperar que el nivel de atención médica de la nueva empresa sea equivalente al del Plan Driscoll. La colaboración y el apoyo que se necesitan para crear confianza con los prestadores es algo que tarda años construirse. Se necesitan recursos y una inversión considerables para crear la infraestructura necesaria que permite lograr un rendimiento alto. El Plan Driscoll ya cuenta con todo esto. Una nueva entidad que nunca prestó servicios a nuestra comunidad tardaría años en establecer dicha infraestructura. Avanzar con la decisión de otorgar el contrato como está alteraría el cuidado de la salud de la población más vulnerable y, lo que es peor, representaría un retroceso en el tiempo.

El proceso de licitación que utiliza la comisión pasa por alto factores clave como la experiencia, el desempeño y el valor previo, si bien la comisión destaca al Plan Driscoll como una de las aseguradoras médicas con mejor desempeño. Las leyes actuales que rigen la solicitud de propuestas en la licitación están desactualizadas y se las debe modernizar para garantizar que el proceso sea justo y transparente. No se puede considerar que el proceso es "justo" si no considera el desempeño previo de las aseguradoras médicas existentes, sus resultados positivos, el grado de satisfacción elevado de pacientes y prestadores, las inversiones hechas, la innovación y la calidad; solo para que otras aseguradoras puedan competir mejor e ingresar en la región de servicio. No logro ver que este enfoque beneficie a nadie, excepto el bolsillo de las aseguradoras que ahora ganarán el contrato.

Como si fuera poco en este proceso de licitación defectuoso, con anterioridad este año, se informó que la comisión divulgó información a algunas de las aseguradoras antes de que comenzaran las presentaciones orales de los licitantes. Si bien divulgar información está permitido, la ley establece una excepción clara de no darla a conocer antes de que se otorgue el contrato. La comisión debería haber aplicado esa excepción para evitar que se percibiera una ventaja injusta que hiciera cuestionar aún más la imparcialidad del proceso.

Para abordar estos temas, la delegación legislativa del sur de Texas le recomendó a la comisión que elimine el límite a la cantidad de aseguradoras, para aumentar la competencia entre ellas en el estado. Este cambio favorecería a los beneficiarios de las aseguradoras y de Medicaid, los prestadores y las comunidades, ya que impediría las mencionadas interrupciones en el cuidado de la salud. Si, conforme a las leyes actuales de licitación, no se tiene la autoridad para hacer este cambio, le pido a la comisión que espere para finalizar el contrato a que la Legislatura de Texas brinde orientación en torno a este tema en la próxima sesión, que comienza en enero de 2025.

Los efectos entre las mujeres y los niños, la continuidad de su cuidado de la salud y los beneficios de nuestros planes de cuidado comunitarios sin fines de lucro son más importantes que una decisión a las apuradas que, en última instancia, conllevará a demandas judiciales, que le costarán más dinero al estado y a los contribuyentes. Postergar la decisión hasta que la Legislatura de Texas pueda brindar orientación garantizaría un proceso más fundamentado y transparente para mantener el acceso a la salud de calidad, por el bien de todas las personas de Texas.

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