La incautación civil de bienes es una de las prácticas más controversiales en el sistema de justicia en lo criminal de Estados Unidos. Incautación civil de bienes es un proceso por el que autoridades policiales locales, estatales y federales toman posesión y control de los bienes de una persona sin que haya ésta cometido un crimen.

Contraria a la acción legal contra una persona acusada de crimen, la incautación civil es un caso contra la propia propiedad. La propiedad es culpable hasta que prueba su inocencia, y es tomada por la agencia incautadora independientemente de si en el futuro hay una acusación de crimen contra la persona. Una vez que se incautan esos bienes, los costos legales asociados a recuperarlos suelen exceder el costo de la propiedad misma, ocasionando una gran carga para el propietario. Y como muchos procedimientos de incautación civil llevan un año o más, muchas incautaciones no son reclamadas.

En este momento, la ley estatal permite a la policía retener el 70% de los fondos incautados, y éstos pueden ser usados para cualquier propósito policial. Las agencias policiales de todo nivel que están sufriendo déficits presupuestarios tienen un incentivo en la dependencia de incautación civil de bienes para aumentar sus ingresos, financiar operaciones, comprar nuevos equipos y aumentar los salarios de empleados. Hasta han bloqueado caminos y parar vehículos bajo pretexto con el fin de registrarlos buscando efectivo u otra propiedad personal de valor. Estas leyes pueden alentar a agencias policiales a "buscar ganancia en su patrulla", y socavar los derechos de propiedad de personas inocentes.

Aunque la Legislatura de Texas ha aprobado medidas para reducir estas controversiales prácticas de la policía --como la renuncia de derechos en carretera o compra de artículos frívolos como máquinas de margaritas usando fondos incautados--se han reportado gastos en cosas de cuestionable valor. Por ejemplo, un condado grande de Texas mostró la compra de varios hornos microondas y un televisor LED de 42 pulgadas. Mediante incautación civil de bienes, se transfiere un promedio de $41.5 millones al año a los presupuestos de agencias policiales en Texas.

En Texas, la ley da al gobierno una carga de prueba muy baja en casos de incautaciones civiles. Para poder tomar posesión e incautar un bien, el gobierno solo tiene que demostrar una "preponderancia de evidencia" conectada con un supuesto crimen. El resultado de esto es que se depriva de sus bienes a tejanos sin un proceso debido o evidencia de delito.

Con leyes estatales que otorgan a la policía un fuerte incentivo para incautar bienes, una baja carga de prueba antes de incautar la propiedad de alguien, y débiles protecciones para los propietarios, no es sorprendente que las leyes de incautación civil en Texas reciban un puntaje "D" en "Policing for Profit", un informe a nivel nacional del Instituto de Justicia. De hecho, una encuesta a nivel estatal presentada esta semana por la Fundación de Políticas Públicas de Texas halló que el 88% de los votantes en Texas desean la protección de los derechos de propiedad ante policías y fiscales demasiado entusiastas que pueden tomar y retener dinero, propiedades y vehículos sin la existencia de una condena criminal.

Las leyes de incautación varían de estado a estado, y un creciente número de ellos requieren ahora una condena criminal antes de incautar propiedad. New Mexico, Montana y North Carolina requieren condena antes de poder incautar bienes.

En las sesiones pasadas, fui autor de legislación para aumentar la carga de prueba que el estado debe presentar --de "preponderancia de evidencia" a un estándar "claro y convincente". La mayor prueba legal puesta en el estado no interferiría con la capacidad de nuestras agencias policiales de hacer su trabajo, y protegería los derechos de propiedad de todos los tejanos.

En esta sesión, soy autor de la propuesta SB 156 como una importante protección a los derechos de propiedad y libertades civiles de los tejanos. Este crítico cambio en nuestro sistema de justicia en lo criminal protegerá mejor a los propietarios de Texas y parará las abusivas prácticas de incautación, permitiendo a la vez que el gobierno continúe reclamando bienes usados en actividades criminales.

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